La presidenta del bloque del Partido Verde, María Laura Colazo, fundamentó su voto a favor del proyecto impulsado por Jorge Lechman, al sostener que la crisis actual obliga a postergar el debate constitucional. Sus fundamentos fueron los más reflexivos de la sesión.

Ushuaia.- En una de las exposiciones más reflexivas de la sesión, la legisladora María Laura Colazo dejó en claro que su posicionamiento no responde a un rechazo de fondo a la reforma constitucional, sino a un cambio profundo en las condiciones en las que hoy se encuentra la provincia. Recordó que durante su primera gestión, en 2022, había acompañado la necesidad de abrir el debate constitucional, en un escenario socioeconómico muy distinto al actual, donde —según planteó— existían condiciones más favorables para discutir transformaciones institucionales.

En ese sentido, reafirmó que la Constitución puede y debe ser actualizada, incorporando nuevos temas y adecuándose a los tiempos, siempre con respeto por el trabajo de los convencionales constituyentes que le dieron origen. Sin embargo, marcó un punto de inflexión: la realidad actual obliga a replantear prioridades.

El impacto de la crisis en el empleo y la vida cotidiana

El núcleo de su argumentación estuvo atravesado por la situación económica y social de Tierra del Fuego, con especial énfasis en la caída del empleo industrial. Colazo expuso con precisión la magnitud del deterioro: de cerca de 11.800 trabajadores industriales registrados en 2023 se pasó a poco más de 6.600 en la actualidad, lo que implica una reducción a la mitad de los puestos de trabajo formales en el sector, sin contar suspensiones ni contratos no renovados.

Ese dato, lejos de ser aislado, fue presentado como el punto de partida de un efecto dominó que impacta en toda la economía. La legisladora describió cómo la crisis industrial repercute directamente en el comercio, con más de 500 despidos en el sector, cierres de locales, caída de la actividad inmobiliaria y una ciudad —en especial Río Grande— que evidencia signos visibles de retracción económica.

Pero más allá de los números, Colazo apeló a una dimensión humana del problema. Habló de la angustia, de la incertidumbre de las familias, de la dificultad para cubrir gastos básicos como alimentos, calefacción o educación, y de decisiones cotidianas que reflejan el deterioro, como el traslado de hijos de colegios privados a públicos por imposibilidad de sostener cuotas.

Una crisis estructural que redefine prioridades

La legisladora fue más allá de un diagnóstico sectorial y definió el momento actual como una crisis estructural que atraviesa a toda la provincia. En ese marco, incluyó problemáticas como la situación del gas, las deudas con empresas proveedoras, el estado de la obra social OSEF y la creciente demanda social que recae sobre el Estado.

Desde esa mirada integral, planteó que el debate sobre la reforma constitucional queda desplazado frente a la urgencia de resolver problemas inmediatos. “Tenemos que estar abocados a ver cómo resolvemos los problemas urgentes de las familias”, sostuvo, marcando una línea clara entre lo estructural de largo plazo y lo urgente del presente.

El uso de los recursos públicos en discusión

Otro de los ejes centrales de su intervención fue el cuestionamiento al destino de los recursos públicos. Colazo advirtió que la convocatoria a elecciones constituyentes implica una inversión significativa —en términos económicos, humanos y de tiempo— en un contexto donde esos recursos podrían destinarse a atender necesidades prioritarias.

En esa línea, planteó que la política debe asumir la responsabilidad de definir qué discusiones pueden esperar y cuáles no. Y en el escenario actual, consideró que avanzar con una reforma constitucional implicaría desatender las demandas más urgentes de la población.

Fundamento jurídico: la etapa preconstituyente

La legisladora también aportó un argumento jurídico que reforzó su posición. Señaló que, si bien la ley que declara la necesidad de reforma es una ley especial, existe doctrina que admite su revisión en la etapa preconstituyente, siempre que no se hayan producido efectos jurídicos relevantes, como la oficialización de candidaturas o el inicio efectivo del proceso electoral.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la Legislatura —como ámbito de representación política— tiene la facultad de revisar sus propias decisiones en función del contexto y de la realidad social.

Una definición política: reformar sí, pero no ahora

En el cierre de su intervención, Colazo sintetizó su postura con claridad: el Partido Verde no se opone a la reforma constitucional, pero considera que no es el momento adecuado para llevarla adelante. Se trata, según explicó, de una decisión que surge de escuchar a la sociedad y de interpretar las prioridades reales de la provincia.

“Las situaciones cambiaron, el contexto no es el mismo que en 2022”, afirmó, dejando en claro que su voto responde a una lectura actualizada de la realidad.

De este modo, su acompañamiento al proyecto de Jorge Lechman terminó consolidando una mayoría transversal en la Legislatura, donde distintas fuerzas políticas coincidieron en un punto central: la reforma constitucional puede ser necesaria, pero en este escenario, debe esperar.