La presidente del Bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial solicitó a la Comisión Evaluadora precisiones sobre los parámetros utilizados en la etapa de admisibilidad del concurso público. El planteo surge tras inquietudes manifestadas por postulantes y busca garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y seguridad jurídica en el proceso de selección.
Ushuaia.- La legisladora provincial Natalia Gracianía presentó una nota formal ante la Comisión Evaluadora del concurso público destinado a la designación del futuro Defensor o Defensora Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicitando una revisión de los criterios aplicados durante la etapa de admisibilidad de los postulantes.
La parlamentaria realizó la presentación luego de que se conocieran los listados oficiales de aspirantes admitidos y no admitidos, instancia que generó consultas e inquietudes por parte de algunos participantes respecto de los parámetros utilizados para determinar las exclusiones.
Uno de los puntos señalados está vinculado al requisito de residencia, causal que —según surge del análisis realizado sobre los rechazos informados— concentró más del 84% de los casos de no admisión.
Ante esta situación, Gracianía solicitó que la Comisión Evaluadora pueda detallar de manera clara los criterios utilizados para analizar cada presentación, con el objetivo de fortalecer la transparencia del procedimiento y garantizar condiciones equitativas para quienes participaron de la convocatoria pública.
“Un proceso de esta importancia debe brindar todas las garantías”
La legisladora remarcó que la elección de quien tendrá la responsabilidad de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes requiere un mecanismo institucional claro y sin cuestionamientos.
“La designación de una figura tan importante para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes exige un procedimiento transparente, previsible y que brinde garantías a todos los participantes”, expresó Gracianía.
Asimismo, solicitó la suspensión de los plazos administrativos vigentes hasta tanto se puedan brindar las aclaraciones correspondientes sobre los criterios adoptados en la etapa de evaluación.
Desde esa perspectiva, sostuvo que despejar cualquier duda resulta fundamental para preservar la confianza pública en el concurso y asegurar que la selección avance bajo principios de objetividad e imparcialidad.
Fortalecer la legitimidad del proceso
Finalmente, Gracianía aclaró que el pedido apunta a fortalecer el procedimiento institucional y garantizar que una designación de esta relevancia cuente con los mayores estándares de transparencia.
La figura del Defensor o Defensora Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tendrá un rol central en la promoción, protección y seguimiento de políticas destinadas a garantizar los derechos de las infancias y adolescencias en Tierra del Fuego.
