La International Dockworkers Council (IDC), organización internacional de trabajadores portuarios y estibadores, reclamó este miércoles “el retorno inmediato” del Puerto de Ushuaia a la administración de Tierra del Fuego y la reincorporación a sus tareas habituales de aproximadamente 140 trabajadores que, según la entidad, fueron desplazados tras la intervención nacional. También exigió una auditoría independiente y transparente de la gestión y anunció que representantes de organizaciones vinculadas a la IDC llegarán a la provincia durante la última semana de octubre. “Un puerto no puede ser utilizado como escenario de disputas institucionales mientras sus trabajadores permanecen en una situación de incertidumbre”, advirtió.
Ushuaia, 7 de octubre de 2026.- El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia sumó este miércoles un pronunciamiento internacional. La International Dockworkers Council (IDC) expresó públicamente su respaldo a los trabajadores portuarios y reclamó que la terminal vuelva a estar bajo administración de la Provincia de Tierra del Fuego.
En un comunicado fechado este 7 de octubre, la organización internacional manifestó además su solidaridad con las entidades sindicales que vienen interviniendo en el conflicto y planteó una serie de exigencias vinculadas con la situación laboral, la administración del puerto y el manejo de los recursos durante el período de intervención.
La IDC señaló haber recibido información de sus organizaciones afiliadas en Argentina acerca de las consecuencias derivadas de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional en enero de este año.
Según la información recibida por la organización, alrededor de 140 trabajadores habrían sido desplazados de sus tareas habituales, mientras que otro personal fue incorporado o trasladado desde diferentes puertos y jurisdicciones.
“El Puerto de Ushuaia debe volver a la Provincia”
La posición de la IDC es explícita respecto del futuro de la terminal portuaria.
La organización consideró necesario que concluya el proceso de intervención y que la administración regrese a manos de Tierra del Fuego, respetando el marco jurídico correspondiente y los derechos laborales.
“Las diferencias entre administraciones, organismos públicos o niveles de gobierno no pueden convertirse en una excusa para poner en riesgo los puestos de trabajo ni para debilitar la representación colectiva de los trabajadores portuarios”, expresó.
Y agregó una de las definiciones más fuertes del documento: “Un puerto no puede ser utilizado como escenario de disputas institucionales mientras sus trabajadores permanecen en una situación de incertidumbre”.
Para la organización, el Puerto de Ushuaia debe encontrarse “al servicio de la comunidad, de la actividad marítima y, sobre todo, de los trabajadores que lo hacen funcionar”.
Reclamo por unos 140 trabajadores
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento está relacionado con la situación laboral dentro del puerto.
La IDC reclamó la reincorporación inmediata a sus funciones habituales de aproximadamente 140 trabajadores que, de acuerdo con la información recibida por la entidad, fueron desplazados durante el período de intervención.
El planteo incluye que se garanticen salarios, seguridad social, derechos laborales y representación sindical.
“Los trabajadores no son responsables de las decisiones administrativas adoptadas durante estos meses”, sostuvo la organización.
“No deben ser ellos quienes paguen las consecuencias de una situación institucional cuya resolución corresponde a las autoridades”, agregó.
Reclaman una auditoría independiente de la intervención
El comunicado incorpora además un planteo referido a la administración económica del Puerto de Ushuaia.
La organización internacional consideró “imprescindible” realizar una auditoría completa, independiente y transparente sobre la gestión desarrollada durante el período de intervención.
Según detalla el documento, la auditoría debería alcanzar los ingresos producidos por la actividad portuaria, las cuentas bancarias utilizadas para administrar esos recursos, eventuales transferencias a otras jurisdicciones, contratos, licitaciones, procedimientos de adquisición, incorporación de personal, pagos y gastos.
También plantea verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas correspondientes.
La IDC aclaró que, ante la existencia de denuncias, dudas o eventuales irregularidades, deberán ser los organismos competentes quienes investiguen y determinen, si corresponde, posibles responsabilidades. “Transparencia para todos. Impunidad para nadie”, sintetizó el organismo.
Una infraestructura estratégica y puerta hacia la Antártida
El pronunciamiento dedica también un apartado a la relevancia geopolítica y económica de la terminal fueguina.
La IDC definió al Puerto de Ushuaia como “una infraestructura estratégica para Argentina, para la Provincia de Tierra del Fuego y para toda la actividad marítima internacional”.
Destacó particularmente su posición geográfica y su importancia como puerta hacia la Antártida y como uno de los principales puntos regionales de recepción de cruceros internacionales.
La dimensión estratégica del puerto aparece así incorporada al planteo internacional junto con las demandas laborales y administrativas.
Representantes internacionales llegarán a Tierra del Fuego
El documento anticipa además un nuevo capítulo del conflicto para finales de octubre.
La IDC anunció que durante la última semana de este mes representantes de organizaciones vinculadas a la entidad participarán de actividades y reuniones en Tierra del Fuego.
La agenda contempla encuentros con autoridades provinciales con el propósito, según el comunicado, de interiorizarse directamente sobre la situación y expresar respaldo a los trabajadores.
La organización aseguró que continuará siguiendo la evolución del conflicto y mantendrá abiertos canales de diálogo en procura de una solución.
Seis planteos para una “solución inmediata”
En la parte final del pronunciamiento, la International Dockworkers Council condensó su posición en seis reclamos.
La organización exige el retorno del Puerto de Ushuaia a la administración provincial; la reincorporación de aproximadamente 140 trabajadores a sus tareas habituales; el respeto de los derechos laborales, sindicales y de representación colectiva; y una auditoría independiente de la gestión económica y administrativa desarrollada durante la intervención.
También plantea que cualquier eventual irregularidad sea investigada y que se determinen las responsabilidades correspondientes si las hubiera, además de reclamar garantías para que los recursos generados por el puerto sean administrados de acuerdo con la legislación y sometidos a los controles públicos pertinentes.
La IDC advierte que podría evaluar nuevas medidas internacionales
Finalmente, la entidad hizo un llamado a las partes involucradas para encontrar una salida antes de que el conflicto alcance una dimensión mayor.
“La comunidad internacional de trabajadores portuarios estará atenta a lo que ocurra en Ushuaia”, advirtió.
El documento anticipa que, en caso de no alcanzarse una solución que la organización considere satisfactoria, la IDC evaluará junto con sus entidades afiliadas “nuevas medidas internacionales de solidaridad y acción sindical”, sujetas a las decisiones colectivas de sus organizaciones.
El pronunciamiento concluye con una definición que sintetiza la posición asumida por la entidad internacional frente al conflicto fueguino:
“Porque un puerto no es solamente una infraestructura. Un puerto son sus trabajadores”.
