El ministro del Superior Tribunal de Justicia analizó el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Planteó una mirada casuística, reclamó intervención interdisciplinaria y advirtió que Tierra del Fuego deberá redefinir su esquema procesal y su estructura judicial para afrontar el cambio. También puso en debate el rol de las provincias en la aplicación concreta del sistema penal juvenil.
Río Grande.- En el marco del debate abierto tras la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Ernesto “Nené” Löffler, fijó posición sobre uno de los aspectos más sensibles de la reforma: la edad de imputabilidad y, sobre todo, la forma en que debe aplicarse en la práctica.
Durante su participación en “La Mañana de la Tecno”, por Radio Universidad 93.5 MHz, el magistrado sostuvo que la discusión no puede reducirse a un número fijado en abstracto, sino que debe analizarse en función de cada caso concreto.
“Yo adhiero a una posición casuística. Me gusta resolver los conflictos teniendo en consideración cinco planos: el fáctico, el regulatorio, el axiológico, el lógico y el lingüístico”, explicó.
En esa línea, subrayó que el plano fáctico —es decir, las circunstancias reales del hecho— resulta determinante al momento de evaluar la responsabilidad penal de un menor.
“Me gustaría un sistema donde los jueces, con el aporte de psiquiatras, psicólogos y equipos interdisciplinarios, determinen en cada caso si el menor comprende o no la criminalidad del acto”, afirmó.
La edad como punto de partida, no como respuesta definitiva
Löffler planteó que la fijación de los 14 años como edad de imputabilidad responde a una decisión legislativa válida, pero insuficiente si no se acompaña con herramientas que permitan evaluar la madurez real del menor.
Recordó que, cuando se estableció históricamente el umbral en 16 años, el contexto social era muy distinto.
“Hace más de 30 años era muy difícil que un chico de 14 o 16 años alcanzara a comprender ciertas conductas. Hoy el nivel de información, de estímulo y de acceso a contenidos es completamente distinto”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que el nuevo escenario obliga a repensar los criterios tradicionales y avanzar hacia modelos más flexibles, apoyados en evaluaciones profesionales.
El rol de las provincias: el corazón del debate
Uno de los tramos más relevantes de la entrevista fue el análisis que hizo Löffler sobre la distribución de competencias entre Nación y provincias en materia penal juvenil.
El magistrado hizo referencia a la histórica Ley 22.278, sancionada en 1980, que durante décadas reguló el tratamiento penal de menores en la Argentina y que recientemente fue modificada a nivel nacional.
“Nosotros teníamos una ley del año 1980, que es la 22.278, que hoy se reformó, pero la reformó la Nación. Para mí, cada provincia debería establecer cómo quiere juzgar a sus menores”, planteó.
La definición no es menor. Löffler puso en discusión el alcance del federalismo penal y la autonomía provincial en la aplicación del derecho.
“La Nación dicta el código de fondo: tipifica delitos como homicidio, robo o estafa. Pero cómo se aplica esa legislación, cómo se juzga y dónde se aloja a las personas, es resorte de las provincias”, explicó.
Desde esa perspectiva, consideró que la baja de la edad de imputabilidad fijada por el Congreso constituye apenas un punto de partida.
“Está bien que la Nación fije en 14 años la edad de imputabilidad. Pero las provincias tienen que decir cómo”, insistió.
Un sistema que necesita reformas urgentes
A partir de ese diagnóstico, Löffler advirtió que Tierra del Fuego deberá revisar su esquema procesal actual para evitar conflictos jurídicos y garantizar el debido proceso.
Explicó que hoy el sistema de juzgamiento de menores en la provincia presenta particularidades que podrían volverse problemáticas frente al nuevo régimen.
Detalló que:
- La instrucción de los casos suele recaer en el juez de familia y minoridad.
- Las apelaciones son tratadas por la Cámara Civil.
- Y el juzgamiento final se realiza en un tribunal integrado por jueces penales y civiles.
Ese esquema, según explicó, puede generar situaciones incompatibles con principios constitucionales.
“Si un juez intervino en una etapa de instrucción, después no puede intervenir en el plenario”, señaló.
Este principio, vinculado al derecho al juez imparcial, ha sido consolidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y constituye una garantía esencial del debido proceso.
Por eso, el ministro consideró que será necesario avanzar en reformas legislativas y organizativas.
Facultades del Superior Tribunal y margen de acción
En ese contexto, Löffler recordó que el Superior Tribunal de Justicia tiene facultades para impulsar cambios normativos.
Indicó que, en materia de códigos de procedimiento, el Poder Judicial comparte competencia con la Legislatura provincial, mientras que en otros aspectos —como la creación de juzgados o tribunales— puede actuar con competencia exclusiva.
“Si vamos a crear un tribunal de menores para aplicar la nueva ley, es competencia exclusiva del Superior Tribunal de Justicia”, afirmó.
Más allá de la ley: una discusión estructural
El planteo de Löffler deja en evidencia que la baja de la edad de imputabilidad no es solo una reforma legal, sino un cambio estructural que impacta en todo el sistema judicial.
Obliga a repensar:
- Los criterios de imputabilidad.
- La intervención de equipos interdisciplinarios.
- La organización de los tribunales.
- Las garantías procesales.
- Y la articulación entre Nación y provincias.
Pero también abre una discusión de fondo sobre cómo debe responder el Estado frente a menores en conflicto con la ley penal.
En ese escenario, el magistrado evitó posiciones simplistas y propuso una mirada que combina rigor jurídico, análisis de contexto y respeto por las garantías constitucionales.
Para Löffler, el desafío no es solo juzgar, sino hacerlo bien.
Y en ese camino, la clave no está únicamente en la edad, sino en la capacidad real de comprender, en cada caso, el sentido y las consecuencias de los actos.
