La legisladora del Partido Justicialista desplegó una extensa defensa jurídica y política de la derogación de la Ley 1529. Afirmó que el poder preconstituyente sigue en manos de la Legislatura hasta la elección de convencionales constituyentes y advirtió que Tierra del Fuego atraviesa una crisis que obliga a priorizar las urgencias sociales por sobre una reforma institucional.

Ushuaia.- La legisladora provincial del Partido Justicialista, Victoria Vuoto, protagonizó una de las exposiciones jurídicas y políticas más extensas durante la sesión en la que la Legislatura insistió con la derogación de la Ley 1529, rechazando el veto impuesto por el gobernador Gustavo Melella.

En una intervención atravesada por fundamentos constitucionales, referencias doctrinarias y fuertes definiciones políticas, Vuoto sostuvo que el Ejecutivo incurre en un “grave error” al considerar que la Legislatura pierde disponibilidad sobre el proceso reformista una vez dictada la ley de necesidad de reforma y el decreto de convocatoria electoral.

“Esto no es una discusión de procedimiento o de formas. Es una discusión sobre facultades exclusivas reservadas por la Constitución y, en este caso, sobre el ejercicio concreto del poder preconstituyente”, afirmó.

La parlamentaria apuntó especialmente contra uno de los argumentos centrales del veto elaborado por la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno provincial, que sostiene que el procedimiento reformista deja de pertenecer al ámbito de disponibilidad política ordinaria de la Legislatura una vez habilitado el proceso constituyente.

“Eso es un enorme error”, sostuvo.

Según explicó, el poder preconstituyente sigue residiendo en el Poder Legislativo hasta tanto se abra efectivamente la etapa constituyente mediante la elección de convencionales.

“El poder constituyente va a estar en cabeza de la Legislatura hasta tanto se aperture la etapa constituyente. Y eso ocurre recién cuando están elegidos los convencionales constituyentes”, remarcó.

Vuoto sostuvo que el proceso constitucional tiene tres etapas claramente diferenciadas: la preconstituyente, la constituyente y la posterior etapa de promulgación y apropiación social de la nueva norma constitucional.

“Pensar que el ejercicio del poder preconstituyente se agota con el dictado de una ley implica sostener que entre esa ley y la elección de convencionales el poder queda en manos del Ejecutivo. Y eso, bajo ningún punto de vista, surge de nuestro sistema constitucional”, advirtió.

En otro tramo de su exposición, la legisladora del PJ marcó diferencias incluso con algunos de los argumentos esgrimidos por el legislador del MPF, Pablo Villegas.

Vuoto sostuvo que, si bien la Ley 1529 tiene forma de ley ordinaria, su naturaleza vinculada al ejercicio exclusivo del poder preconstituyente impide que el Poder Ejecutivo pueda vetarla.

“Así como el Ejecutivo no tiene iniciativa legislativa respecto de la reforma constitucional, tampoco tiene capacidad de veto sobre esta ley”, expresó.

Para sostener esa postura, citó doctrina constitucional y recordó antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculados al artículo 30 de la Constitución Nacional.

“En el caso Polino, el ministro Fayt entendió expresamente que no es admisible el veto presidencial en procesos de reforma constitucional”, explicó.

La legisladora también realizó un extenso repaso comparativo sobre las constituciones provinciales argentinas y aseguró que la enorme mayoría de las provincias no permiten el veto del Ejecutivo en materia de declaración de necesidad de reforma constitucional.

“De las 25 constituciones del país, 21 no permiten el veto”, señaló.

En otro tramo del debate, Vuoto sostuvo que la Legislatura conserva durante toda la etapa preconstituyente amplias facultades sobre el proceso reformista, incluyendo la posibilidad de modificar artículos, ampliar contenidos o incluso dejar sin efecto la reforma.

“Podemos modificar la convocatoria, ampliar artículos, suprimir artículos o también abrogar la necesidad de reforma”, afirmó.

Según indicó, el paso del tiempo y el cambio de circunstancias políticas, económicas e institucionales justifican plenamente la revisión de la Ley 1529.

“Han pasado dos años desde la sanción de la ley y las circunstancias de hecho que motivaron aquella decisión hoy nos obligan a revisarla nuevamente”, sostuvo.

La legisladora destacó además que la derogación fue aprobada con una mayoría legislativa “robusta”, incluso superior a la requerida constitucionalmente para declarar la necesidad de reforma.

“Con la misma robustez que la Constitución exigió para declarar la reforma, esta Legislatura decidió derogarla”, manifestó.

Vuoto también recordó que el Superior Tribunal de Justicia, al analizar la constitucionalidad del proceso reformista, había mencionado expresamente la existencia de proyectos legislativos orientados a revisar o modificar la Ley 1529.

“Si no hubiera sido posible derogar la reforma por ley, ¿ustedes creen que el Superior Tribunal habría hecho referencia a que la política tenía la oportunidad de resolver la cuestión?”, preguntó.

Otro de los ejes de su intervención estuvo centrado en cuestionar la oportunidad política de impulsar una reforma constitucional en el contexto actual de Tierra del Fuego.

“La gente está esperando que demos respuestas sobre el subsidio al gas envasado, sobre los despidos en las fábricas, sobre la salud y la educación”, expresó.

Vuoto consideró además que la provincia atraviesa una profunda crisis institucional y social que obliga a priorizar la reconstrucción de consensos políticos antes que avanzar con una Convención Constituyente.

“Hace dos años que tenemos afectada la confianza institucional y muchos conflictos entre poderes activados”, sostuvo.

En ese sentido, defendió la decisión de insistir con la derogación como una forma de “reparar y reconstruir” esa confianza.

“No es tiempo de reformas. Es tiempo de cerrar esta historia de heridas institucionales y convocarnos al diálogo”, afirmó.

La legisladora también cuestionó el contenido mismo de la propuesta de reforma impulsada por el oficialismo y sostuvo que gran parte de los artículos previstos estaban vinculados a relaciones institucionales y administrativas, pero no a las principales problemáticas sociales de la provincia.

“El 28% de los artículos estaban vinculados a la relación con los municipios, el 17% a instituciones y el 11% a empréstitos y operaciones financieras”, detalló.

Y agregó: “No había propuestas para discutir políticas de infancia, juventudes, adultos mayores, salud mental o discapacidad”.

Por ello, se preguntó: “¿En serio esos son los debates trascendentales que tenemos que dar mientras la gente reclama por el gas envasado o por los despidos en las fábricas?”.

Sobre el final, Vuoto hizo un llamado político a reconstruir consensos y cuestionó la falta de diálogo institucional del Ejecutivo provincial.

“Los consensos no se imponen, no se reclaman y no aparecen de arriba. Los consensos se construyen”, afirmó.

También pidió evitar las “chicanas” políticas y sostuvo que pensar distinto no implica desconocer la legitimidad democrática del gobernador.

“Que las iniciativas del oficialismo no generen consensos no significa que no respetemos la institucionalidad o el mandato del gobernador”, aclaró.

Finalmente, insistió en que muchos de los debates institucionales planteados por el oficialismo podrían abordarse sin necesidad de reformar la Constitución.

“Para trabajar en conjunto con los municipios o resolver problemas históricos no hace falta una reforma constitucional. Hace falta voluntad política para dialogar y generar consensos”, concluyó.