Sobre el hecho más importante de la semana, el presidente de FAGDUT Tierra del Fuego realizó un balance altamente positivo de la Quinta Marcha Federal Universitaria y destacó el acompañamiento de estudiantes, docentes, no docentes, sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos. Cuestionó duramente al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios previstos para 2027. “Lo último que tenemos que hacer es bajar los brazos”, sostuvo, al confirmar que continuará el plan de lucha en defensa de la educación pública.
Río Grande, 17 de octubre de 2026.- El presidente de FAGDUT Tierra del Fuego, licenciado Fabio Seleme, realizó una evaluación ampliamente positiva de la Quinta Marcha Federal Universitaria, que tuvo una importante convocatoria en Río Grande, Ushuaia y distintas ciudades del país, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante una entrevista concedida al programa La Mañana de la Tecno, que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, el dirigente gremial destacó la participación de la comunidad universitaria y el acompañamiento de organizaciones sindicales, sociales y políticas que se sumaron a las movilizaciones.
Seleme consideró que la respuesta de la sociedad constituye una demostración del respaldo que mantiene la universidad pública argentina, a pesar del conflicto presupuestario y salarial que atraviesa el sistema.
“La verdad es que ayer fue un día de mucha alegría para las universidades porque en todo el país en general, y acá en particular, hubo un acompañamiento muy grande y muy fuerte, primero de la comunidad universitaria y después de sectores sociales y políticos”, expresó.
El titular de FAGDUT sostuvo que ese acompañamiento refleja el reconocimiento social hacia las instituciones universitarias y su importancia para el desarrollo nacional.
“Lo último que tenemos que hacer es bajar los brazos”
Uno de los aspectos más contundentes de la entrevista estuvo relacionado con los cuestionamientos de Seleme al Gobierno del presidente Javier Milei, al que responsabilizó por la profundización del conflicto universitario.
El dirigente sostuvo que las autoridades nacionales mantienen una posición que, desde su perspectiva, impide avanzar hacia una solución mediante el diálogo y el consenso.
En ese contexto, cuestionó lo que considera una actitud de desconocimiento de los datos económicos, de las resoluciones judiciales y de los reclamos formulados por las universidades.
“Lo último que tenemos que hacer es bajar los brazos”, afirmó, al señalar que las organizaciones universitarias deben sostener las movilizaciones y evitar que el desgaste del conflicto debilite la defensa de la educación pública.
Seleme fue particularmente crítico con el comportamiento del Gobierno nacional, al que calificó como “un gobierno inmoral que se niega a cumplir la ley y las órdenes judiciales”.
Asimismo, advirtió que el incumplimiento de las disposiciones legales y judiciales, según su interpretación, representa un problema que excede la discusión presupuestaria y afecta el funcionamiento institucional del país.
Para el dirigente, la continuidad de las movilizaciones constituye una herramienta fundamental para reclamar respuestas y sostener la defensa de las universidades.
El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en el centro del reclamo
Consultado sobre los principales puntos del documento difundido durante la Quinta Marcha Federal Universitaria, Seleme explicó que la exigencia central continúa siendo la aplicación de la legislación vigente y el cumplimiento de las resoluciones judiciales vinculadas con su implementación.
“Lo que estamos reclamando es lo más elemental del mundo, el cumplimiento de la ley, la orden judicial, que lo manda a cumplir, que le manda a cumplir la ley”, manifestó.
En ese sentido, rechazó que las demandas del sector universitario puedan interpretarse como la defensa de intereses particulares o privilegios.
“No reclamamos el cumplimiento de la ley, de la orden judicial, porque sí o porque querramos defender un privilegio, sino porque está en riesgo la continuidad de la universidad”, remarcó.
El dirigente insistió en que el conflicto no se limita a la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes, sino que comprende el financiamiento necesario para garantizar el funcionamiento de las instituciones, las actividades académicas, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes.
También cuestionó que las universidades deban recurrir a movilizaciones masivas para exigir la aplicación de una norma sancionada por el Congreso.
Preocupación por el presupuesto universitario de 2027
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y sus posibles consecuencias para el sistema educativo argentino.
Seleme advirtió que, de aprobarse la propuesta en los términos planteados por el Poder Ejecutivo, se profundizarían las restricciones presupuestarias que afectan a las universidades, la ciencia y la tecnología.
“En el presupuesto 2027 el gobierno tampoco respeta la ley de financiamiento universitario. Tampoco respeta la orden judicial”, cuestionó.
El dirigente consideró que la asignación de recursos propuesta para el próximo ejercicio presupuestario compromete el desarrollo del sistema universitario y científico.
“Vamos a tener, si se aprueba en el presupuesto 2027, la Argentina va a tener el peor presupuesto educativo de Latinoamérica”, afirmó.
Se trata de una valoración formulada por Seleme durante la entrevista, en la que también cuestionó las prioridades económicas del Gobierno nacional y sostuvo que las políticas de apertura de importaciones y promoción de inversiones extranjeras perjudican, a su entender, el desarrollo productivo y científico argentino.
En ese marco, planteó que la defensa de las universidades forma parte de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo del país.
La unidad de las universidades y los gremios como principal fortaleza
Durante la entrevista también se destacó la participación conjunta de las instituciones universitarias presentes en Río Grande, sus comunidades educativas y las organizaciones gremiales.
Seleme consideró que la unidad alcanzada entre universidades, docentes, no docentes y estudiantes representa uno de los principales logros del proceso de movilización.
“Las universidades y los gremios, desde que empezó el conflicto, se han mantenido unidas y, digamos, con una estrategia común, a pesar de que el gobierno quiso en primera instancia mellar ahí y dividir el frente universitario, no ha podido”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que la coordinación entre las instituciones y sus organizaciones representativas permitió mantener la continuidad de las medidas de protesta.
“Esa es la gran fortaleza que hoy tiene la universidad y los gremios universitarios”, destacó.
El presidente de FAGDUT también agradeció expresamente a los sindicatos y organizaciones políticas que participaron de las movilizaciones.
No obstante, formuló una observación sobre la necesidad de que el respaldo expresado públicamente tenga correspondencia con las decisiones legislativas de los representantes de esos espacios.
Cuestionamientos a la respuesta judicial
La situación judicial relacionada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario ocupó otro tramo importante de la conversación.
Seleme se refirió a las resoluciones dictadas en torno al cumplimiento de la normativa y cuestionó especialmente la suspensión de las multas impuestas a funcionarios nacionales por el presunto incumplimiento de una medida cautelar.
Según explicó, la Cámara Federal había respaldado la validez de la resolución judicial que ordenaba aplicar la legislación, aunque posteriormente dispuso suspender las sanciones económicas mientras se analizaban otros aspectos del expediente.
El dirigente interpretó esa decisión como una señal preocupante respecto del funcionamiento de la Justicia.
También cuestionó las declaraciones de las autoridades nacionales del área universitaria, que sostienen que el Gobierno cumple con las disposiciones judiciales.
Seleme rechazó esa interpretación y reclamó una intervención judicial efectiva para garantizar la aplicación de la normativa.
En ese contexto, consideró que la discusión universitaria también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Rechazo a los incidentes durante la movilización en Buenos Aires
Consultado sobre los episodios de violencia y la actuación de las fuerzas de seguridad durante la movilización realizada en Buenos Aires, Seleme cuestionó el operativo y sostuvo que esos acontecimientos no deberían desplazar del centro de la discusión el reclamo universitario.
El dirigente atribuyó al Gobierno nacional una estrategia destinada a concentrar la atención pública en los incidentes y no en la magnitud de las manifestaciones.
Se trata de una interpretación política expresada por el dirigente gremial durante la entrevista.
En ese sentido, insistió en que lo relevante fue la participación de miles de personas en distintas ciudades argentinas.
Mencionó especialmente las convocatorias registradas en Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rosario, Río Grande y Ushuaia, como expresión de una demanda que trasciende a los trabajadores y estudiantes universitarios.
“Tenemos que traducir esto en una voluntad política que cambie el destino del país”
Hacia el cierre de la entrevista, Seleme volvió a destacar la magnitud de la Quinta Marcha Federal Universitaria y consideró que el acompañamiento social fue superior al registrado en movilizaciones anteriores.
Al ser consultado sobre el balance de la jornada, respondió: “Sí, la verdad que el balance es positivo, sí, sí, claramente, no solamente en Río Grande, en todo el país”.
Sin embargo, planteó que la movilización debe tener una proyección más amplia y contribuir a modificar las políticas que, según su análisis, afectan a la educación pública.
“Tenemos que traducir esto en una voluntad política que cambie el destino del país”, expresó.
Respecto de los próximos pasos, confirmó que las organizaciones universitarias mantendrán sus medidas de protesta y continuarán reclamando el cumplimiento de la ley.
El dirigente señaló que no espera modificaciones sustanciales en la posición del Gobierno nacional, por lo que consideró indispensable sostener la organización y la participación colectiva.
De esta manera, el presidente de FAGDUT Tierra del Fuego ratificó que la defensa del financiamiento universitario continuará siendo una prioridad para el sector, en un escenario en el que la discusión presupuestaria de 2027 y la aplicación de las resoluciones judiciales aparecen como dos de los principales desafíos pendientes.
La entrevista concluyó con un reconocimiento al acompañamiento de la comunidad fueguina y con la reafirmación del compromiso de continuar defendiendo la universidad pública, el trabajo docente y el sistema científico y tecnológico argentino.
