El integrante de la comisión de APDFA y trabajador de planta permanente del puerto cuestionó con dureza la continuidad de la intervención nacional, responsabilizó al gobernador Gustavo Melella por no haber defendido los intereses de la provincia y advirtió sobre un eventual proceso de privatización. También criticó la falta de respuestas de la Justicia Federal y reclamó una estrategia integral para el desarrollo del sistema portuario fueguino.

Ushuaia (7 de julio).- El integrante de la comisión de la Asociación del Personal de la Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) y trabajador de planta permanente del Puerto de Ushuaia, Juan Segovia, renovó sus críticas a la intervención del organismo dispuesta por el Gobierno nacional, calificándola como una medida “arbitraria e injusta” y sostuvo que, con el paso de los meses, ninguno de los argumentos utilizados para justificarla logró sostenerse.

Durante una extensa entrevista concedida a Aire Libre FM, el dirigente sindical afirmó que la decisión terminó perjudicando a Tierra del Fuego, al tiempo que cuestionó el accionar del Gobierno provincial, de algunos sectores gremiales y de la Justicia Federal.

 

“Nunca existieron fundamentos sólidos”

 

Segovia recordó que inicialmente se intentó justificar la intervención con la posibilidad de destinar recursos portuarios al financiamiento del sistema sanitario provincial, una iniciativa que finalmente no prosperó.

Posteriormente, explicó, comenzaron a mencionarse problemas vinculados al estado del muelle y al mantenimiento de las defensas, aunque consideró que esas tareas forman parte del funcionamiento habitual de cualquier infraestructura portuaria y que los tiempos administrativos propios del Estado dificultan la adquisición de equipamiento específico.

Para el trabajador portuario, ninguno de esos argumentos alcanzó para justificar la intervención.

 

Críticas al Gobierno provincial

 

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al gobernador Gustavo Melella, a quien responsabilizó por no haber defendido institucionalmente al Puerto de Ushuaia.

Segovia sostuvo que el puerto constituye uno de los principales motores económicos de la provincia y aseguró que los recursos generados por la actividad ya no permanecen en Tierra del Fuego, sino que son administrados fuera de la jurisdicción provincial.

También cuestionó a la dirigencia política fueguina por considerar que priorizó disputas internas antes que la defensa del patrimonio provincial.

 

Un sistema portuario sin planificación

 

Durante la entrevista, Segovia manifestó su respaldo al desarrollo del Puerto de Río Grande siempre que forme parte de una estrategia provincial de largo plazo.

En ese sentido, afirmó que actualmente no existe una planificación integral del sistema portuario fueguino y consideró necesario diseñar políticas que contemplen el desarrollo conjunto de toda la infraestructura marítima de la provincia.

 

Cuestionamientos a la conducción del organismo

 

El dirigente sindical también criticó las designaciones políticas realizadas al frente del puerto y sostuvo que administrar una terminal portuaria requiere conocimientos técnicos específicos que muchas veces no son considerados al momento de designar autoridades.

Como ejemplo mencionó obras ejecutadas en el pasado que, según su visión, nunca llegaron a cumplir los objetivos para los cuales fueron proyectadas.

 

Reclamos a la Justicia Federal

 

Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo centrado en la actuación de la Justicia Federal.

Segovia señaló que APDFA realizó las presentaciones judiciales correspondientes para cuestionar la legalidad de la intervención, aunque lamentó la demora en la resolución del expediente.

A su criterio, una respuesta judicial más rápida habría permitido restituir el funcionamiento institucional previo y el regreso de los trabajadores a sus funciones específicas.

Asimismo, expresó cuestionamientos hacia algunos sectores gremiales, al considerar que podrían haber tenido una participación más activa en la defensa del organismo.

 

“Vinieron por la caja”

 

Para Segovia, el verdadero objetivo de la intervención nunca estuvo relacionado con cuestiones operativas ni de seguridad.

En ese contexto sostuvo que la finalidad habría sido controlar los recursos económicos que genera la actividad portuaria y cuestionó la incorporación de personal al que calificó como inexperto para desempeñar funciones dentro del organismo.

También recordó declaraciones vinculadas con eventuales procesos de tercerización, planteando interrogantes sobre el futuro de la administración portuaria.

 

Temor a una eventual privatización

 

Uno de los aspectos que mayor preocupación genera entre los trabajadores, según expresó Segovia, es la posibilidad de que la intervención constituya el paso previo hacia un proceso de privatización.

Recordó la oposición sindical a iniciativas relacionadas con el alquiler de instalaciones portuarias y defendió el carácter público del puerto, cuya infraestructura —afirmó— fue construida durante décadas con inversión estatal y el esfuerzo de varias generaciones de trabajadores.

 

“La seguridad nunca mejoró”

 

Respecto de otro de los argumentos utilizados para justificar la intervención, Segovia aseguró que no se registraron mejoras sustanciales en materia de seguridad portuaria.

Indicó que la última temporada de cruceros se desarrolló con normalidad y sostuvo que las tareas de mantenimiento continúan realizándose, aunque con personal que ya no desempeña las funciones para las cuales fue capacitado originalmente.

 

Convocatoria a defender el patrimonio provincial

 

Sobre el final de la entrevista, el representante de APDFA convocó a los distintos sectores políticos, empresariales, gremiales e institucionales de Tierra del Fuego a debatir el futuro del Puerto de Ushuaia.

Consideró que la infraestructura portuaria constituye un activo estratégico para el desarrollo provincial y advirtió que, cuando predominan intereses económicos particulares, el puerto deja de ser un patrimonio de todos los fueguinos.