La legisladora de Sumemos Tolhuin aseguró que existen posibilidades de alcanzar los consensos necesarios para sancionar la Ley de Financiamiento Educativo en la próxima sesión de la Legislatura fueguina. Defendió la creación de un fondo destinado a salarios docentes, infraestructura escolar y equipamiento, y cuestionó a quienes, según sostuvo, utilizan políticamente el debate. También advirtió que nuevas postergaciones podrían perjudicar al sistema educativo provincial. 

Tolhuin, martes 10 de noviembre de 2026.- La legisladora provincial Gisela Dos Santos, representante del bloque Sumemos Tolhuin, expresó su confianza en que la Legislatura de Tierra del Fuego pueda alcanzar los acuerdos políticos necesarios para aprobar el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo durante la sesión prevista para el próximo 17 de noviembre.

La parlamentaria defendió la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, sostuvo que permitirá establecer un esquema de financiamiento complementario para el sistema educativo y rechazó los cuestionamientos de quienes advierten sobre la posibilidad de nuevas cargas económicas para los contribuyentes.

Sus declaraciones se produjeron luego de la sexta sesión ordinaria de la Legislatura, desarrollada el martes 3 de noviembre, que pasó a cuarto intermedio hasta el 17 del mismo mes.

Dos Santos consideró que este período debe aprovecharse para acercar posiciones entre los distintos bloques y resolver las diferencias que todavía impiden alcanzar un acuerdo definitivo.

 

“Soy optimista en que vamos a lograr los consensos necesarios”

 

La legisladora sostuvo que el proyecto representa una oportunidad para establecer mecanismos de organización, planificación y previsibilidad en la administración de los recursos educativos.

“Soy optimista en que vamos a lograr los consensos necesarios. Estamos hablando de una ley que viene a marcar un camino de organización, orden y previsibilidad para nuestro sistema educativo”, manifestó.

En ese sentido, explicó que la propuesta no se limita a incorporar nuevas fuentes de financiamiento, sino que también busca definir criterios para distribuir los recursos y establecer prioridades de inversión.

“No se trata solamente de generar más recursos, sino de establecer prioridades, planificar las inversiones y garantizar que esos fondos lleguen donde realmente se necesitan”, señaló.

 

El 40% para salarios docentes y otro 40% para infraestructura escolar

 

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la creación de un fondo específico destinado a complementar los recursos previstos en el presupuesto educativo provincial.

De acuerdo con lo explicado por Dos Santos, la distribución contemplada en la iniciativa establece que el 40% de los fondos se destine al fortalecimiento salarial docente y otro 40% a obras de infraestructura escolar.

El 20% restante se utilizaría para atender otras necesidades del sistema educativo, entre ellas la incorporación de equipamiento tecnológico y la adquisición de materiales didácticos.

La legisladora argumentó que la propuesta responde a problemas concretos que actualmente afectan a los establecimientos educativos y a sus trabajadores.

“Tenemos docentes que han perdido un 23% de su poder adquisitivo y establecimientos educativos que necesitan 33 refacciones y 133 intervenciones inmediatas”, afirmó.

Según explicó, las limitaciones presupuestarias dificultan la atención de esas necesidades y hacen necesario contar con herramientas adicionales de financiamiento.

“Son problemas concretos que hoy no encuentran respuestas suficientes porque los recursos del presupuesto no alcanzan. Esta ley busca justamente generar una herramienta adicional para empezar a resolverlos”, sostuvo.

 

Rechazó las acusaciones de un “impuestazo” o “tarifazo”

 

Uno de los puntos más controvertidos del debate legislativo está relacionado con los mecanismos previstos para obtener los recursos que integrarían el nuevo fondo educativo.

Frente a las críticas formuladas desde distintos sectores políticos, Dos Santos rechazó que la iniciativa represente un incremento generalizado de la presión tributaria o de las tarifas de servicios públicos.

“Quiero dejar algo muy claro: esto no es ningún impuestazo ni tarifazo”, aseguró.

La parlamentaria cuestionó además el tratamiento político que, a su entender, algunos sectores están dando al proyecto en un contexto marcado por las expectativas electorales del próximo año.

“Lamentablemente, algunos sectores están utilizando políticamente el tema, en un contexto donde muchos ya están pensando en las próximas elecciones”, manifestó.

En esa línea, reclamó que la discusión se concentre en el contenido de la iniciativa y no en interpretaciones que, según consideró, generan confusión entre los ciudadanos.

“Hay que discutir el contenido real de la ley y no instalar interpretaciones que generan confusión en la comunidad”, agregó.

 

Los recursos del Banco de Tierra del Fuego y los mecanismos vinculados con Camuzzi

 

Dos Santos explicó que el esquema de financiamiento contempla, entre otras fuentes, la utilización de un porcentaje de las utilidades del Banco de Tierra del Fuego y mecanismos vinculados con la empresa Camuzzi.

Según sostuvo, la iniciativa incorpora disposiciones destinadas a impedir que las cargas económicas previstas sean trasladadas a los usuarios de los servicios.

Este aspecto constituye uno de los puntos relevantes del debate, debido a que distintos legisladores han expresado reparos sobre los efectos que podrían tener los mecanismos de recaudación contemplados en el proyecto.

La posición de Dos Santos es que esas objeciones deben discutirse sobre la base del contenido de la propuesta y las herramientas de protección previstas para los consumidores.

 

Un plan educativo provincial y un Observatorio para controlar los recursos

 

La legisladora también destacó que la iniciativa incorpora mecanismos de planificación y seguimiento que exceden la cuestión estrictamente presupuestaria.

Entre ellos se encuentra la obligación de presentar un plan educativo provincial dentro de los 180 días posteriores a la sanción de la ley.

Asimismo, contempla la creación de un Observatorio Educativo, destinado a monitorear indicadores, evaluar inversiones y contribuir al seguimiento de los recursos utilizados.

Dos Santos consideró que estas herramientas permitirían avanzar hacia una administración más ordenada y transparente del sistema educativo.

“Esta ley también plantea discutir cómo se utilizan los recursos, qué prioridades tenemos y hacia dónde queremos llevar la educación fueguina”, expresó.

“Necesitamos planificación, seguimiento y transparencia. No podemos seguir atendiendo los problemas solamente cuando aparecen las urgencias”, añadió.

 

Más de dos años y medio de trabajo y un dictamen de mayoría

 

La parlamentaria recordó que la elaboración de la propuesta demandó más de dos años y medio de trabajo, durante los cuales participaron representantes de distintos bloques políticos, organismos provinciales y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).

Aunque el proyecto actualmente en discusión fue remitido por el Poder Ejecutivo, Dos Santos señaló que incorpora aportes provenientes de cuatro iniciativas legislativas.

También recordó que el pasado 29 de octubre obtuvo dictamen de mayoría, circunstancia que consideró un avance significativo para su tratamiento parlamentario.

En este contexto, manifestó su preocupación por la posibilidad de que el debate vuelva a postergarse o quede condicionado al tratamiento del Presupuesto Provincial 2027.

“Después de tanto tiempo de trabajo, plantear nuevas postergaciones o condicionar el tratamiento a los tiempos del presupuesto puede terminar obstaculizando una herramienta que la educación necesita”, advirtió.

La legisladora reconoció que existen diferencias legítimas entre los bloques, aunque insistió en que esas posiciones no deberían impedir la búsqueda de acuerdos.

“Las diferencias son legítimas y estamos dispuestos a discutirlas, pero no podemos permitir que las especulaciones políticas estén por encima de las necesidades de nuestros docentes y estudiantes”, afirmó.

 

El 17 de noviembre, una fecha clave para el debate educativo

 

La próxima sesión legislativa aparece como una instancia importante para definir el futuro del proyecto, que ha generado posiciones encontradas sobre la necesidad de incorporar recursos adicionales y los mecanismos previstos para obtenerlos.

Mientras sus impulsores consideran que la iniciativa permitirá atender necesidades salariales, edilicias y pedagógicas, los sectores críticos mantienen cuestionamientos sobre sus fuentes de financiamiento y sus posibles consecuencias económicas.

En ese escenario, Dos Santos reiteró su disposición a continuar trabajando para reunir las voluntades necesarias que permitan avanzar con la sanción.

“Tenemos hasta el 17 de noviembre para encontrar los acuerdos. La educación pública necesita recursos, pero también orden, planificación y decisiones”, manifestó.

Finalmente, la legisladora de Sumemos Tolhuin sostuvo que el proyecto representa una oportunidad para modificar la manera en que se planifican y administran las inversiones educativas.

“Esta ley busca marcar un nuevo rumbo y tenemos la responsabilidad de trabajar para que finalmente se convierta en una realidad”, concluyó.

La definición quedará en manos de los legisladores provinciales, que deberán resolver si existen los consensos suficientes para aprobar el nuevo esquema de financiamiento educativo o si las diferencias políticas y económicas obligarán a continuar el debate.