Los doctores Andrés Fabián Basso, Ricardo Gil Lavedra y Ernesto Adrián “Nené” Löffler serán los expositores en el importante evento organizado por la UCES en Ushuaia este viernes 20 de noviembre a las 19 horas.

La UCES reunirá en Ushuaia a destacados juristas para debatir sobre la libertad de expresión y sus límites

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Fabián Basso; el reconocido abogado Ricardo Gil Lavedra y el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Dr. Ernesto Adrián “Nené” Löffler, participarán de una jornada académica organizada por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Durante una entrevista radial, Löffler adelantó los principales ejes del encuentro, que incluirá la protección de las fuentes periodísticas, la responsabilidad de los medios, los límites de las críticas a funcionarios públicos y los desafíos que plantean las noticias falsas y la inteligencia artificial en los procesos electorales. 

Río Grande, 18 de noviembre de 2026.- La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) realizará en Ushuaia una jornada académica dedicada a la libertad de expresión, con la participación de reconocidos especialistas del ámbito jurídico nacional y provincial.

La actividad, prevista para el jueves 20 de noviembre a las 19 horas, contará con las exposiciones del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Fabián Basso; el abogado Ricardo Gil Lavedra, integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares en 1985; y el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Ernesto Adrián Löffler.

Durante una entrevista concedida al programa “La Mañana de la Tecno”, por Radio Universidad 93.5 MHz, Löffler destacó la trascendencia institucional de la convocatoria y anticipó algunos de los temas que abordará en su exposición.

“La libertad de expresión es siempre un tema apasionante. Es un pilar esencial para el sistema republicano, para cualquier democracia sana”, sostuvo.

El magistrado remarcó que la jornada permitirá analizar las garantías constitucionales que protegen la circulación de ideas e información, así como los límites que la jurisprudencia establece cuando entran en conflicto con otros derechos, particularmente el honor y la intimidad de las personas.

 

La protección de las fuentes periodísticas

 

Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista estuvo relacionado con el derecho de los periodistas a preservar la identidad de sus fuentes de información.

Löffler explicó que esta garantía posee jerarquía constitucional y constituye una herramienta fundamental para el ejercicio independiente de la actividad periodística.

“La reserva de las fuentes de información es un principio que tiene jerarquía constitucional. El periodista siempre tiene ese derecho”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la Justicia ha reconocido especialmente la importancia de preservar la confidencialidad de quienes proporcionan información a los medios.

“La fuente de información y el acceso a las fuentes es sagrada”, expresó, al destacar la protección que la jurisprudencia otorga a este derecho.

El magistrado aclaró que, como regla general, los periodistas no pueden ser obligados a revelar la identidad de sus informantes, precisamente porque la confidencialidad constituye una condición esencial para que determinadas informaciones de interés público puedan llegar a conocimiento de la sociedad.

 

La doctrina Campillay y la responsabilidad de los medios

 

Löffler también adelantó que durante su exposición abordará la denominada doctrina Campillay, desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Explicó que esta jurisprudencia establece pautas para evaluar la responsabilidad de los medios de comunicación cuando difunden información que puede afectar derechos de terceros.

Entre las precauciones reconocidas por esta doctrina mencionó la atribución de la información a una fuente identificable, la utilización de expresiones potenciales y la preservación de la identidad de las personas involucradas.

Se trata de criterios destinados a favorecer la circulación de información de interés público sin desconocer la protección del honor y la reputación.

El ministro del Superior Tribunal destacó que los medios de comunicación cumplen una función indispensable dentro del sistema democrático, por su responsabilidad en la difusión de noticias, ideas y opiniones.

También anticipó que analizará la doctrina de la real malicia y las discusiones que existen sobre su aplicación en el ordenamiento jurídico argentino.

 

Los funcionarios públicos y los límites de la crítica

 

Otro de los puntos centrales de la exposición estará relacionado con la jurisprudencia que regula las críticas dirigidas a funcionarios públicos y personas que participan activamente del debate político.

Löffler explicó que quienes ejercen funciones públicas están sometidos a un mayor grado de escrutinio social y, por esa razón, deben tolerar críticas más intensas que las dirigidas a ciudadanos particulares.

Sin embargo, aclaró que esta protección reforzada del debate público no significa que cualquier expresión resulte jurídicamente admisible.

En ese marco, mencionó el precedente conocido como “Patitó”, en el que la Corte Suprema abordó los límites de las opiniones y la protección de la libertad de expresión.

Según explicó, existen situaciones en las que una crítica puede exceder los márgenes de protección constitucional, especialmente cuando incorpora insultos o expresiones innecesariamente agraviantes.

“El límite es el insulto, el límite es la opinión inútilmente vejatoria”, señaló.

Para ilustrar esta cuestión, recordó un antecedente judicial de Tierra del Fuego vinculado con expresiones dirigidas contra la exgobernadora Fabiana Ríos.

Löffler mencionó que un abogado había utilizado un término insultante para referirse a la entonces mandataria, lo que dio lugar a una demanda civil por daños y perjuicios.

El magistrado sostuvo que resulta legítimo cuestionar severamente la actuación de los funcionarios, pero que esa crítica debe distinguirse de los agravios personales que no aportan al debate de interés público.

 

Redes sociales, noticias falsas e interferencia electoral

 

La evolución de las tecnologías digitales y su impacto sobre la libertad de expresión ocuparán otro espacio importante en la jornada.

Löffler anticipó que analizará precedentes judiciales relacionados con las redes sociales y los problemas que plantea la difusión de información falsa o manipulada.

En particular, se refirió a las denominadas fake news y a los contenidos audiovisuales falsificados mediante herramientas tecnológicas, capaces de atribuir declaraciones inexistentes a dirigentes políticos.

El magistrado advirtió que estas prácticas pueden producir consecuencias especialmente graves cuando se utilizan durante campañas electorales.

Como ejemplo, recordó la circulación de un video falso atribuido al expresidente Mauricio Macri, difundido en un contexto electoral, en el que aparentemente recomendaba votar a un candidato diferente del respaldado por su propio espacio político.

Löffler consideró que estas maniobras pueden generar daños difíciles de revertir, incluso cuando posteriormente se demuestra que el contenido es falso.

“Hay que evitar estas prácticas y la Justicia no puede permanecer ajena frente a este fenómeno”, afirmó.

También mencionó experiencias internacionales vinculadas con la intervención de potencias extranjeras en campañas electorales mediante propaganda digital y operaciones de desinformación.

En ese contexto, hizo referencia a debates y decisiones judiciales desarrollados en Rumania, México y Brasil, donde se han examinado los efectos de la interferencia externa sobre la legitimidad de los procesos democráticos.

 

La inmunidad de opinión de los legisladores

 

Durante la entrevista, Löffler explicó además las diferencias existentes entre la protección constitucional de las opiniones de los legisladores nacionales y la situación de los integrantes de las legislaturas provinciales.

Recordó que el artículo 68 de la Constitución Nacional establece una inmunidad de opinión para diputados y senadores nacionales respecto de las expresiones realizadas en el ejercicio de sus funciones.

Esta garantía busca preservar la independencia del Poder Legislativo y evitar que sus integrantes sean perseguidos judicialmente por sus intervenciones parlamentarias.

El magistrado señaló que la situación de los legisladores provinciales de Tierra del Fuego presenta particularidades propias del régimen constitucional local.

Según explicó, la protección de sus expresiones no tiene exactamente el mismo alcance que la establecida para los legisladores nacionales.

También destacó que la libertad de expresión, reconocida por el artículo 14 de la Constitución Nacional, debe interpretarse de manera dinámica.

Aunque originalmente el texto constitucional hacía referencia a la publicación de ideas por la prensa, la evolución jurisprudencial extendió su protección a la radio, la televisión, el teatro y, más recientemente, las plataformas digitales.

El artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina consagra los derechos civiles fundamentales de todos los habitantes, los cuales deben ejercerse conforme a las leyes que los reglamentan. Sancionado en 1853, este artículo es un pilar de las libertades individuales en el país.

 

Una convocatoria abierta al ámbito judicial, académico y periodístico

 

Löffler destacó especialmente la trayectoria de los juristas invitados y consideró que la jornada representará una oportunidad para acceder a conocimientos y experiencias de gran valor académico.

En particular, elogió la participación de Ricardo Gil Lavedra, a quien describió como un expositor de reconocida trayectoria y experiencia.

También resaltó la presencia de Andrés Fabián Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

El ministro fueguino señaló que su propia intervención tendrá una duración aproximada de quince minutos, durante los cuales procurará presentar algunos de los principales problemas jurídicos vinculados con la libertad de expresión.

La actividad está dirigida especialmente a magistrados, funcionarios judiciales, abogados, docentes y estudiantes, aunque también reviste interés para periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

En ese sentido, el encuentro permitirá reflexionar sobre cuestiones que forman parte de la actividad cotidiana de la prensa, como la difusión de información de interés público, la protección de las fuentes, la responsabilidad por publicaciones y el tratamiento de contenidos en redes sociales.

La jornada organizada por la UCES ofrecerá así un espacio de reflexión sobre uno de los derechos fundamentales de la democracia, en un escenario en el que la circulación acelerada de información, las nuevas tecnologías y la creciente confrontación pública plantean desafíos cada vez más complejos para la Justicia, los medios de comunicación y la sociedad.