La tercera reunión con el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, terminó sin el compromiso de pago que reclamaba el Municipio de Río Grande. Pese a la intimación formal y los reiterados planteos, el Gobierno provincial no estableció fechas ni montos para cancelar la deuda de coparticipación. Aunque se acordaron nuevas reuniones técnicas, la gestión de Martín Pérez advirtió que continúa sin una respuesta concreta sobre cuándo recuperará los recursos que considera propios.
Río Grande, 3 de noviembre de 2026.- La tercera reunión entre representantes del Gobierno de Tierra del Fuego y los municipios fueguinos concluyó sin un compromiso concreto para cancelar la deuda de coparticipación que la Provincia mantiene con Río Grande y que, según los registros de la administración municipal, supera los 17.294 millones de pesos.
El encuentro, convocado por el Ministerio de Economía provincial, estuvo encabezado por el ministro Alejandro Barrozo y contó con la participación de funcionarios económicos de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
En representación de la gestión del intendente Martín Pérez asistió la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, quien concurrió con el objetivo de obtener una respuesta formal sobre la devolución de los recursos que el Municipio considera pendientes de transferencia.
Sin embargo, de acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Río Grande, la reunión finalizó sin que el Gobierno provincial presentara un cronograma de pagos ni precisara de qué manera afrontará la cancelación de los montos reclamados.
Fondos que la Provincia habría recibido, pero no transferido
El punto central del planteo municipal es que el Gobierno provincial habría percibido recursos coparticipables correspondientes a Río Grande sin remitirlos posteriormente dentro de los plazos previstos.
Según la administración municipal, esta situación provocó una acumulación progresiva de obligaciones pendientes que afecta la previsibilidad financiera de la ciudad.
Desde el Ejecutivo riograndense remarcaron que el reclamo no está relacionado con un pedido de asistencia económica ni con la solicitud de recursos extraordinarios, sino con fondos que consideran propios por aplicación del régimen de coparticipación.
El Municipio sostiene, además, que sus cálculos se apoyan en registros administrativos, información publicada por el Ministerio de Economía de la Nación y antecedentes de los Tribunales de Cuentas provincial y municipal.
Aunque el comunicado municipal hace referencia a esa documentación, no incluye el detalle de los informes ni una conciliación de las cifras con la Provincia.
Sin fechas ni montos para comenzar a cancelar la deuda
Uno de los aspectos que mayor preocupación genera en Río Grande es la ausencia de un mecanismo concreto para regularizar las transferencias pendientes.
De acuerdo con lo informado por el Municipio, el ministro Alejandro Barrozo no presentó una propuesta que establezca fechas, montos o etapas de cancelación.
La administración riograndense considera que esta falta de precisiones mantiene la incertidumbre sobre recursos que deberían estar disponibles para financiar las obligaciones municipales.
El planteo adquiere especial relevancia porque, según la información difundida tras el encuentro, la Provincia reconoció la existencia de transferencias pendientes, aunque no estableció un procedimiento definitivo para regularizarlas.
La Provincia condicionó una mejora a recursos extraordinarios
La minuta de trabajo firmada al finalizar la reunión contempla que, en caso de recibir recursos extraordinarios, el Ministerio de Economía provincial procurará reducir los días de demora en las transferencias de coparticipación y priorizar los expedientes más antiguos.
También establece que, si esos fondos adicionales no ingresan, la cartera económica trabajará en una propuesta destinada a disminuir los retrasos.
Desde Río Grande observaron que ninguno de esos compromisos garantiza la cancelación de la deuda acumulada.
El Municipio considera que la posibilidad de recibir recursos extraordinarios de Nación constituye una condición incierta, que no permite establecer cuándo se normalizarán las transferencias.
Por ese motivo, insiste en la necesidad de contar con un compromiso formal y verificable de devolución.
Reclaman explicaciones sobre el destino de los recursos
La Municipalidad de Río Grande también solicitó que el Gobierno provincial explique qué destino tuvieron los fondos que, según sus registros, fueron percibidos y no transferidos oportunamente.
El Ejecutivo municipal sostiene que resulta necesario determinar cómo se administraron esos recursos y cuáles serán los mecanismos para restituirlos.
En ese marco, advirtió que la falta de transferencia de fondos coparticipables podría dar lugar a actuaciones administrativas o judiciales.
No obstante, cualquier eventual responsabilidad de funcionarios deberá ser determinada mediante los procedimientos correspondientes y sobre la base de la documentación y la normativa aplicable.
Desde el Municipio señalaron que continuarán evaluando las herramientas legales disponibles para resguardar los intereses financieros de la ciudad.
Servicios esenciales afectados por la incertidumbre financiera
La administración del intendente Martín Pérez advirtió que las demoras en las transferencias condicionan la planificación económica y reducen la disponibilidad de recursos para sostener servicios municipales.
Entre las prestaciones mencionadas se encuentran la potabilización del agua, la recolección de residuos, el transporte público, las obras de infraestructura y los dispositivos municipales de salud.
Desde el Ejecutivo local sostienen que la continuidad y previsibilidad de estas actividades requieren que los recursos coparticipables ingresen en los tiempos establecidos.
Asimismo, consideran que la caída de la recaudación y las dificultades económicas generales no justifican el incumplimiento de las obligaciones de transferencia.
Nuevas reuniones en Tolhuin y Ushuaia
Pese a la falta de un acuerdo de pago, durante el encuentro se resolvió establecer una mesa de trabajo permanente para analizar la situación financiera de las administraciones y los criterios de distribución de los recursos.
Según lo informado, el Ministerio de Economía asumió el compromiso de procurar que no continúen aumentando los días de demora y los montos asociados a las transferencias pendientes.
También quedaron programadas dos nuevas reuniones técnicas:
- 13 de noviembre: en Tolhuin.
- 24 de noviembre: en Ushuaia.
Estos encuentros estarán destinados a continuar el análisis de los recursos de origen nacional y provincial, así como los mecanismos de distribución de la coparticipación.
Sin embargo, el Municipio de Río Grande advirtió que las nuevas instancias de diálogo no reemplazan la necesidad de establecer un plan concreto de devolución.
La intimación formal continúa vigente
La gestión municipal recordó que ya realizó una intimación formal a las autoridades provinciales para reclamar la regularización de los fondos pendientes.
Según lo informado, esa presentación mantiene plena vigencia después de la tercera reunión, debido a que no se obtuvo una propuesta de cancelación.
Desde Río Grande señalaron que la voluntad de diálogo institucional continúa, pero consideraron indispensable que los encuentros produzcan decisiones concretas y compromisos verificables.
El Municipio también dejó abierta la posibilidad de avanzar con nuevas medidas administrativas y judiciales para defender sus recursos.
Un conflicto que sigue sin solución
La tercera reunión convocada por el Ministerio de Economía dejó expuestas las diferencias entre la Provincia y el Municipio de Río Grande respecto de los tiempos y mecanismos para normalizar las transferencias.
Mientras el Gobierno provincial plantea la posibilidad de reducir las demoras mediante recursos extraordinarios y nuevas instancias de trabajo, la administración riograndense exige una respuesta específica sobre la deuda acumulada.
El Ejecutivo municipal sostiene que los más de 17.294 millones de pesos reclamados corresponden a recursos que debieron ingresar a las arcas de la ciudad y que su devolución no puede depender exclusivamente de ingresos futuros e inciertos.
La falta de un cronograma de cancelación mantiene abierto un conflicto que ya superó las instancias de reclamo administrativo y que podría trasladarse al ámbito judicial.
Para la gestión de Martín Pérez, el eje de la discusión continúa siendo la defensa de la autonomía financiera municipal y de los recursos necesarios para atender las demandas de los vecinos.
La posición del Municipio es categórica: la coparticipación no constituye una ayuda ni una concesión del Gobierno provincial, sino un derecho de la ciudad que debe cumplirse en tiempo y forma.
