Los diputados nacionales Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, junto a la legisladora Natalia Gracianía, pusieron en valor la inversión nacional y privada en la remodelación integral de la pista. Desde el espacio señalaron que la obra marca “un cambio de paradigma” en la infraestructura pública y contrastaron con la ejecución de obras a nivel local.

Río Grande.- La reapertura del aeropuerto de la ciudad, tras la finalización de las obras de remodelación integral de su pista, generó repercusiones en el ámbito político fueguino. Desde el espacio de La Libertad Avanza, los diputados nacionales Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, junto a la presidenta del bloque en la Legislatura provincial, Natalia Gracianía, celebraron la concreción de una obra considerada estratégica para la provincia.

En ese sentido, destacaron el rol del Gobierno nacional y la articulación con el sector privado como factores determinantes para llevar adelante la intervención, que demandó una inversión superior a los 34 millones de dólares. Según remarcaron, la renovación de la pista constituye un ejemplo concreto de cómo la coordinación entre el Estado y la iniciativa privada puede traducirse en infraestructura tangible y de impacto real.

“Esto demuestra que cuando hay orden, decisión y trabajo conjunto, las obras se hacen y se terminan”, señalaron desde el espacio político, en un mensaje que buscó resaltar la eficiencia en la ejecución del proyecto.

Sin embargo, el pronunciamiento también incluyó críticas hacia la gestión municipal. El diputado Rodríguez apuntó directamente contra la administración del intendente Martín Pérez, al cuestionar la falta de finalización de distintas obras en la ciudad.

“A diferencia de lo que hace el Gobierno nacional, donde lo que empieza se termina, en Río Grande hay obras que quedan a mitad de camino”, afirmó el legislador nacional, marcando un contraste entre los niveles de gestión.

Desde La Libertad Avanza subrayaron además que la reapertura del aeropuerto no solo mejora la conectividad aérea de la provincia, sino que también fortalece la seguridad operativa, incorpora tecnología de última generación y genera condiciones favorables para el desarrollo económico local.

Finalmente, sostuvieron que este tipo de inversiones reflejan un cambio de paradigma en la obra pública, donde —según indicaron— la transparencia, la eficiencia y la planificación comienzan a reemplazar prácticas asociadas a la improvisación y la falta de gestión.