El ex secretario general de la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) e integrante del movimiento Agenda Popular, Gerónimo Ruiz, difundió un documento titulado “¿Quién defiende la patria?”, en el que formuló fuertes cuestionamientos a la dirigencia política de Tierra del Fuego por lo que considera una deuda histórica con sus habitantes. Reivindicó la Ley Nacional 19.640 como una herramienta económica, geopolítica y estratégica para la soberanía argentina, denunció la naturalización de la pobreza y reclamó una distribución más equitativa de los ingresos, la regulación de precios y modificaciones a la Ley Provincial 844 de Abastecimiento. También sostuvo que el movimiento obrero organizado debe asumir un papel central en la defensa de los intereses provinciales y nacionales.
Río Grande, 25 de octubre de 2026.- El ex secretario general de ASOEM e integrante del movimiento Agenda Popular, Gerónimo Ruiz, planteó la necesidad de revisar profundamente el modelo económico y social de Tierra del Fuego, al considerar que la dirigencia política provincial no ha logrado interpretar ni aprovechar plenamente los objetivos estratégicos que dieron origen al régimen de promoción establecido por la Ley Nacional 19.640.
A través de un documento de contenido político, económico y social, titulado “¿Quién defiende la patria?”, el dirigente sindical formuló cuestionamientos a los sucesivos gobiernos provinciales y a los sectores de la oposición, a los que atribuyó responsabilidades en el deterioro de las condiciones de vida de una parte de la población fueguina.
Ruiz sostuvo que la defensa de la soberanía nacional no puede limitarse a las declaraciones institucionales, sino que debe traducirse en políticas públicas que garanticen condiciones dignas de vida, empleo, abastecimiento y desarrollo económico para quienes habitan el territorio.
La Ley 19.640 como herramienta de soberanía y arraigo
Uno de los ejes centrales del planteo de Ruiz es la reivindicación de la Ley Nacional 19.640, a la que considera una política de Estado que trasciende los beneficios tributarios y aduaneros habitualmente asociados con el régimen fueguino.
Para el dirigente, la normativa debe interpretarse desde una perspectiva económica, geopolítica y de seguridad nacional, teniendo en cuenta las particularidades de un territorio insular ubicado en el extremo austral argentino.
En ese sentido, sostuvo que la ley “es una política de Estado, económica, geopolítica y estratégica de seguridad nacional”.
Ruiz consideró que su aplicación requiere dirigentes capaces de comprender el vínculo entre desarrollo económico, permanencia de la población y ejercicio efectivo de la soberanía.
Desde esa perspectiva, cuestionó que durante décadas no se hayan implementado políticas suficientes para garantizar que los beneficios del régimen se traduzcan, según su interpretación, en mejores condiciones de vida para el conjunto de los habitantes.
Fuertes cuestionamientos a cincuenta años de decisiones políticas
El ex dirigente de ASOEM afirmó que existe una deuda histórica de la política fueguina con la sociedad, que atribuyó tanto a decisiones adoptadas por los gobiernos como a la falta de iniciativas para modificar situaciones estructurales.
“La política de tierra del fuego, tiene una deuda histórica con el habitante de tierra del fuego, por acción u omisión durante 50 años nos hicieron correr la liebre”, expresó en su documento.
A su entender, esa situación responde a la falta de preparación de sectores de la dirigencia para administrar los recursos públicos con una orientación hacia el bien común.
Ruiz también cuestionó lo que considera una concepción individualista de la actividad política, en la que determinados sectores priorizarían sus intereses inmediatos por encima de las necesidades generales de la sociedad.
En su análisis, esta forma de ejercer la política habría contribuido a consolidar una estructura económica que no garantiza una distribución adecuada de los recursos generados en la provincia.
“Han naturalizado la pobreza con la complicidad de la oposición política”
Otro de los cuestionamientos centrales del documento estuvo dirigido al funcionamiento del sistema económico provincial y a sus consecuencias sociales.
Ruiz sostuvo que los sucesivos gobiernos, pese a contar con funcionarios de formación académica y técnica, no lograron desarrollar un modelo económico que responda a las necesidades particulares de Tierra del Fuego.
En ese marco, cuestionó la aplicación de mecanismos de libre competencia y consideró que las condiciones geográficas y económicas de la provincia requieren políticas diferenciadas.
El dirigente afirmó que los gobiernos “han naturalizado la pobreza con la complicidad de la oposición política”.
Se trata de una de las críticas más severas del documento, mediante la cual atribuye responsabilidades políticas compartidas por la situación social que describe.
Ruiz sostuvo que las dificultades económicas afectan especialmente a los trabajadores y a las familias que deben afrontar los costos particulares de vivir en una provincia insular, alejada de los principales centros de producción y distribución del país.
Las dificultades de vivir en una provincia insular
El integrante de Agenda Popular también puso el acento en las características geográficas de Tierra del Fuego y en las consecuencias que tiene la insularidad sobre la vida cotidiana de sus habitantes.
Según su planteo, la distancia respecto de los grandes centros urbanos y productivos del continente genera condiciones particulares que deberían ser contempladas en el diseño de las políticas económicas y sociales.
En ese contexto, sostuvo que los fueguinos atraviesan un sistema que calificó como “económico-social perverso disciplinador”.
El dirigente consideró que determinadas situaciones de desigualdad y dificultades económicas terminan siendo aceptadas como parte de la vida cotidiana, sin que se produzca un debate suficiente sobre sus causas y posibles soluciones.
Asimismo, señaló que las particularidades de vivir en una isla se vuelven especialmente evidentes cuando una familia debe enfrentar una emergencia sanitaria, una pérdida de empleo o una situación económica imprevista.
Para Ruiz, estas circunstancias demuestran la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección social y garantizar condiciones que permitan sostener el arraigo de la población.
El movimiento obrero organizado y la defensa de los intereses nacionales
En otro tramo de su documento, Ruiz reivindicó el papel histórico de las organizaciones sindicales y sociales en la defensa de los intereses nacionales.
Desde una perspectiva vinculada con los principios del movimiento obrero organizado, sostuvo que la soberanía debe estar acompañada por la independencia económica y la justicia social.
“La patria no se negocia, para que la patria siga siendo el patrimonio común”, afirmó.
También recuperó el principio de que la organización constituye una herramienta fundamental para sostener las reivindicaciones colectivas a lo largo del tiempo.
En ese sentido, consideró que las organizaciones libres del pueblo tienen una responsabilidad histórica en la defensa de los recursos humanos y naturales del país.
Para el ex secretario general de ASOEM, la defensa de los intereses permanentes de la Nación debe expresarse mediante la participación activa de los trabajadores y sus organizaciones, especialmente en las discusiones relacionadas con la distribución del ingreso.
Agenda Popular reclama cambios en la distribución del ingreso
Ruiz explicó que el movimiento Agenda Popular, integrado por trabajadores, estudiantes universitarios y jubilados fueguinos, mantiene una serie de reivindicaciones vinculadas con el régimen económico provincial.
Entre sus principales planteos mencionó la necesidad de avanzar en una distribución del ingreso que permita mejorar las condiciones de vida de la población.
Asimismo, reclamó medidas relacionadas con el abastecimiento y la regulación de precios, que el movimiento vincula con su interpretación de los objetivos de la Ley Nacional 19.640.
El dirigente sostuvo que estas demandas no responden únicamente a las dificultades económicas actuales, sino también a una concepción de la soberanía y de los derechos de quienes habitan Tierra del Fuego.
En su documento, expresó que los integrantes de Agenda Popular no reclaman las prerrogativas que atribuyen al artículo 1.º, inciso a), de la Ley 19.640 solamente por la debilidad del mercado interno o por las condiciones de pobreza que denuncian.
Por el contrario, afirmó que consideran esa reivindicación una obligación vinculada con la defensa de los intereses provinciales y nacionales.
El reclamo por la Ley Provincial 844 de Abastecimiento
Otro de los puntos destacados del pronunciamiento estuvo relacionado con la Ley Provincial 844 de Abastecimiento.
Ruiz planteó la necesidad de modificar y aplicar esta normativa, junto con mecanismos de administración comercial y regulación de precios que, según su propuesta, permitan mejorar el acceso de la población a los bienes de consumo.
“Por eso, seguimos reclamando nuestros derechos sintetizados en la distribución del ingreso, la administración de comercio de los precios regulados por la Ley 19640, la modificación y la aplicación de Ley 844 de abastecimiento, para lograr la independencia económica que necesitamos”, sostuvo.
Estas propuestas forman parte de la posición política y económica defendida por Agenda Popular y de su interpretación del alcance que deberían tener las herramientas legales vinculadas con la promoción y el abastecimiento en Tierra del Fuego.
El documento no desarrolla mecanismos específicos de implementación, pero insiste en la necesidad de abrir una discusión sobre el funcionamiento del mercado interno provincial, la distribución de los recursos y el papel del Estado.
“Mientras permanezcamos callados nadie escuchará nuestro silencio”
En el cierre de su pronunciamiento, Gerónimo Ruiz reconoció las dificultades que encuentra Agenda Popular para instalar sus propuestas en la discusión pública.
Sin embargo, reafirmó la decisión del movimiento de continuar planteando sus demandas y promoviendo el debate sobre las condiciones económicas y sociales de Tierra del Fuego.
“Sabemos que estamos gritando en el desierto, pero seguimos gritando, porque mientras permanezcamos callados nadie escuchará nuestro silencio”, expresó.
Con esta reflexión, el ex secretario general de ASOEM ratificó su postura crítica frente a los sucesivos gobiernos provinciales y su convicción de que las organizaciones sociales y sindicales deben participar activamente en la discusión sobre el futuro económico de la provincia.
El documento deja planteado un debate sobre la relación entre el régimen de promoción fueguino, la distribución del ingreso, las condiciones de arraigo y el ejercicio de la soberanía nacional, desde la perspectiva política y sindical que representa Agenda Popular.
