El empresario, martillero público y corredor inmobiliario Fernando Allo advirtió sobre el importante incremento de los remates de automóviles en Río Grande y Ushuaia, como consecuencia de las dificultades económicas y el crecimiento de la morosidad en los créditos prendarios. En una entrevista con “La Mañana de la Tecno”, señaló que un solo martillero lleva cerca de 98 vehículos subastados durante este año y estimó que la cifra provincial podría alcanzar los 200. También explicó cómo funcionan los procedimientos judiciales, las consecuencias para los deudores y la compleja situación que atraviesan el comercio y el mercado inmobiliario.
Río Grande, 22 de octubre de 2026.- El empresario, martillero público y corredor inmobiliario Fernando Allo analizó el crecimiento de los remates de vehículos en Tierra del Fuego, una situación que, según explicó, refleja las dificultades que atraviesan numerosas familias para afrontar sus compromisos financieros en un contexto de aumento del costo de vida, estancamiento de los ingresos e incertidumbre laboral.
Durante una entrevista concedida a “La Mañana de la Tecno”, por Radio Universidad 93.5 MHz, Allo dialogó sobre la cantidad de automóviles que están siendo subastados en Río Grande y Ushuaia, los mecanismos de ejecución de créditos prendarios y las consecuencias económicas que enfrentan quienes dejan de pagar las cuotas de sus vehículos.
El martillero, que cuenta con 26 años de experiencia en secuestros y remates prendarios, sostuvo que el volumen actual de subastas resulta particularmente llamativo y recordó que una situación comparable se produjo durante la crisis económica de 2001.
Un solo martillero lleva cerca de 100 vehículos rematados durante el año
Allo reveló que recientemente mantuvo una conversación con un colega que tiene previsto realizar una subasta de numerosos vehículos y que, durante 2026, ya había rematado alrededor de 98 automóviles.
“Estamos hablando de un solo martillero”, destacó, al explicar que a esa cantidad deben sumarse las operaciones realizadas por otros profesionales de Río Grande y Ushuaia.
Según señaló, la multiplicación de los remates no responde a deudas recientes, sino a procesos de incumplimiento que comenzaron varios meses atrás.
“No es que la deuda viene del mes pasado y ahora te saco el auto y te lo remato. Esto es una deuda que viene ya de principios de año, fines del año pasado, algunos son deudas de hace año y medio”, explicó.
El entrevistado vinculó este fenómeno con las dificultades que también se observan en el pago de tarjetas de crédito, alquileres y otros compromisos familiares.
“Al no haber incremento salarial, haber aumentado los servicios, digamos, el costo de vida ha aumentado”, expresó.
Para describir la situación de los hogares, utilizó una comparación: “Esto, como yo siempre digo, es como la manta corta, ¿viste? Cuando vos tenés una manta corta, te tapás los pies, te está libre la cabeza, o sea, algo se cae”.
En ese contexto, explicó que muchas familias deben priorizar determinados gastos y postergar otros, lo que termina afectando el cumplimiento de los créditos prendarios.
Una situación que recuerda a la crisis de 2001
Allo aclaró que los remates de vehículos no constituyen un fenómeno nuevo, aunque destacó que la cantidad registrada actualmente supera ampliamente los niveles habituales.
“Yo hace 26 años que me dedico a los secuestros y remates prendarios, siempre hubo, siempre hubo remates, no en la cantidad que hay ahora”, sostuvo.
En ese sentido, comparó el escenario actual con el período de la crisis económica de 2000 y 2001, cuando también se produjo una importante interrupción en las cadenas de pago.
Recordó que durante aquellos años trabajaba para el Banco de Boston, entidad que había adquirido créditos prendarios en situación de incumplimiento provenientes del Banco del Sol.
“Entonces nos encontramos con 40 autos para rematar de una movida”, relató.
Aquella situación implicó procedimientos de secuestro, guarda y posterior subasta de numerosos vehículos, en un contexto de deterioro económico que afectaba a distintos sectores de la sociedad.
El martillero señaló que, una vez que la economía comenzó a estabilizarse, la cantidad de ejecuciones disminuyó.
Octubre podría cerrar con alrededor de 50 automóviles rematados
Uno de los datos más significativos de la entrevista estuvo relacionado con la concentración de subastas durante octubre.
Allo explicó que el pasado 15 de octubre realizó una subasta judicial de tres automóviles cuyos procedimientos se habían iniciado durante el año anterior.
Sin embargo, al conversar con otros colegas, advirtió que se estaban desarrollando numerosos remates en distintas fechas del mes.
Mencionó operaciones realizadas los días 7 y 10 de octubre, además de una subasta anunciada para el sábado 24, que incluiría 11 automóviles y tres motocicletas.
A partir de esos datos, realizó una estimación sobre el movimiento mensual.
“Porque a grosso modo saqué un número así, algo así, y dije, se remataron 50 autos en un mes”, manifestó.
También consideró posible que durante 2026 se alcance una cifra cercana a los 200 automóviles rematados en toda la provincia, aunque aclaró que se trata de una estimación y no de un registro estadístico definitivo.
Respecto de los próximos meses, anticipó que sus colegas continúan teniendo vehículos pendientes de secuestro y subasta.
“Ellos tienen autos para secuestrar, para rematar, y que bueno, tanto noviembre y diciembre también van a seguir habiendo remates. No sé el número, no lo tengo ni idea”, precisó.
Perder el automóvil no significa necesariamente cancelar la deuda
Durante la entrevista, Allo explicó uno de los aspectos más delicados de los remates prendarios: cuando el dinero obtenido por la venta del vehículo resulta insuficiente para cancelar la obligación financiera, el deudor puede continuar debiendo una suma importante.
Como ejemplo, mencionó el caso hipotético de un automóvil cuya deuda asciende a 15 millones de pesos.
Si el vehículo presenta deterioros mecánicos, daños por accidentes o falta de mantenimiento, su valor de subasta puede resultar considerablemente inferior.
“Por ahí el resultado de la subasta es de, no sé, vamos a poner 8 millones, y bueno, para el banco le vas a seguir debiendo 7 millones”, explicó.
Por ese motivo, recomendó a quienes atraviesan dificultades económicas que intenten encontrar alternativas antes de llegar a una ejecución judicial.
Entre las posibilidades mencionó entregar el automóvil a una agencia y adquirir una unidad más económica, negociar con el acreedor o procurar que el vehículo se encuentre en las mejores condiciones posibles al momento de su entrega.
El martillero insistió en que el estado de conservación resulta determinante para obtener un mejor precio y reducir el saldo pendiente de la deuda.
Las subastas con bases buscan evitar mayores perjuicios
Otro de los aspectos abordados fue la modalidad utilizada para establecer los valores iniciales de los remates.
Allo explicó que actualmente se procura trabajar con bases de subasta, con el objetivo de evitar que los vehículos sean vendidos por cifras demasiado bajas.
“Si yo voy a rematar un auto cuya deuda son 10 millones, sin base, corres riesgo que venga uno y te lo compra por un millón y medio”, ejemplificó.
Por esa razón, consideró conveniente establecer valores cercanos a las obligaciones pendientes, procurando que la entidad acreedora recupere la mayor cantidad posible de dinero y que el deudor no resulte perjudicado innecesariamente.
No obstante, reconoció que las bases demasiado elevadas también pueden impedir la concreción de una operación.
Como ejemplo, relató que en su última subasta judicial las bases habían sido determinadas por el juez, contemplando capital e intereses.
Al sumar las deudas por patentes y multas, el costo total de los vehículos superaba los valores de mercado.
Como consecuencia, no se presentaron ofertas y la subasta fue declarada fracasada.
El profesional explicó que, en determinadas circunstancias y conforme al procedimiento aplicable, pueden realizarse nuevas subastas con reducciones en las bases iniciales.
Cómo se llega al secuestro judicial de un automóvil
Allo también detalló el proceso que atraviesa una persona cuando comienza a incumplir las cuotas de un crédito prendario.
Según explicó, las entidades financieras suelen iniciar gestiones de cobro mediante llamados telefónicos o mensajes, intentando obtener la regularización de los pagos.
Cuando el incumplimiento se prolonga, el expediente puede ser derivado a un estudio jurídico.
El martillero señaló que esa derivación puede producirse luego de la segunda o tercera cuota impaga, dependiendo de los procedimientos de cada entidad.
En esa instancia, la deuda puede incrementarse por la incorporación de honorarios y otros gastos vinculados con la gestión de cobro.
Si las negociaciones no prosperan, puede solicitarse judicialmente el secuestro del vehículo.
Allo aclaró que los martilleros no tienen facultades para retirar un automóvil por su propia cuenta.
“Nosotros no tenemos poder para secuestrar. O sea, vos tenés que iniciar un expediente judicial, que eso lo inicia un abogado”, explicó.
Posteriormente, debe emitirse el correspondiente mandamiento judicial y el procedimiento tiene que realizarse con intervención de un oficial de justicia.
“Siempre, siempre acompañado con un oficial de justicia”, enfatizó.
También indicó que existe la posibilidad de que el deudor acuerde la entrega voluntaria del automóvil, evitando llegar a una medida compulsiva.
Incertidumbre económica y dificultades para proyectar el futuro
Más allá de los procedimientos judiciales, Allo manifestó su preocupación por el escenario económico de Río Grande y las dificultades que enfrentan las familias para planificar sus gastos.
“Yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué nos depara futuro en Río Grande? Y no lo sé, yo no veo que vengan inversiones o que haya cosas que puedan llegar a mejorar la expectativa de la gente”, expresó.
El entrevistado también advirtió que algunas personas asumen compromisos financieros elevados sin contemplar posibles modificaciones en sus ingresos.
Mencionó situaciones en las que la reducción de horas extras, la pérdida de determinados adicionales salariales o gastos imprevistos pueden comprometer la capacidad de pago.
En ese sentido, recomendó evaluar cuidadosamente las posibilidades económicas antes de adquirir un vehículo financiado.
Inmobiliarias: buscan identificar los establecimientos que cumplen con los requisitos legales
En otro tramo de la entrevista, Allo se refirió al funcionamiento del Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios y aclaró que ya concluyó su mandato como vocal de la Departamental Río Grande.
Precisó que actualmente la conducción departamental está a cargo de Ricardo Prinos.
El empresario explicó que las actividades de martillero público y corredor inmobiliario tienen competencias específicas, aunque un mismo profesional puede contar con ambas habilitaciones.
Recordó que el corretaje inmobiliario en Tierra del Fuego se encuentra regulado por la Ley Provincial Nº 762, sancionada en 2008, y que para ejercer se requiere formación profesional y matriculación.
Asimismo, explicó que la habilitación comercial otorgada por un municipio no reemplaza los requisitos profesionales exigidos para desarrollar la actividad inmobiliaria.
En ese marco, adelantó que se trabaja en la implementación de una identificación visible para las inmobiliarias que cumplan con las exigencias correspondientes.
“Se va a hacer un sticker para que cada inmobiliaria lo pegue en su vidriera, que va a decir inmobiliaria habilitada”, indicó.
El objetivo es promover condiciones de ejercicio profesional equivalentes y facilitar que los vecinos puedan reconocer los establecimientos que cumplen con los requisitos establecidos.
El mercado inmobiliario y la construcción también atraviesan dificultades
Allo señaló que el mercado inmobiliario presenta situaciones diferentes según las regiones del país, aunque advirtió que en buena parte del interior se observa un escenario complejo.
Indicó que existe una importante oferta de viviendas en venta y que la disponibilidad de créditos hipotecarios permitió concretar algunas operaciones.
Sin embargo, manifestó especial preocupación por la actividad de la construcción.
“Lo que sí se ha desplomado es el tema de la construcción, porque hoy entre hacerte una casa nueva o comprar una casa usada, te conviene más comprar una casa usada”, sostuvo.
Explicó que esta diferencia está relacionada con los elevados costos del metro cuadrado de construcción, que afectan la conveniencia económica de desarrollar viviendas nuevas.
El comercio local enfrenta caída de ventas y competencia de plataformas digitales
Finalmente, el empresario, quien continúa integrando la comisión directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, se refirió a las dificultades que atraviesan los comerciantes de la ciudad.
Allo señaló que los pequeños comercios y las PyMEs deben afrontar alquileres, salarios, impuestos, servicios y otras obligaciones, mientras registran una disminución de sus ventas.
También identificó como un factor relevante el crecimiento de las compras por internet y la competencia de productos importados.
Según relató, comerciantes de distintas regiones del país le han mencionado caídas de ventas cercanas al 30% asociadas a esa competencia, aunque no presentó ese porcentaje como una medición específica de Río Grande.
“Vos acá tenés un local, pagás alquiler, pagás empleado, pagás esto, y encima te entra el 30 a menos, y te aumenta el gasto, te aumenta la luz”, describió.
En ese escenario, explicó que numerosos comerciantes llegan al cierre de sus balances sin obtener ganancias o incluso registrando pérdidas.
Allo confirmó que continúa trabajando en la Cámara de Comercio junto a su presidente, José Luis “Gigi” Iglesias, y otros integrantes de la comisión directiva, entre ellos Mansilla, Poleri y Torrecilla.
“Estamos todos ahí tratando de… de remarla”, expresó, al referirse a los esfuerzos que realizan desde la institución para acompañar al sector comercial.
De esta manera, el martillero vinculó el incremento de los remates de vehículos con un escenario económico más amplio, caracterizado por las dificultades de financiamiento de las familias, la incertidumbre laboral, la retracción de la actividad comercial y los problemas que atraviesan distintos sectores productivos de Tierra del Fuego.
