El legislador Federico Greve (FORJA) defendió en comisión el proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo enviado por el Poder Ejecutivo y sostuvo que la iniciativa debe analizarse como una herramienta de largo plazo para garantizar recursos destinados a la educación. Rechazó que se trate simplemente de un “impuestazo”, aunque reconoció que las modificaciones de alícuotas y su eventual impacto sobre las tarifas deberán ser discutidas artículo por artículo.

Ushuaia, 7 de octubre de 2026.- El legislador provincial Federico Greve (FORJA) defendió el proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo impulsado por el Poder Ejecutivo y sostuvo que la discusión debe superar la coyuntura para avanzar hacia una política de Estado que otorgue previsibilidad a la inversión educativa en Tierra del Fuego.

Durante el tratamiento en comisión, Greve planteó que el objetivo central de la iniciativa es establecer un esquema que permita sostener y aumentar progresivamente los recursos destinados al sistema educativo, evitando que su financiamiento dependa exclusivamente de las decisiones presupuestarias adoptadas cada año.

Una meta del 7,8% del PBG

El proyecto contempla la creación de un Fondo de Financiamiento Educativo cuyos recursos tendrán afectación específica para el sistema.

Además, establece como objetivo alcanzar progresivamente una inversión equivalente al 7,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial en un horizonte de hasta cinco ejercicios, contemplando para ello la evolución de la economía.

De acuerdo con la distribución prevista en la iniciativa, al menos el 50% de los recursos estará destinado al salario docente; un 25% tendrá como destino el mantenimiento y la infraestructura educativa; y otro 15% se orientará a equipamiento tecnológico y recursos didácticos.

“Esta ley es de convergencia”

Greve definió la iniciativa como una ley “de convergencia” y explicó que se busca establecer un sendero progresivo de crecimiento de la inversión educativa.

“Esta ley es de convergencia”, afirmó el legislador.

En ese sentido, sostuvo que el propósito es sacar la discusión educativa de las necesidades inmediatas de cada ejercicio presupuestario y avanzar hacia un esquema de financiamiento con objetivos establecidos a mediano y largo plazo.

La intención, según explicó, es convertir el financiamiento del sistema educativo en una política de Estado que pueda sostenerse más allá de las circunstancias económicas y políticas de cada año.

Rechazó hablar de un “impuestazo”

Uno de los puntos centrales del debate estuvo relacionado con las modificaciones tributarias contempladas para obtener parte de los recursos necesarios.

Greve rechazó que el proyecto pueda reducirse a la definición de un “impuestazo”.

“Esto no es una tarifaria”, sostuvo.

No obstante, reconoció que las modificaciones de alícuotas previstas y su eventual incidencia sobre las tarifas de determinados servicios deberán ser analizadas particularmente durante el tratamiento legislativo.

De esta manera, diferenció el objetivo general de la ley de los mecanismos específicos previstos para financiarla, sobre los cuales consideró que existe margen para discutir modificaciones.

“No hay una ley mágica”

El legislador también advirtió que la eventual sanción de la iniciativa no resolverá por sí sola todos los problemas que atraviesa el sistema educativo provincial.

“No hay una ley mágica”, expresó.

Greve definió el proyecto como “un puntapié” para iniciar un proceso que necesariamente deberá ser evaluado y revisado con el transcurso del tiempo.

También recordó que la discusión sobre un mecanismo específico de financiamiento educativo no comenzó con la actual propuesta del Ejecutivo y mencionó como antecedente el proyecto presentado por el SUTEF en 2024.

La Legislatura como ámbito para construir consensos

Finalmente, Greve reivindicó el papel de la Legislatura como espacio para debatir, introducir modificaciones y construir los consensos necesarios alrededor de la iniciativa.

El parlamentario dejó abierta de esa manera la posibilidad de modificar aspectos del texto enviado por el Ejecutivo durante su tratamiento en comisión, particularmente aquellos relacionados con las herramientas previstas para obtener los recursos.

“Seguramente no va a salir la mejor ley. Es la ley que se puede llegar a hacer con los consensos”, expresó.

Para Greve, el desafío será alcanzar un acuerdo que permita establecer un esquema permanente y previsible de financiamiento, con recursos afectados específicamente a salarios, infraestructura, mantenimiento, tecnología y recursos didácticos, y que coloque a la educación como una política de Estado de largo plazo en Tierra del Fuego.