El referente de la Unión Malvinizadora Argentina (UMA), Luciano Moreno Calderón, presentó nuevamente ante la Legislatura de Tierra del Fuego una iniciativa destinada a impulsar la denominada “Denuncia Fueguina por la Pesca Ilegal en Malvinas”. El proyecto, ingresado originalmente en 2020 y reiterado en 2025, propone conformar un comité interdisciplinario de especialistas para cuantificar los daños ambientales y económicos derivados de la explotación pesquera bajo administración británica, determinar eventuales responsabilidades y elaborar una estrategia jurídica provincial, nacional e internacional. También plantea aplicar sanciones a empresas vinculadas con estas actividades y destinar los recursos obtenidos al desarrollo de una empresa pesquera provincial o patagónica.
Río Grande, 13 de octubre de 2026.- El referente de la Unión Malvinizadora Argentina (UMA), Luciano Moreno Calderón, volvió a solicitar formalmente a la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que incorpore a su labor parlamentaria y otorgue tratamiento al proyecto de creación de un Comité de Especialistas para la cuantificación del daño ambiental y económico derivado de la pesca ilegal en Malvinas.
La presentación fue dirigida a la presidente de la Legislatura provincial, Mónica Urquiza, con el propósito de que el pedido sea puesto en conocimiento de la totalidad de los legisladores y se retome el debate de una iniciativa que registra antecedentes parlamentarios desde hace seis años.
Según recordó Moreno Calderón en su escrito, el proyecto fue presentado originalmente en 2020 bajo el Asunto N.º 379/2020 y reiterado durante 2025 mediante el Asunto Particular N.º 020/2025.
La nueva presentación insiste en la necesidad de avanzar con una herramienta institucional que permita determinar los perjuicios ocasionados por la explotación de los recursos pesqueros en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas, bajo administración británica, y establecer mecanismos jurídicos para reclamar eventuales compensaciones económicas.
Un comité interdisciplinario para cuantificar los daños
El eje central de la propuesta consiste en la creación, mediante una ley provincial, de un Comité de Especialistas de carácter interdisciplinario y temporal.
Este organismo tendría la responsabilidad de desarrollar estudios técnicos, científicos, económicos y ambientales destinados a establecer el impacto que, según sostiene el impulsor del proyecto, genera la actividad pesquera realizada sin autorización argentina en las aguas circundantes al archipiélago.
La iniciativa contempla la participación de especialistas en distintas disciplinas, con el objetivo de reunir información que permita fundamentar futuras acciones administrativas y judiciales.
Entre las tareas previstas se encuentra la determinación de los perjuicios económicos derivados de la explotación de los recursos pesqueros, incluyendo conceptos como lucro cesante y pérdida de oportunidad económica.
Moreno Calderón propone que, a partir de esos estudios, se evalúen acciones contra el Reino Unido y, de manera solidaria o subsidiaria según corresponda, contra empresas extranjeras que operan en las áreas cuestionadas sin contar con las autorizaciones argentinas.
Para fundamentar este planteo, la presentación hace referencia al artículo 3 de la Ley Nacional de Pesca N.º 24.922, que establece aspectos relacionados con el dominio y la jurisdicción sobre los recursos vivos marinos.
La aplicación de sanciones a empresas vinculadas con la explotación pesquera
Otro de los puntos centrales del proyecto es la utilización de los mecanismos contemplados en la Ley Nacional N.º 26.386, vinculada con el régimen de permisos pesqueros y las restricciones aplicables a determinadas actividades desarrolladas en jurisdicción argentina.
La propuesta plantea identificar a empresas que, aun contando con autorizaciones pesqueras nacionales, mantengan vinculaciones societarias con firmas que desarrollan actividades en las aguas de Malvinas bajo licencias británicas.
A partir de esa identificación, el comité debería estudiar las posibilidades de promover las sanciones y acciones correspondientes, de acuerdo con la legislación aplicable.
El objetivo, según los fundamentos presentados, es que las medidas no se limiten a las embarcaciones que realizan directamente las capturas, sino que también permitan examinar las estructuras empresariales relacionadas con esas operaciones.
El documento sostiene que una estrategia de estas características podría generar consecuencias económicas y jurídicas para las compañías involucradas.
Proponen destinar los recursos obtenidos a una empresa pesquera provincial o patagónica
La iniciativa también incorpora una propuesta relacionada con el aprovechamiento de los recursos que eventualmente pudieran obtenerse mediante la aplicación de sanciones.
Moreno Calderón plantea que los fondos provenientes de multas y otras penalidades, así como los bienes que pudieran quedar sujetos a medidas legales, sean destinados a promover una empresa pesquera de alcance provincial o patagónico.
La finalidad sería desarrollar una actividad productiva orientada al aprovechamiento de los recursos marítimos y facilitar el acceso de la población a alimentos provenientes del mar.
De esta manera, el proyecto vincula la defensa de los derechos soberanos con una propuesta de desarrollo económico y alimentario regional.
Su instrumentación requeriría definir los mecanismos jurídicos, administrativos y financieros correspondientes, así como las competencias de los distintos organismos involucrados.
La protección del ecosistema marino y los recursos migratorios
En los fundamentos de la presentación, Moreno Calderón sostiene que la explotación pesquera en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas tiene consecuencias que deben analizarse desde una perspectiva ambiental integral.
El documento señala que los recursos pesqueros migratorios forman parte de un ecosistema compartido y que las actividades desarrolladas más allá de las 12 millas marítimas pueden producir efectos sobre otras áreas del litoral provincial.
En ese sentido, el impulsor de la iniciativa considera necesario evaluar científicamente las consecuencias de la explotación pesquera sobre las poblaciones de especies comerciales y sobre el equilibrio del ecosistema del Atlántico Sur.
Como ejemplo, menciona la situación del calamar loligo y la contracción de sus capturas, fenómeno que, a su entender, debe ser considerado dentro de una evaluación más amplia del impacto ambiental.
La propuesta sostiene que Tierra del Fuego tiene responsabilidades vinculadas con la preservación de su ambiente y de sus recursos naturales, por lo que considera necesario contar con información técnica que permita dimensionar los posibles perjuicios.
Una estrategia jurídica provincial, nacional e internacional
Uno de los aspectos más relevantes del planteo es la intención de que el futuro comité no se limite a elaborar diagnósticos, sino que también contribuya a diseñar una estrategia jurídica.
Moreno Calderón propone reunir antecedentes científicos, económicos y legales que permitan evaluar la presentación de denuncias y reclamos ante las instancias competentes, tanto en la Argentina como en el ámbito internacional.
La propuesta busca establecer una base documental que permita determinar responsabilidades, cuantificar perjuicios y estudiar las vías disponibles para reclamar reparaciones.
En ese marco, el documento sostiene que la conformación de un cuerpo técnico especializado permitiría trasladar los reclamos sobre la explotación de los recursos pesqueros al terreno de las actuaciones jurídicas concretas.
La posibilidad de avanzar con esas acciones dependería de la competencia de los organismos involucrados, de la normativa aplicable y de la evaluación de los mecanismos jurisdiccionales disponibles.
Los especialistas mencionados como respaldo de la iniciativa
En su presentación, Moreno Calderón también recordó los antecedentes académicos y legislativos vinculados con el proyecto.
Según expresó, la necesidad de avanzar con una herramienta de estas características ha contado con aportes técnicos y jurídicos de distintos especialistas en la cuestión Malvinas y en la defensa de los recursos del Atlántico Sur.
Entre ellos mencionó al doctor César Lerena, al jurista Eduardo Barcesat, al exvicecanciller Roberto García Moritán, al magíster Carlos A. Biangardi Delgado y a Walter Castro, de SANAM.
El referente de la UMA sostuvo que las ponencias y contribuciones de estos especialistas forman parte de los antecedentes acompañados en las presentaciones realizadas ante la Legislatura provincial.
Consideró que esos aportes permiten fundamentar la necesidad de profundizar el estudio de las consecuencias económicas y ambientales de la explotación pesquera en el área de Malvinas.
Un reclamo que se mantiene desde 2020
La nueva presentación pone de manifiesto la continuidad de una iniciativa que Moreno Calderón viene impulsando desde hace seis años.
El referente de la Unión Malvinizadora Argentina recordó que el proyecto ya fue ingresado en dos oportunidades anteriores y solicitó que esta vez sea incorporado al debate parlamentario.
En su escrito, reclamó que la Legislatura arbitre los medios necesarios para retomar el tratamiento de la propuesta y avanzar con una ley que permita institucionalizar los estudios y la elaboración de una estrategia jurídica.
El objetivo es que la provincia disponga de herramientas técnicas para evaluar los perjuicios ambientales y económicos vinculados con la actividad pesquera en las aguas circundantes a Malvinas y determine las acciones que correspondan dentro de sus competencias.
Finalmente, Moreno Calderón insistió en la necesidad de transformar los reclamos de soberanía en iniciativas concretas de gestión estatal.
La decisión de incorporar el proyecto a la labor parlamentaria y avanzar con su eventual tratamiento quedará ahora en manos de la Legislatura provincial, que deberá evaluar los fundamentos, alcances y mecanismos de implementación propuestos.
