El contador Ramón Gallardo presentó ante entidades empresariales nacionales una serie de propuestas orientadas a reducir la incidencia de los impuestos sobre el crédito, estimular el consumo y mejorar la competitividad de las empresas argentinas. El presidente de CAFUFAMA e integrante de espacios de representación de FAIMA y la UIA planteó la necesidad de alcanzar un nuevo consenso fiscal entre Nación y las provincias, revisar tributos que considera distorsivos y retomar la discusión sobre la coparticipación federal.

Río Grande, 5 de octubre de 2026.- El contador Ramón Gallardo expuso una serie de propuestas que presentó durante los últimos meses ante ámbitos empresariales nacionales, con el objetivo de reducir la presión tributaria que recae sobre el financiamiento, las empresas y el consumo.

Entrevistado en “La Mañana de la Tecno”, por Radio Universidad 93.5 MHz, Gallardo explicó que realizó dos presentaciones: la primera durante julio ante la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el Departamento PyME de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); y una segunda propuesta durante septiembre.

El contador sostuvo que sus planteos surgieron frente a la caída del consumo, las dificultades que atraviesan empresas y comercios y los problemas de competitividad de la producción nacional frente a bienes importados.

Bajar el costo financiero para impulsar el consumo

La primera propuesta estuvo dirigida particularmente al costo del crédito.

Gallardo explicó que detrás de la tasa nominal ofrecida por una entidad financiera existe una serie de componentes tributarios que terminan elevando significativamente el costo financiero total.

Entre ellos mencionó el IVA, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, Sellos y, dependiendo de la jurisdicción, tasas municipales.

Según los cálculos expuestos por el contador, la incidencia de esos conceptos puede representar entre un 48% y un 60% adicional sobre la tasa aplicada por la entidad financiera.

“En el costo financiero total vos vas a encontrar que el banco te cobra una tasa nominal, por ejemplo, del 50%. Y después están el IVA, Ingresos Brutos, impuesto al cheque y las tasas municipales”, explicó.

A modo de ejemplo, sostuvo que una tasa nominal del 50%, una vez incorporados impuestos y gastos administrativos, puede derivar en un costo financiero total superior al 100%.

Un acuerdo entre Nación y las provincias

Frente a esta situación, Gallardo propuso avanzar en un acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias para disminuir la incidencia tributaria sobre los intereses y, a partir de allí, abaratar el financiamiento.

El objetivo, explicó, no debería limitarse exclusivamente a quienes actualmente se encuentran en situación de morosidad, sino generar condiciones para una reducción general del costo del crédito que permita recuperar el consumo.

En ese contexto mencionó experiencias desarrolladas en distintas jurisdicciones, entre ellas Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, que implementaron reducciones o exenciones tributarias destinadas a determinados deudores.

También hizo referencia a medidas instrumentadas por el Banco Tierra del Fuego frente al crecimiento de la morosidad.

El reclamo por los impuestos distorsivos

La segunda propuesta presentada por Gallardo durante septiembre estuvo enfocada directamente en la presión fiscal y su incidencia sobre la competitividad.

El contador identificó entre los denominados impuestos distorsivos a Ingresos Brutos, Sellos, el impuesto al cheque y determinadas tasas municipales, debido a su acumulación dentro de las cadenas productivas y comerciales.

Gallardo citó un estudio de la UIA realizado sobre 30 países y sostuvo que este tipo de gravámenes coloca a la producción argentina en una situación desfavorable frente a productos provenientes de mercados donde esas cargas no existen.

El problema, explicó, no solamente afecta a quienes compiten con productos importados dentro del mercado argentino, sino también a las empresas que pretenden exportar, debido a que parte de esa carga tributaria queda incorporada al precio final.

Un nuevo consenso fiscal

Gallardo consideró que una de las herramientas necesarias para comenzar a modificar esa estructura sería alcanzar un nuevo consenso fiscal entre Nación, las provincias y las jurisdicciones municipales.

Recordó que el Consenso Fiscal de 2017 establecía límites para determinadas cargas provinciales, pero señaló que modificaciones posteriores dejaron sin efecto parte de ese esquema.

“Las necesidades del Estado muchas veces no tienen límite, pero sí tiene límite quien aporta los fondos, porque los fondos son finitos, no ilimitados”, sostuvo.

Volver a discutir la coparticipación federal

El planteo se completa con una discusión de mayor alcance: la coparticipación federal.

Gallardo sostuvo que debería retomarse el debate sobre la distribución de recursos entre Nación y las provincias, aunque reconoció las dificultades políticas e institucionales que implica alcanzar un acuerdo entre todas las jurisdicciones.

Según explicó, las cámaras empresariales buscan que este debate sea impulsado también desde cada provincia como parte de una estrategia destinada a disminuir la presión tributaria y recuperar competitividad.

Gallardo relacionó sus propuestas con planteos que también surgieron en ámbitos empresarios nacionales vinculados con la reducción de la presión fiscal, la necesidad de un nuevo pacto fiscal y la discusión sobre la coparticipación.

De esta manera, resumió el objetivo de sus presentaciones en dos grandes desafíos estrechamente relacionados: abaratar el financiamiento para contribuir a recuperar el consumo y modificar una estructura tributaria que, según sostiene, limita la capacidad de competir de las empresas argentinas.