En una conferencia realizada en el Museo Municipal “Virginia Choquintel” de Río Grande, el especialista en pesca y Atlántico Sur, Dr. César Augusto Lerena, y el Veterano de Guerra de Malvinas Daniel Guzmán expusieron sobre las consecuencias económicas, ambientales y estratégicas de la explotación de los recursos pesqueros bajo licencias británicas. Los disertantes destacaron la presentación de una demanda judicial contra empresas y otros actores vinculados con estas operaciones, y cuestionaron la distribución de los recursos pesqueros nacionales. Lerena propuso revisar el régimen federal de pesca, fortalecer las atribuciones provinciales y adoptar medidas concretas para ejercer los derechos argentinos sobre el Atlántico Sur. La actividad contó con la presencia del intendente Martín Pérez, funcionarios municipales, representantes legislativos y veteranos de guerra.

Río Grande, 14 de octubre de 2026.- La pesca ilegal, la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur y las consecuencias económicas de la ocupación británica de las Islas Malvinas fueron los ejes de una conferencia desarrollada en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”, con el acompañamiento de la Municipalidad de Río Grande.

La actividad, denominada “La pesca ilegal y Tierra del Fuego”, tuvo como principales expositores al Dr. César Augusto Lerena, especialista en asuntos pesqueros y del Atlántico Sur, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana y titular de la Fundación Agustina Lerena, y al Veterano de Guerra de Malvinas Daniel Guzmán, referente de Agenda Malvinas.

El encuentro contó con la presencia del intendente Martín Pérez junto a los secretarios del Gabinete municipal Gastón Díaz (Gobierno); Agustín Pérez (Salud); Ivana Ybars (Género y Desarrollo Comunitario); Valeria Capotorto y Facundo Armas (Desarrollo Productivo).

Asimismo, la Legisladora Provincial María Laura Colazo y el presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, Alberto Ante.

Durante las exposiciones se analizaron aspectos jurídicos, económicos, ambientales y geopolíticos de la actividad pesquera en el Atlántico Sur, con especial atención a las consecuencias que tiene para Tierra del Fuego la explotación de recursos en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

 

Daniel Guzmán: la explotación pesquera y sus consecuencias para la soberanía

 

El Veterano de Guerra Daniel Guzmán abrió su intervención destacando la importancia de abordar la cuestión Malvinas desde una perspectiva que contemple no solamente la ocupación territorial, sino también el aprovechamiento económico de los recursos naturales.

El referente de Agenda Malvinas señaló que la explotación pesquera constituye uno de los principales mecanismos económicos vinculados con el sostenimiento de la administración británica en el archipiélago.

En ese sentido, mencionó que, según las estimaciones expuestas, aproximadamente 250.000 toneladas de recursos pesqueros son extraídas anualmente de las aguas vinculadas con Malvinas.

Guzmán consideró que esta situación representa una pérdida económica de gran magnitud para la Argentina y, particularmente, para Tierra del Fuego, provincia a la que pertenecen las islas conforme al ordenamiento territorial argentino.

Asimismo, vinculó la problemática pesquera con las iniciativas relacionadas con la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

El veterano sostuvo que las medidas destinadas a proteger los intereses argentinos deben contemplar ambas actividades, ya que forman parte de una misma discusión sobre la soberanía y el aprovechamiento de los recursos naturales.

 

Una demanda judicial contra empresas vinculadas con la explotación pesquera

 

Uno de los anuncios centrales de la conferencia estuvo relacionado con una presentación judicial impulsada por la Fundación Agustina Lerena, con el patrocinio y la participación de especialistas que vienen investigando las actividades pesqueras desarrolladas bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de Malvinas.

Daniel Guzmán destacó que el trabajo representa el resultado de varios años de recopilación de antecedentes e información sobre empresas vinculadas con estas operaciones.

Por su parte, César Lerena explicó que la demanda comprende a distintos actores que, según la investigación desarrollada, intervienen en la captura, financiación, construcción de embarcaciones, aseguramiento y comercialización de los recursos pesqueros.

Entre los sectores mencionados figuran empresas pesqueras españolas, entidades financieras, astilleros, compañías aseguradoras y otras sociedades relacionadas con las operaciones.

El especialista señaló que la presentación también contempla a personas físicas y jurídicas vinculadas con las compañías investigadas.

Según explicó, el trabajo identifica empresas, responsables, domicilios y antecedentes comerciales, con el propósito de aportar elementos concretos para el análisis judicial.

Lerena indicó que la demanda incluye reclamos por daños ambientales y económicos, además de solicitudes de medidas cautelares vinculadas con las actividades cuestionadas.

Se trata de planteos formulados por los impulsores de la acción, cuya procedencia deberá ser determinada por la Justicia.

 

El perjuicio económico de la explotación de los recursos

Durante su exposición, Lerena presentó estimaciones sobre el volumen de recursos extraídos y su valor económico acumulado.

Según los datos expuestos por el especialista, la investigación identificó aproximadamente 4,1 millones de toneladas de recursos pesqueros vinculados con las operaciones examinadas.

El disertante sostuvo que el valor económico de estas capturas alcanzaría cifras multimillonarias y mencionó una estimación cercana a los 26.000 millones de dólares, a la que agregó otros conceptos relacionados con derechos, tributos y perjuicios derivados de las operaciones.

Estas cifras forman parte de las estimaciones presentadas por los impulsores de la demanda y no constituyen montos judicialmente establecidos.

Lerena también cuestionó que empresas de países que reconocen diplomáticamente el reclamo argentino de soberanía desarrollen actividades comerciales mediante licencias otorgadas por las autoridades británicas del archipiélago.

En particular, se refirió a la participación de compañías españolas y a las contradicciones que, a su entender, existen entre el respaldo diplomático a la posición argentina y las operaciones económicas de determinadas empresas.

 

Tierra del Fuego y la distribución de los recursos pesqueros

 

Uno de los capítulos más importantes de la conferencia estuvo dedicado a la situación de Tierra del Fuego dentro del régimen pesquero nacional.

Lerena cuestionó la distribución de las capturas y los desembarques entre las provincias con litoral marítimo, al considerar que Tierra del Fuego recibe una participación reducida en relación con su ubicación geográfica y su importancia estratégica.

Según los datos mencionados durante la exposición, los desembarques pesqueros registrados en Ushuaia durante 2025 rondaron las 25.400 toneladas.

El especialista sostuvo que esa cifra representa aproximadamente el 3% de los desembarques nacionales y señaló que la actividad provincial registró una disminución respecto de años anteriores.

También recordó que en 2009 los desembarques en Tierra del Fuego alcanzaban aproximadamente las 90.000 toneladas, dato que utilizó para ilustrar el retroceso que, según su análisis, experimentó la actividad.

En ese contexto, cuestionó que provincias como Buenos Aires y Chubut concentren una proporción considerablemente mayor de los desembarques.

Para Lerena, esta situación obliga a revisar los criterios utilizados para distribuir las oportunidades de explotación de los recursos pesqueros nacionales.

El especialista consideró que Tierra del Fuego debería contar con mayores posibilidades de desarrollar una industria pesquera propia, con procesamiento en tierra y generación de empleo local.

 

La necesidad de agregar valor y generar trabajo en la provincia

 

Lerena también se refirió al potencial de la actividad pesquera como generadora de puestos de trabajo.

Explicó que el procesamiento de productos del mar requiere una importante participación de mano de obra, especialmente en las tareas de preparación, clasificación y elaboración.

En ese sentido, planteó que una política pesquera orientada al desarrollo regional debería contemplar no solamente la captura de recursos, sino también su industrialización dentro de las provincias productoras.

El especialista mencionó particularmente el caso de la merluza negra, uno de los productos de alto valor comercial vinculados con las operaciones pesqueras en el extremo austral.

Según explicó, parte de las capturas desembarcadas recibe un procesamiento limitado antes de ser destinada a mercados internacionales, lo que restringe las oportunidades de incorporar mayor valor agregado en la provincia.

Desde esa perspectiva, sostuvo que una mayor participación fueguina en la actividad podría contribuir a diversificar la economía y ampliar las posibilidades de empleo.

 

Propuso revisar el régimen federal de pesca y las atribuciones provinciales

 

Otro de los ejes centrales de la conferencia fue la necesidad de discutir el marco normativo que regula la administración de los recursos pesqueros.

Lerena planteó revisar las disposiciones de la Ley Federal de Pesca, particularmente las relacionadas con la jurisdicción provincial sobre los recursos marítimos.

El especialista cuestionó que las provincias con litoral marítimo ejerzan jurisdicción sobre los recursos vivos hasta las 12 millas marinas, mientras que la administración de los recursos situados más allá de ese límite responde a competencias nacionales.

A su entender, esta distribución debería ser reconsiderada en el caso de Tierra del Fuego, teniendo en cuenta la extensión marítima vinculada con las Islas Malvinas y los demás archipiélagos del Atlántico Sur.

También hizo referencia a las disposiciones de la Constitución provincial relacionadas con el territorio y los recursos naturales fueguinos.

Lerena sostuvo que la discusión debe contemplar las particularidades de una provincia bicontinental, cuya proyección territorial comprende espacios insulares, marítimos y antárticos.

En ese marco, propuso avanzar hacia un esquema que otorgue mayor protagonismo a las provincias en la definición de las políticas pesqueras.

 

La importancia de ejercer actos concretos de soberanía

 

Durante su intervención, el especialista insistió en que la defensa de los derechos argentinos sobre Malvinas debe complementarse con decisiones administrativas, legislativas y judiciales.

Consideró que Tierra del Fuego debería adoptar un papel más activo en la protección de los recursos pesqueros correspondientes a su territorio.

Entre las alternativas planteadas mencionó la posibilidad de promover declaraciones y medidas provinciales relacionadas con la pesca desarrollada bajo licencias británicas, así como avanzar en mecanismos de seguimiento y sanción dentro de las competencias correspondientes.

También sugirió analizar instrumentos normativos que permitan visibilizar internacionalmente las dificultades existentes para controlar la explotación de recursos en los espacios marítimos bajo disputa.

Lerena sostuvo que las manifestaciones diplomáticas deben estar acompañadas por acciones concretas destinadas a defender los intereses argentinos.

 

La pesca en alta mar y los recursos migratorios

 

La conferencia también abordó la explotación pesquera en alta mar, especialmente en las áreas próximas a la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Lerena explicó que numerosas especies desarrollan ciclos migratorios que atraviesan los límites marítimos establecidos jurídicamente.

Desde esa perspectiva, advirtió que las actividades de captura realizadas fuera de las 200 millas pueden tener consecuencias sobre los recursos que se reproducen, alimentan o desarrollan parte de su ciclo biológico dentro de aguas argentinas.

El especialista cuestionó que la libertad de pesca en alta mar sea interpretada como una autorización para explotar recursos sin considerar su conservación.

En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer los acuerdos internacionales y los mecanismos de control sobre las flotas que operan en el Atlántico Sur.

También mencionó la importancia de establecer criterios de captura sostenible y evitar que la explotación de especies migratorias comprometa su reproducción y disponibilidad futura.

 

El papel de los puertos y la logística en el Atlántico Sur

 

Otro aspecto desarrollado durante la exposición estuvo relacionado con la infraestructura portuaria y los servicios logísticos utilizados por las flotas pesqueras.

Lerena sostuvo que los puertos constituyen herramientas estratégicas para administrar recursos, controlar operaciones y desarrollar actividades económicas vinculadas con el mar.

En ese contexto, hizo referencia a la situación del puerto de Ushuaia y planteó la necesidad de considerar su importancia no solamente desde una perspectiva comercial, sino también en relación con la soberanía y la seguridad.

Asimismo, abordó los servicios de abastecimiento, transporte y apoyo logístico que se prestan a las operaciones vinculadas con Malvinas desde puertos de países vecinos.

El especialista mencionó particularmente las conexiones con Montevideo y Punta Arenas, al considerar que estos servicios forman parte de las condiciones que permiten sostener determinadas actividades económicas en el Atlántico Sur.

Sus observaciones se vincularon con la necesidad de analizar las consecuencias estratégicas de estas operaciones y su relación con la posición argentina sobre Malvinas.

 

Los acuerdos internacionales y la política hacia Malvinas

 

Lerena también realizó consideraciones sobre los acuerdos diplomáticos celebrados entre Argentina y el Reino Unido después del conflicto bélico de 1982.

En particular, cuestionó los denominados Acuerdos de Madrid y otros entendimientos posteriores relacionados con la cooperación y las actividades económicas en el Atlántico Sur.

El especialista sostuvo que estos instrumentos deberían ser revisados desde la perspectiva de la protección de los recursos naturales y los intereses argentinos.

También recordó la importancia de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambas partes a negociar una solución pacífica.

Para Lerena, el reclamo diplomático debe complementarse con políticas destinadas a reducir las condiciones económicas que contribuyen al sostenimiento de la presencia británica en el archipiélago.

 

El Atlántico Sur como espacio estratégico para el futuro fueguino

 

En el tramo final de su exposición, el especialista destacó la ubicación geográfica de Tierra del Fuego y su importancia para las comunicaciones marítimas internacionales.

Se refirió particularmente a las rutas que conectan los océanos Atlántico y Pacífico, el acceso a la Antártida y la creciente relevancia de los corredores marítimos australes.

También mencionó la necesidad de analizar las inversiones en infraestructura portuaria y naval dentro de una estrategia que contemple los intereses de la provincia y del país.

Lerena consideró que la condición bicontinental de Tierra del Fuego debería traducirse en una mayor participación en las decisiones relacionadas con los recursos naturales, la logística y las actividades económicas del Atlántico Sur.

 

Una convocatoria con presencia institucional y de veteranos de Malvinas

 

La realización de la conferencia en el Museo Municipal “Virginia Choquintel” permitió reunir a especialistas, representantes institucionales y vecinos interesados en la problemática del Atlántico Sur.

La presencia del intendente Martín Pérez y de integrantes del gabinete municipal acompañó una actividad centrada en el análisis de los recursos naturales y su vinculación con la soberanía argentina.

También participaron la legisladora María Laura Colazo y el presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, Alberto Ante, junto a otros asistentes.

La exposición de Daniel Guzmán aportó la perspectiva de los veteranos de guerra y de las organizaciones que trabajan sobre la Causa Malvinas, mientras que César Lerena desarrolló un análisis técnico y jurídico sobre la explotación pesquera, la distribución de recursos y las posibilidades de intervención del Estado.

La jornada dejó planteados diferentes ejes de discusión para Tierra del Fuego, entre ellos la necesidad de fortalecer la actividad pesquera provincial, ampliar las oportunidades de industrialización, revisar los mecanismos de administración de los recursos y promover acciones destinadas a proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

El encuentro concluyó con un planteo central de los expositores: la defensa de la soberanía sobre Malvinas también requiere abordar las actividades económicas que se desarrollan en sus aguas y las consecuencias que estas tienen para el presente y el futuro de Tierra del Fuego.