La presidente del bloque de legisladores provinciales de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, cuestionó el proyecto de Financiamiento Educativo enviado por el Poder Ejecutivo y sostuvo que la iniciativa busca trasladar a contribuyentes y sectores económicos el costo del acuerdo alcanzado con el SUTEF. También defendió su voto para retirar el trámite de urgencia y reclamó revisar la utilización de los recursos existentes antes de establecer nuevas cargas tributarias.

Ushuaia, 5 de octubre de 2026.- La legisladora provincial Natalia Gracianía, titular del Bloque de Legisladores de La Libertad Avanza (LLA) cuestionó el proyecto de Financiamiento Educativo impulsado por el Gobierno provincial y advirtió sobre el impacto que, según su análisis, podrían tener los mecanismos previstos para obtener los recursos necesarios.

En declaraciones a Radio Provincia, la parlamentaria también se refirió a lo ocurrido durante la última sesión de la Legislatura, cuando por una votación de 8 a 7 no prosperó el pedido para retirar el trámite de urgencia del proyecto.

Gracianía defendió su voto a favor de quitar ese mecanismo y consideró que una iniciativa que involucra modificaciones tributarias y compromete recursos futuros requiere un debate más amplio en las comisiones legislativas.

“¿Por qué la Legislatura tiene que estar atada a un acuerdo?”

Uno de los principales cuestionamientos de Gracianía estuvo dirigido a la relación entre el proyecto presentado por el Ejecutivo y el acuerdo alcanzado con el SUTEF luego del conflicto docente.

“¿Por qué la Legislatura tiene que estar atada a un acuerdo que hizo el Gobernador?”, planteó.

Desde su perspectiva, el Parlamento no debería quedar condicionado por los compromisos asumidos entre el Poder Ejecutivo y el sindicato docente ni resolver su financiamiento mediante nuevas cargas sobre otros sectores.

La legisladora vinculó esa situación con los 46 días de paro docente y cuestionó la manera en que el Gobierno provincial administró el conflicto.

“Yo hubiera dictado la conciliación obligatoria desde el minuto cero”, afirmó.

Cuestionamientos al 3% sobre el BTF

Gracianía también puso el foco en algunos de los mecanismos contemplados en la iniciativa, entre ellos el adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre actividades gravadas del Banco Tierra del Fuego (BTF).

En ese punto, planteó interrogantes respecto de quién terminaría absorbiendo el incremento.

“Hay que ver quién se va a hacer cargo de este 3%, si lo va a pagar el banco o si se lo va a trasladar a los clientes”, señaló.

También cuestionó la alícuota del 3,4% vinculada a la distribución de gas natural, al advertir sobre un eventual traslado de esos mayores costos.

Recursos futuros e hidrógeno verde

Otro aspecto observado por la legisladora fue la incorporación de recursos futuros provenientes de actividades que todavía no se encuentran desarrolladas plenamente en Tierra del Fuego.

Gracianía mencionó específicamente el hidrógeno verde y cuestionó que se proyecten ingresos sobre esa actividad.

“Estamos legislando a futuro sobre algo que no existe”, sostuvo, y calificó como “un dibujo” la incorporación de esos eventuales recursos dentro del esquema.

Para la representante de LLA, antes de avanzar con nuevas fuentes de financiamiento debería realizarse una revisión de la utilización de los fondos que actualmente dispone el Estado provincial.

En ese marco, reclamó analizar las horas cátedra, el gasto del sistema educativo y el destino de los recursos existentes.

“No vamos a convalidar cualquier cosa”

Gracianía confirmó que participará del tratamiento del proyecto en comisión, aunque anticipó que su espacio planteará objeciones a los mecanismos que considere inconvenientes.

“Nosotros vamos a participar del debate, pero no vamos a convalidar cualquier cosa. Vamos a actuar con responsabilidad y vamos a poner los puntos sobre la mesa”, afirmó.

La legisladora sostuvo finalmente que la discusión sobre el financiamiento educativo no debería limitarse a la generación de nuevos recursos mediante modificaciones tributarias, sino que también debería incluir un análisis de cómo se administran actualmente los fondos destinados al sistema educativo provincial.