El Ejecutivo provincial cuestionó la resolución del Juzgado Electoral que dejó sin efecto el Decreto 751/26 y sostuvo que la presentación de una queja ante la Corte Suprema no suspendía el proceso. Planteó que la decisión genera incertidumbre institucional y pidió revertir la medida para continuar con la convocatoria electoral.

Ushuaia.- El Gobierno de Tierra del Fuego presentó la apelación contra el fallo del Juzgado Electoral Provincial que declaró la nulidad del Decreto Nº 751/26, mediante el cual el Ejecutivo había convocado a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto, en el marco del proceso de reforma constitucional.

La presentación del Ejecutivo busca revertir la resolución dictada por la jueza electoral Mariel Zanini y sostiene que la convocatoria se realizó conforme al escenario judicial vigente al momento de la firma del decreto.

Desde el Gobierno provincial consideran que el fallo afecta la continuidad de un proceso institucional iniciado a partir de la Ley Provincial Nº 1529, norma que declaró la necesidad de una reforma parcial de la Constitución fueguina y que posteriormente quedó atravesada por una disputa política y judicial.

El planteo sobre la queja ante la Corte Suprema

Uno de los principales argumentos de la apelación está relacionado con los efectos jurídicos de la presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según la postura del Ejecutivo, la existencia de una queja ante el máximo tribunal nacional no tenía efecto suspensivo sobre el proceso electoral y, por lo tanto, no impedía avanzar con la convocatoria a convencionales constituyentes.

El Gobierno sostiene que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego ya se había pronunciado sobre la cuestión de fondo al validar la Ley 1529, dejar sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendido el proceso y habilitar una nueva convocatoria.

Asimismo, plantea que al momento de dictarse el Decreto 751/26 no existía ninguna medida cautelar vigente ni resolución judicial que prohibiera avanzar con la elección.

La interpretación sobre el rol del Superior Tribunal

Otro de los puntos centrales del recurso presentado por el Ejecutivo provincial está vinculado con el alcance de la sentencia previa del Superior Tribunal de Justicia.

Desde la Provincia sostienen que el fallo del Juzgado Electoral realizó una interpretación que modificó los efectos de una decisión adoptada por el máximo órgano judicial fueguino.

En ese sentido, la apelación remarca que los pronunciamientos del Superior Tribunal constituyen jurisprudencia obligatoria para los tribunales inferiores de la provincia.

Para el Ejecutivo, permitir que una instancia inferior deje sin efecto práctico una resolución del máximo tribunal provincial podría generar un conflicto respecto del funcionamiento del sistema judicial y la jerarquía de sus decisiones.

El Gobierno advierte sobre el impacto institucional

En la presentación también se plantea que la nulidad del decreto afecta un proceso electoral que —según la posición oficial— ya se encontraba en marcha y genera incertidumbre sobre los pasos institucionales futuros.

El Ejecutivo sostiene que aceptar que una presentación pendiente ante la Corte Suprema paralice automáticamente decisiones adoptadas en la provincia podría afectar la previsibilidad jurídica de otros procesos.

Por ese motivo, solicitó que la instancia judicial correspondiente intervenga y revise la resolución del Juzgado Electoral, con el objetivo de permitir la continuidad de la convocatoria electoral.

Una reforma atravesada por la disputa política y judicial

La apelación se suma a un escenario institucional complejo en torno a la reforma constitucional.

Mientras el Gobierno provincial defiende la continuidad del proceso iniciado con la Ley 1529, distintos sectores políticos cuestionan la vigencia de la convocatoria luego de que la Legislatura resolviera avanzar con la derogación de la norma y posteriormente insistiera tras el veto del Ejecutivo.

De esta manera, la discusión por la reforma dejó de estar centrada únicamente en su contenido y pasó a transformarse en un debate sobre competencias institucionales, alcances de las decisiones judiciales y facultades de los distintos poderes del Estado.