Daniel Guzmán, veterano de guerra y director de Agenda Malvinas, alerta sobre una política exterior que subordina la soberanía a intereses geoestratégicos ajenos. La confluencia de intereses norteamericanos en la región, la presencia creciente de actores militares y comerciales en el Atlántico Sur, y la conducta ambivalente —cuando no complaciente— de gobiernos provinciales y nacionales ante movimientos que, en la práctica, reducen la capacidad de Argentina para ejercer soberanía plena sobre su espacio marítimo y antártico. “No sería distinta a lo que ya hace Gran Bretaña, pero con mucho más ímpetu”, advirtió Guzmán sobre la hipotética entrada estadounidense en la región.

Río Grande.- La posibilidad de que el Gobierno nacional negocie la recuperación de las Islas Malvinas condicionada a la presencia de una base militar estadounidense —una idea que parecía pertenecer al terreno de la conspiración— ganó en las últimas semanas la seriedad de los hechos cuando figuras públicas de peso la pusieron sobre la mesa. Horacio Verbitsky, en una columna reproducida y comentada por medios especializados, instaló la hipótesis: ¿podría Europa (Gran Bretaña) aceptar ceder soberanía a cambio de que Estados Unidos controle militarmente la región? Para muchos, esa versión sonó inverosímil; para Daniel Guzmán, veterano de la guerra, periodista y responsable del portal Agenda Malvinas, no sólo es pertinente sino que su aparición debe obligar a una reflexión profunda y urgente sobre la orientación de la política exterior argentina.

Guzmán habló con FM del Pueblo y su voz, curtida por la experiencia del combate y por años de seguimiento informativo, trazó un mapa de alarmas: la confluencia de intereses norteamericanos en la región, la presencia creciente de actores militares y comerciales en el Atlántico Sur, y la conducta ambivalente —cuando no complaciente— de gobiernos provinciales y nacionales ante movimientos que, en la práctica, reducen la capacidad de Argentina para ejercer soberanía plena sobre su espacio marítimo y antártico. “No sería distinta a lo que ya hace Gran Bretaña, pero con mucho más ímpetu”, advirtió Guzmán sobre la hipotética entrada estadounidense en la región.

Una hipótesis que deja de ser gratuita

La hipótesis de una negociación que vincule la recuperación de soberanía con la instalación de una base no surge del vacío. En el último año hubo una sistemática intensificación de la relación entre la Casa Rosada y funcionarios y mandos estadounidenses: visitas de autoridades, acuerdos logísticos y conversaciones que, según denuncias y análisis, resignificarían la estratégica base que representa la Patagonia austral. El presidente Javier Milei mismo, en distintos foros, ha señalado públicamente que la instalación de infraestructuras en Ushuaia forma parte de una estrategia más amplia para “recuperar” las Malvinas por vías que no sean necesariamente militares, aunque la retórica oficial y las gesticulaciones geoestratégicas han dejado inquietudes claras en sectores críticos.

A esa trama se le suman informaciones periodísticas que mencionan contactos entre sectores del oficialismo argentino y administraciones norteamericanas, además de declaraciones públicas desde el Comando Sur que sugieren interés en la región antártica y subantártica como nodo estratégico. En ese marco, lo que para algunos podría ser una “oportunidad histórica” —como lo vieron ciertos voceros políticos— para recuperar malas pasadas del pasado, para Guzmán se presenta como una renuncia previa: “¿entregaríamos soberanía a cambio de una base que nos convertiría en peón estratégico de terceros?”, se preguntó.

El costado económico: petróleo, pesca y puertos

La discusión que propone Verbitsky y que Guzmán analiza no es sólo geopolítica: tiene un importante componente económico. Las islas y su plataforma marina albergan recursos pesqueros y potencial hidrocarburífero —actividades que ya hoy generan tensiones y beneficios concentrados—; si a eso se suma la idea de convertir la región en un nodo logístico para el control del Paso del Estrecho de Magallanes y de flujos hacia la Antártida, el valor estratégico se multiplica. Guzmán recordó que Gran Bretaña viene desarrollando inversiones —puertos, logística, explotación— y que una potencia con la capacidad de despliegue estadounidense podría ampliar exponencialmente esas operaciones, con beneficios que en muchos casos no recaerían en la población local ni en el Estado argentino.

En el terreno práctico, Guzmán subrayó otro punto: las decisiones sobre vuelos, escalas y autorizaciones —como los recientes pasos de aeronaves británicas por espacio aéreo argentino o escalas comerciales— se vienen tomando sin la información pública adecuada ni la intervención firme de la Cancillería o del gobierno provincial. “No hay, digamos, nadie que le diga ‘por acá no puede’”, señaló, en referencia a permisos que debieran fiscalizarse con mayor rigor en defensa de la soberanía. El vacío informativo y la opacidad administrativa son para él tan peligrosos como cualquier negociación secreta. (Fragmentos de la entrevista).

Qué dicen las fuentes oficiales y qué reclaman los críticos

El cruce de señales es confuso y, para Guzmán, peligroso. Por un lado, existen declaraciones públicas del propio Ejecutivo que alternan afirmaciones de soberanía con mensajes de apertura a EE. UU. en materia de cooperación. Por otro, voces del Congreso y del movimiento veterano han cuestionado fuertemente la posibilidad de habilitar presencia militar extranjera en la región, calificándola como un riesgo para la autonomía estratégica nacional. Incluso senadores y referentes políticos han planteado que entregar bases sin debate legislativo y sin consenso nacional sería “muy grave”.

Guzmán no sin razón apunta también al rol de Tierra del Fuego: la provincia que dice custodiar el Atlántico Sur y la proximidad antártica no parece haber ejercido la defensa institucional que su condición exige. En su visión, los gobiernos provinciales han alternado declaraciones simbólicas con una ausencia práctica que favorece decisiones centralizadas, o incluso ajenas, sobre el destino de recursos y espacios. “Tenemos un gobierno legal arrinconado por sus propias políticas”, dijo Guzmán, y reclamó una revisión de las leyes y de la gobernanza territorial para recuperar capacidad de decisión.

Riesgos político-diplomáticos y escenarios

Aceptar la instalación de una base extranjera —aun con la promesa de un arreglo sobre Malvinas— implicaría, según Guzmán, someter la política soberana a lógicas de dependencia. El hecho de que el debate se ubique hoy en ámbitos informales o en columnas de opinión, más que en un debate parlamentario amplio, expone el déficit democrático del proceso. Guzmán advierte dos riesgos contemporáneos: primero, la “comodificación” de la soberanía, tratada como moneda de cambio; segundo, la pérdida de autonomía estratégica frente a una potencia cuya prioridad es su interés, no el desarrollo soberano argentino.

En términos prácticos, los escenarios posibles van desde la negociación diplomática convencional hasta acuerdos de interoperabilidad militar o logísticos que impliquen presencia permanente de fuerzas extranjeras. Cada paso tendría efectos jurídicos y políticos: desde la posible erosión del reclamo histórico ante la ONU hasta complicaciones en la economía local, donde la presencia extranjera no garantiza redistribución de beneficios.

La voz de los que saben: Guzmán y la memoria de Malvinas

La fortaleza del análisis de Guzmán radica en su doble condición: testigo de guerra y observador crítico. Su historial le permite articular la dimensión emocional del reclamo con análisis fríos sobre intereses estratégicos. En la desgrabación de la entrevista tomada por FM del Pueblo enfatizó que “el presente y el futuro de la Antártida ya están en juego” y criticó la falta de medidas locales y nacionales para proteger los intereses argentinos. Reclamó además transparencia: “Si hay vuelos, explicaciones; si hay acuerdos, debate público —no arreglos a espaldas del pueblo”, demandó.

Conclusión: soberanía o subordinación

El debate instalado por Verbitsky y analizado por Guzmán obliga a una pregunta básica: ¿quién define la política de soberanía de Argentina? Si la respuesta se desplaza a acuerdos bilaterales opacos o a intercambios donde la soberanía se convierte en moneda de negociación, el país corre el riesgo de perder no solo recursos, sino capacidad de decisión sobre su propio destino estratégico. Daniel Guzmán, desde la experiencia y el compromiso con la causa Malvinas, reclama una salida clara: debate público, control legislativo, y una política que no confunda la recuperación simbólica de territorios con la entrega real de autonomía.

Mientras las versiones sobre bases, vuelos y acuerdos flotan entre columnas de opinión y filtraciones, la comunidad veterana, los sectores académicos y buena parte de la opinión pública exigen certezas: transparencia, soberanía efectiva y una estrategia nacional que ponga a la Argentina en posición de defender sus derechos sin hipotecar su futuro. El resto será, como advierte Guzmán, “ceder a intereses que no son los nuestros”.