El presidente de la Departamental Río Grande del Colegio de Martilleros, Tasadores y Corredores de Tierra del Fuego, Ricardo Prinos, expresó su preocupación por la existencia de inmobiliarias que desarrollan actividades sin contar con profesionales matriculados responsables. En una entrevista concedida a Minuto Fueguino, se refirió a las denuncias públicas contra la Inmobiliaria y Constructora Mac Rae, vinculadas con presuntas irregularidades en la administración de alquileres. Confirmó que la persona señalada en el caso no figura matriculada en el Colegio y estimó que entre seis y siete inmobiliarias se encontrarían en situaciones similares. También anunció la implementación de un sistema de identificación profesional mediante distintivos y códigos QR para brindar mayor seguridad a propietarios, inquilinos y compradores.
Río Grande, 14 de octubre de 2026.- La denuncia pública por presuntas irregularidades en la administración de alquileres atribuida a la Inmobiliaria y Constructora Mac Rae puso nuevamente en discusión la necesidad de fortalecer los controles sobre las operaciones inmobiliarias en Río Grande y garantizar que quienes intervienen en estas transacciones cuenten con las habilitaciones profesionales correspondientes.
En este contexto, el presidente de la Departamental Río Grande del Colegio de Martilleros, Tasadores y Corredores de Tierra del Fuego, Ricardo Prinos, fue entrevistado por el medio Minuto Fueguino, donde manifestó su preocupación por la presencia de personas que realizan operaciones inmobiliarias sin estar matriculadas.
El dirigente profesional confirmó que el Colegio tomó conocimiento de las denuncias difundidas públicamente y señaló que la persona mencionada en el caso no se encuentra registrada como profesional matriculada ante la institución.
Sin embargo, aclaró que el organismo no puede determinar responsabilidades ni intervenir disciplinariamente sobre personas ajenas a su matrícula y que las eventuales irregularidades denunciadas deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Una denuncia por alquileres que no habrían llegado al propietario
El caso que motivó la consulta periodística está relacionado con la denuncia de una inquilina que habría descubierto irregularidades en la administración de los pagos correspondientes a la vivienda que alquilaba.
Según los antecedentes difundidos, la mujer recibió una carta documento vinculada con un reclamo del propietario del inmueble, quien llevaba aproximadamente ocho meses sin percibir los alquileres.
La situación habría resultado particularmente llamativa porque, de acuerdo con la denuncia, la inquilina cumplía con sus pagos, mientras que el dueño de la propiedad no recibía el dinero.
La inmobiliaria señalada habría justificado la falta de transferencias al propietario mediante supuestas reparaciones en la vivienda que, según la denunciante, nunca se realizaron.
También se mencionaron presuntas irregularidades en la documentación contractual, entre ellas la ausencia de firmas y la utilización de un sello de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) aparentemente incorporado de manera digital.
Estos hechos forman parte de las acusaciones difundidas públicamente y requieren la correspondiente investigación para determinar su veracidad y establecer eventuales responsabilidades.
Prinos confirmó que la persona señalada no está matriculada
Consultado sobre la situación, Ricardo Prinos explicó que el Colegio tomó conocimiento de las denuncias a través de las redes sociales.
“Tomé conocimiento de eso, estuve viendo en las redes la denuncia que hacen pública”, expresó.
El presidente de la Departamental Río Grande confirmó que la persona mencionada en el caso no figura entre los profesionales matriculados de la institución.
Según explicó, no se trataría de una situación aislada, ya que existen otros operadores que realizan actividades de corretaje sin contar con la matrícula correspondiente.
Prinos advirtió que esta problemática afecta tanto a quienes contratan servicios inmobiliarios como a los profesionales que cumplen con las exigencias legales para ejercer la actividad.
También manifestó que las denuncias contra determinados operadores pueden generar una percepción negativa sobre el conjunto del sector, pese a que muchas inmobiliarias trabajan con profesionales habilitados y sujetos a responsabilidades específicas.
Entre seis y siete inmobiliarias estarían en situación irregular
Uno de los datos más relevantes de la entrevista surgió cuando Prinos fue consultado sobre la cantidad de inmobiliarias que podrían estar funcionando sin profesionales matriculados responsables.
Aunque aclaró que no dispone de un relevamiento definitivo, estimó que existirían entre seis y siete establecimientos en esa situación.
“No le puedo dar un número preciso, pero yo le digo que alrededor de 6, 7 inmobiliarias están en esa situación”, afirmó.
El dirigente señaló que algunas de estas firmas estarían intentando regularizar su funcionamiento a partir de las acciones impulsadas por las nuevas autoridades del Colegio.
También advirtió sobre la existencia de personas que ofrecen operaciones inmobiliarias mediante portales digitales sin contar con formación profesional ni matrícula habilitante.
En ese sentido, relató que recientemente recibió una consulta de un abogado relacionada con otra denuncia contra una persona que presuntamente desarrollaba operaciones inmobiliarias sin reunir los requisitos correspondientes.
Para Prinos, estas situaciones representan un riesgo importante porque los ciudadanos pueden entregar dinero, documentación o bienes a intermediarios que no cuentan con el respaldo profesional exigido para desarrollar la actividad.
Los riesgos para propietarios, inquilinos y compradores
Durante la entrevista, el presidente del Colegio explicó que contratar servicios de personas no matriculadas puede ocasionar perjuicios económicos y legales.
Entre los ejemplos mencionó irregularidades en la administración de alquileres, operaciones sobre inmuebles que no reúnen las condiciones necesarias para su comercialización y ventas de terrenos con problemas de documentación o infraestructura.
Prinos recordó que los profesionales inmobiliarios deben verificar las condiciones de los bienes sobre los que intervienen.
Entre sus obligaciones se encuentran comprobar la titularidad del inmueble, conocer su situación jurídica y analizar la documentación necesaria para desarrollar una operación.
Estas verificaciones resultan fundamentales tanto para quienes desean alquilar una propiedad como para quienes buscan adquirir una vivienda o un terreno.
El dirigente sostuvo que la intervención de profesionales matriculados permite contar con mayores garantías y con una persona identificable que asuma responsabilidades por su actuación.
Advirtió sobre la comercialización de terrenos sin servicios
Otro de los temas abordados fue la venta de terrenos que no cuentan con infraestructura o servicios básicos.
Prinos recordó que en Río Grande existen disposiciones municipales que establecen requisitos para la comercialización de lotes.
En ese contexto, mencionó antecedentes de operaciones inmobiliarias que posteriormente generaron dificultades para los compradores, particularmente en sectores donde los terrenos fueron vendidos sin contar con todos los servicios necesarios.
El presidente del Colegio señaló que estas situaciones pueden terminar generando conflictos que involucran a los propietarios, las empresas y los organismos públicos.
Por esa razón, insistió en la importancia de que los compradores verifiquen previamente quién interviene en la operación y si cuenta con la matrícula profesional correspondiente.
También remarcó que los corredores inmobiliarios deben conocer las características y condiciones de los inmuebles antes de ofrecerlos comercialmente.
Implementarán identificaciones y códigos QR en las inmobiliarias
Como parte de las medidas que impulsa la nueva conducción del Colegio, Prinos anunció que se trabaja en un sistema de identificación de las inmobiliarias que cuentan con profesionales matriculados.
La propuesta contempla colocar distintivos visibles en los establecimientos, donde se identifique al responsable profesional de cada oficina.
Además, se prevé incorporar códigos QR que permitan a los ciudadanos acceder a información y disponer de canales para efectuar consultas o presentar denuncias.
El objetivo es facilitar que cualquier persona pueda comprobar si una inmobiliaria cuenta con respaldo profesional antes de realizar una operación.
Prinos explicó que la Departamental Río Grande está trabajando en la elaboración de una página propia que permita mantener actualizada esta información.
Mientras tanto, indicó que los ciudadanos pueden realizar consultas a través de los canales institucionales del Colegio a nivel provincial.
El dirigente consideró que estas herramientas serán importantes para fortalecer la transparencia y ofrecer mayores garantías a quienes utilizan servicios inmobiliarios.
El Colegio reclama mayor responsabilidad profesional
Prinos señaló que la actual conducción de la Departamental Río Grande asumió hace poco más de un mes y que una de sus prioridades es identificar a los establecimientos que trabajan con profesionales habilitados.
También destacó la necesidad de informar a la comunidad sobre los requisitos que deben cumplir quienes ofrecen servicios de corretaje.
El dirigente explicó que el Colegio integra espacios de representación profesional de alcance nacional, donde también existe preocupación por el ejercicio irregular de la actividad.
En ese marco, mencionó la necesidad de abordar las operaciones realizadas por personas sin matrícula y otras modalidades comerciales que generan cuestionamientos dentro del sector.
Para Prinos, el principal objetivo es que los ciudadanos puedan identificar con claridad al profesional responsable de cada transacción y sepan a qué institución acudir ante una eventual irregularidad.
Las denuncias deberán avanzar por las vías correspondientes
Respecto del caso que involucra a la Inmobiliaria y Constructora Mac Rae, Prinos aclaró que las publicaciones en redes sociales no resultan suficientes para que el Colegio adopte medidas contra una persona que no pertenece a su matrícula.
Explicó que los damnificados pueden acudir a la Justicia mediante las denuncias civiles o penales que correspondan.
En caso de que existan actuaciones judiciales, el Colegio podrá evaluar las posibilidades de acompañamiento institucional dentro de sus atribuciones.
El dirigente también mencionó que la institución ya se encuentra trabajando sobre otro caso relacionado con una persona que habría sido señalada en más de una denuncia.
No obstante, insistió en que resulta necesario diferenciar las acusaciones públicas de las responsabilidades que eventualmente puedan establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
Recomendaciones para evitar irregularidades
Durante la entrevista, Prinos reiteró que la principal recomendación para propietarios, inquilinos y compradores consiste en verificar la matrícula del profesional responsable antes de concretar cualquier operación.
La identificación de quien interviene en una transacción inmobiliaria permite conocer si se encuentra sujeto a las obligaciones y responsabilidades propias de la actividad.
Asimismo, recomendó prestar especial atención a la documentación contractual, la titularidad de los inmuebles y las condiciones de las operaciones ofrecidas.
En el caso de los alquileres, resulta especialmente importante contar con documentación que permita acreditar los pagos efectuados y las obligaciones asumidas por las partes.
Para quienes desean comprar terrenos o viviendas, la revisión de la documentación y de las condiciones legales del inmueble constituye una medida fundamental para prevenir inconvenientes posteriores.
Buscan recuperar la confianza de la comunidad
El presidente de la Departamental Río Grande concluyó señalando que el Colegio continuará trabajando para informar a la población y fortalecer la identificación de los profesionales habilitados.
Reconoció que las denuncias públicas por presuntas irregularidades afectan la imagen de la actividad inmobiliaria, pero consideró necesario distinguir entre quienes cumplen con las obligaciones profesionales y quienes operan fuera de los mecanismos de matriculación.
En ese sentido, remarcó que el objetivo institucional es ofrecer mayor seguridad a la comunidad y promover que las operaciones inmobiliarias se desarrollen con transparencia y responsabilidad.
La situación denunciada contra la Inmobiliaria y Constructora Mac Rae, cuya eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes, volvió a poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos de información y verificación accesibles para los ciudadanos.
Mientras tanto, el Colegio de Martilleros, Tasadores y Corredores de Tierra del Fuego avanza en la implementación de herramientas de identificación profesional y canales de consulta destinados a prevenir nuevas situaciones de riesgo para propietarios, inquilinos y compradores de Río Grande.
