El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, difundió una carta abierta luego de la denuncia penal presentada por el presidente del Concejo Deliberante, Matías Rodríguez Ojeda. Aseguró tener “absoluta tranquilidad” respecto de sus actos y sostuvo que será la Justicia la que determine las responsabilidades. En el plano institucional, afirmó que las obligaciones por aportes de los trabajadores del Concejo corresponden al cuerpo deliberativo y remarcó que el Ejecutivo propuso incluirlas en un acuerdo integral con OSEF. También cuestionó que la presentación judicial se produzca mientras continúa abierta una mesa de negociación entre las partes.
Tolhuin, 30 de septiembre de 2026.- El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, respondió públicamente a la denuncia penal presentada en su contra por el presidente del Concejo Deliberante, Matías Rodríguez Ojeda, y planteó su posición respecto del conflicto financiero e institucional que mantienen el Ejecutivo y el cuerpo deliberativo.
Rodríguez presentó este martes una denuncia penal contra Harrington por presunta retención de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. El titular del Concejo sostiene que existen recursos que el Ejecutivo debía transferir al órgano legislativo y cifró la deuda reclamada en alrededor de $1.100 millones.
A través de una carta abierta dirigida a los vecinos de Tierra del Fuego, Harrington adelantó que no discutirá judicialmente el caso mediante declaraciones públicas.
“Tengo absoluta tranquilidad respecto de mis actos y serán mis abogados quienes respondan donde corresponda”.
Sin embargo, sostuvo que como Intendente tiene la responsabilidad de explicar la situación institucional que rodea a la denuncia.
Harrington separó la deuda del Concejo de las transferencias municipales
Uno de los principales argumentos expuestos por el Jefe comunal consiste en diferenciar dos aspectos del conflicto.
Por un lado, Harrington sostiene que las obligaciones correspondientes a los aportes y contribuciones de los trabajadores del Concejo Deliberante son responsabilidad del propio cuerpo.
Por otro, reconoce la existencia de una controversia diferente respecto de las transferencias presupuestarias que el Ejecutivo debe realizar al Concejo.
“Una cosa es discutir cuánto debe transferir el Ejecutivo al Concejo y otra muy distinta es quién tiene la obligación de ingresar los aportes y contribuciones de sus trabajadores a los organismos correspondientes”.
La posición contrasta con la planteada por Rodríguez, quien atribuye el incumplimiento del Concejo frente a los organismos de seguridad social a fondos que, según afirma, el Municipio debía previamente transferir al cuerpo deliberativo.
El Municipio propone asumir las obligaciones dentro de un acuerdo
Harrington recordó que representantes del Ejecutivo, del Concejo Deliberante y de OSEF participaron recientemente de una reunión destinada a encontrar una salida a las obligaciones pendientes.
La existencia de esa instancia está confirmada públicamente: las tres partes se reunieron y acordaron continuar el trabajo mediante una mesa técnica prevista para el próximo 13 de octubre, con la intención de avanzar hacia un convenio.
El Intendente sostuvo que, aun considerando que parte de las obligaciones corresponden al Concejo, el Municipio propuso incorporarlas al acuerdo y asumir el plan de pago para alcanzar una solución integral.
“No sería la primera vez que lo hacemos”, afirmó Harrington, quien aseguró que este sería el tercer convenio en el que el Ejecutivo asume también obligaciones correspondientes al cuerpo deliberativo.
“Mientras estamos intentando resolver institucionalmente obligaciones que corresponden al Concejo, se presenta una denuncia contra el Intendente intentando responsabilizarlo por esas mismas obligaciones”.
La propuesta municipal de incorporar las obligaciones del Concejo dentro del convenio con OSEF había sido informada públicamente antes de la denuncia.
Aseguró que el Municipio transfirió más de $2.000 millones
Otro de los datos incorporados por Harrington en su respuesta es el monto que, según afirmó, el Ejecutivo ya transfirió al Concejo Deliberante durante el período en discusión.
El Intendente sostuvo que fueron girados más de $2.000 millones y rechazó que se presente al Municipio como un Ejecutivo que simplemente retiene fondos.
“No acepto que se pretenda instalar públicamente la imagen de un Ejecutivo que simplemente retiene recursos o abandona sus responsabilidades sin explicar el conjunto de la relación financiera entre ambas instituciones”.
El monto de más de $2.000 millones corresponde a lo afirmado por Harrington en su carta; la documentación respaldatoria de esa cifra no fue incluida en el texto difundido.
Un inmueble y una nueva sede de OSEF en Tolhuin
El mandatario recordó además que la propuesta presentada por el Municipio contempla la transferencia de un inmueble y la construcción de una dependencia propia para OSEF en Tolhuin, que incluiría farmacia y espacios destinados a la atención de afiliados.
Ese proyecto formó parte de las negociaciones mantenidas con la obra social y fue informado públicamente después del encuentro entre OSEF, el Municipio y el Concejo Deliberante.
Según Harrington, el Ejecutivo presentó documentación técnica, planos, cálculos financieros y plazos estimados para que la alternativa sea evaluada.
Cuestionó el momento de la denuncia
La parte de mayor contenido político de la carta aparece cuando Harrington analiza el momento elegido para efectuar la presentación judicial.
El Intendente sostuvo que la denuncia se produjo cuando la negociación institucional todavía permanece abierta y consideró que la decisión genera tensión sobre ese espacio.
“Tengo derecho a señalar que esta decisión tensiona seriamente una mesa de negociación que todavía está en marcha”.
También vinculó temporalmente el conflicto con el comienzo de las discusiones políticas y electorales en Tierra del Fuego, aunque aclaró expresamente que no atribuirá intenciones que no pueda demostrar.
“No voy a atribuir intenciones que no puedo demostrar. Pero tampoco voy a ser ingenuo frente al contexto en el que estas acciones se producen”.
Harrington advirtió sobre el riesgo de que una controversia que estaba siendo abordada institucionalmente pase simultáneamente a los terrenos judicial, político y mediático.
“Yo no voy a levantarme”
Pese al enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y el Concejo, Harrington aseguró que continuará participando de las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo con OSEF.
“Yo no voy a levantarme. No voy a utilizar esta denuncia como excusa para abandonar una negociación. No voy a dejar de buscar una solución porque exista una disputa política”.
El Intendente insistió en que la causa deberá continuar por los canales judiciales correspondientes, mientras que el Ejecutivo mantendrá abierta la instancia institucional.
“La Justicia analizará la denuncia y mis abogados harán allí lo que corresponda”, expresó.
Y cerró su carta con una definición sobre el conflicto que atraviesan actualmente las instituciones de Tolhuin: “Las diferencias políticas pasan. Las instituciones quedan. Y Tolhuin necesita que quienes tenemos responsabilidades públicas sepamos distinguir una cosa de la otra”.
De esta manera, la denuncia presentada por Rodríguez Ojeda abrió un nuevo capítulo en una disputa que hasta ahora había tenido como escenario principal la discusión presupuestaria y financiera entre el Municipio y el Concejo Deliberante, pero que desde esta semana también deberá transitar por el ámbito judicial.
