La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la resolución de la Juez Federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, que había rechazado una medida cautelar presentada por la Fundación Argentina Azul para impedir la navegación del buque de bandera chilena M/V Danstar, presuntamente destinado a brindar apoyo logístico al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. El Tribunal consideró que la presentación carecía de pruebas suficientes y advirtió sobre las consecuencias diplomáticas que podría generar una intervención judicial de esa naturaleza. 

Río Grande, miércoles 11 de noviembre de 2026.- La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el fallo de la Juez Federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, mediante el cual se había rechazado una medida cautelar autónoma promovida por la Fundación Argentina Azul contra el Estado Nacional, en relación con el eventual tránsito de una embarcación destinada a abastecer el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en el área de las Islas Malvinas.

La resolución fue firmada el martes 10 de noviembre por los camaristas Javier M. Leal de Ibarra y Aldo E. Suárez, en el expediente Nº FCR 18212/2026/1/CA1, caratulado “Fundación Argentina Azul c/ Estado Nacional – PEN s/ medida cautelar autónoma”.

El pronunciamiento adquiere particular relevancia porque la organización había solicitado que el Poder Judicial ordenara a organismos nacionales, entre ellos la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina, impedir el tránsito de embarcaciones que transportaran materiales destinados al proyecto Sea Lion sin contar con la autorización previa establecida por el Decreto Nacional Nº 256/2010.

 

El planteo por la navegación hacia las Islas Malvinas

 

Según consta en las actuaciones judiciales, la Fundación Argentina Azul sostuvo que las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration tendrían previsto comenzar durante 2027 las tareas de perforación en el yacimiento Sea Lion.

En ese contexto, denunció que el buque mercante M/V Danstar, de bandera chilena, habría sido contratado para establecer una línea regular de abastecimiento entre Punta Arenas, en Chile, y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas.

La presentación advertía que el recorrido atravesaría el Estrecho de Magallanes y aguas jurisdiccionales argentinas, mientras que el viaje inaugural habría sido anunciado para este miércoles 11 de noviembre.

La organización consideró que esa navegación podría comprometer los derechos soberanos argentinos y generar consecuencias ambientales, particularmente por su eventual vinculación con actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur.

También planteó que la embarcación operaría sin registrar determinados datos de identificación en sistemas públicos de seguimiento marítimo.

Sin embargo, estas circunstancias fueron expuestas como afirmaciones de la parte demandante y no quedaron acreditadas mediante elementos probatorios suficientes, según determinaron ambas instancias judiciales.

 

Los fundamentos de la Juez Federal de Río Grande

 

En su resolución original, la Dra. Mariel Borruto había considerado que la Fundación Argentina Azul no logró demostrar los requisitos legales necesarios para disponer una medida cautelar de semejante alcance.

La magistrada observó que no se habían acompañado actuaciones administrativas ni identificado incumplimientos concretos de las obligaciones de fiscalización correspondientes al Estado Nacional.

Asimismo, señaló que tampoco existían pruebas que permitieran establecer que el buque M/V Danstar careciera de la autorización exigida por el Decreto Nº 256/2010, o que esta le hubiera sido denegada.

En consecuencia, entendió que el solo anuncio de un viaje no resultaba suficiente para acreditar una amenaza concreta al ambiente o una afectación de la soberanía nacional.

La decisión fue apelada por la Fundación Argentina Azul, que cuestionó lo que consideraba un excesivo rigor formal y sostuvo que correspondía al propio Estado Nacional aportar la información administrativa sobre las autorizaciones de navegación.

La organización también invocó el principio precautorio ambiental y solicitó que distintos organismos públicos informaran, en un plazo de 24 horas, la situación administrativa de la embarcación.

 

La Cámara confirmó la falta de pruebas

 

Al analizar el recurso, los jueces de la Cámara Federal coincidieron con los fundamentos de la magistrada de primera instancia.

En particular, señalaron que la presentación contenía afirmaciones que no habían sido acompañadas por documentación o elementos que permitieran verificar los hechos denunciados.

El Tribunal fue especialmente contundente al referirse a la insuficiencia de los elementos aportados por la organización.

“Por otra parte, no puede soslayarse la completa orfandad probatoria que rodea este planteo”, expresaron los camaristas.

También advirtieron que la fundación había modificado aspectos sustanciales de su pretensión durante el trámite judicial, pasando de solicitar la prohibición de navegación a requerir que el propio Poder Judicial ordenara producir información para determinar si existían irregularidades.

Para los magistrados, esta circunstancia dificultaba identificar con precisión qué autoridad nacional habría incumplido una obligación legal y cuál debía ser el alcance de la medida solicitada.

La Cámara recordó, además, que la legitimación de las organizaciones ambientales para promover acciones judiciales no las exime de presentar un sustento mínimo de los hechos que denuncian.

 

Una advertencia sobre las consecuencias diplomáticas

 

Uno de los aspectos más significativos del pronunciamiento está relacionado con las competencias constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional y las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina.

La Cámara señaló que impedir por orden judicial la navegación de un buque mercante extranjero podría tener consecuencias diplomáticas concretas, especialmente por la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y del Tratado de Paz y Amistad celebrado entre la Argentina y Chile.

En particular, recordó que el artículo 10 de ese tratado establece la obligación argentina de garantizar la navegación expedita y sin obstáculos de embarcaciones de todas las banderas hacia y desde el Estrecho de Magallanes.

Los jueces consideraron que ordenar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad impedir el paso de una embarcación, sin contar con pruebas suficientes de una irregularidad, supondría una intervención judicial sobre atribuciones constitucionalmente reservadas al Poder Ejecutivo.

En ese sentido, advirtieron que una decisión semejante podría implicar que el Poder Judicial asumiera transitoriamente funciones vinculadas con la política exterior y el comando de las Fuerzas Armadas.

El Tribunal destacó que estas circunstancias exigían especial prudencia, dado que una orden de esa naturaleza podría generar efectos difíciles de revertir.

 

El principio precautorio ambiental también requiere fundamentos

 

Otro de los argumentos examinados fue la invocación del principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente Nº 25.675.

La Fundación Argentina Azul había sostenido que la posibilidad de un daño ambiental justificaba una intervención preventiva, aun cuando no se contara con información completa sobre la situación administrativa del buque.

Sin embargo, la Cámara explicó que la aplicación de ese principio requiere demostrar, al menos mediante indicios, la existencia de un peligro de daño grave o irreversible.

También recordó que las organizaciones cuentan con herramientas administrativas para solicitar información pública, entre ellas las previstas en la Ley Nº 27.275, sin que en el expediente se hubiera acreditado la utilización previa de esos mecanismos.

Por ello, los camaristas concluyeron que la resolución de la Juez Borruto no había incurrido en un formalismo excesivo, sino que se había limitado a exigir los requisitos mínimos necesarios para otorgar una medida cautelar.

 

Un fallo que confirma la decisión de primera instancia

 

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió rechazar el recurso presentado por la Fundación Argentina Azul y confirmar íntegramente la decisión de la Juez Federal de Río Grande en los aspectos cuestionados.

El Tribunal también dispuso que no se impusieran costas en la instancia de apelación, debido a que la contraparte no había intervenido en la sustanciación del recurso.

De esta manera, quedó ratificado el rechazo de la medida cautelar destinada a impedir la navegación del buque M/V Danstar.

No obstante, resulta importante precisar que el pronunciamiento no constituye una autorización judicial para realizar actividades petroleras en las Islas Malvinas ni implica un reconocimiento de legalidad de las operaciones vinculadas al proyecto Sea Lion.

La resolución se limita a establecer que, con los elementos presentados por la Fundación Argentina Azul, no se encontraban acreditados los requisitos jurídicos y probatorios necesarios para ordenar la intervención solicitada.

El fallo vuelve a colocar en el centro del debate la compleja relación entre la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, las obligaciones internacionales de navegación y las competencias de los distintos poderes del Estado.

En ese escenario, la Cámara Federal respaldó la actuación de la magistrada de Río Grande y dejó establecido que la invocación de la soberanía nacional y la protección ambiental, aun tratándose de cuestiones de indudable trascendencia, debe acompañarse de fundamentos concretos para justificar medidas judiciales de carácter excepcional.