La concejal justicialista de Ushuaia, Vanina Ojeda Maldonado, integrante de la comunidad Selk’nam Rafaela Ishton, cuestionó al Gobierno nacional por la denominación del 12 de octubre y reivindicó la memoria de los pueblos originarios. Sin embargo, no se conoce un pronunciamiento público suyo sobre la masacre de Rincón Bomba, ocurrida en octubre de 1947, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. La Justicia Federal reconoció la responsabilidad del Estado argentino por los crímenes cometidos contra integrantes del pueblo pilagá, en el entonces Territorio Nacional de Formosa.
Ushuaia, 25 de octubre de 2026.- La concejal de Ushuaia Vanina Ojeda Maldonado, integrante del Partido Justicialista y de la comunidad Selk’nam Rafaela Ishton, se pronunció en el marco del 12 de octubre sobre la importancia de reconocer la historia, la identidad y los derechos de los pueblos originarios. También expresó cuestionamientos al Gobierno nacional por la denominación de esa fecha conmemorativa.
Sus declaraciones abren un interrogante político e histórico sobre otro acontecimiento ocurrido durante el mes de octubre, aunque varias décadas atrás: la masacre de Rincón Bomba, perpetrada contra integrantes del pueblo pilagá en 1947, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.
No se conoce un pronunciamiento público de la edil sobre aquellos hechos. Sin embargo, la ausencia de declaraciones identificadas no permite afirmar que Ojeda desconozca la masacre o que haya decidido deliberadamente guardar silencio.
Rincón Bomba: una masacre contra el pueblo pilagá en 1947
Entre el 10 y el 30 de octubre de 1947, efectivos de Gendarmería Nacional protagonizaron una violenta represión contra integrantes del pueblo pilagá en las inmediaciones de Las Lomitas, en el entonces Territorio Nacional de Formosa.
Los hechos incluyeron asesinatos, persecuciones, capturas y otras graves violaciones de derechos humanos. Las investigaciones históricas y judiciales documentaron la magnitud de la violencia estatal, aunque las estimaciones sobre el número de víctimas presentan diferencias.
La masacre ocurrió durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, quien había asumido la Presidencia de la Nación en junio de 1946.
En aquel momento, Formosa todavía era un territorio nacional y no había alcanzado su condición de provincia, por lo que dependía de la administración nacional.
Durante décadas, estos acontecimientos permanecieron prácticamente ausentes de buena parte de los relatos históricos más difundidos, aunque fueron conservados en la memoria de las familias y comunidades pilagá.
La Justicia reconoció la responsabilidad del Estado argentino
En julio de 2019, la Justicia Federal dictó una sentencia en la causa civil iniciada por la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá contra el Estado nacional.
El fallo reconoció los hechos y su carácter de crímenes de lesa humanidad, además de establecer medidas de reparación.
Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó aspectos sustanciales de aquella decisión y reconoció también el carácter de genocidio de los acontecimientos.
Estos antecedentes se encuentran documentados en las actuaciones judiciales y en un dictamen del Ministerio Público Fiscal.
Es importante distinguir el alcance de estas resoluciones: el reconocimiento de la responsabilidad estatal por la masacre no equivale a una condena penal personal contra Juan Domingo Perón ni demuestra que el entonces presidente hubiera ordenado directamente los asesinatos.
Sin embargo, los hechos ocurrieron durante su administración y fueron ejecutados por fuerzas de seguridad del Estado nacional.
Ojeda impulsó una comisión permanente para los pueblos originarios
En Ushuaia, Vanina Ojeda Maldonado ha desarrollado una agenda institucional vinculada con el reconocimiento de los pueblos originarios.
El 6 de octubre se conoció la aprobación de su proyecto para crear una Comisión Permanente de Pueblos Originarios dentro del Concejo Deliberante.
La iniciativa, identificada como asunto 772/2026, establece un espacio de participación para abordar cuestiones relacionadas con los derechos, la cultura, la memoria, el territorio y el patrimonio de las comunidades.
En aquella oportunidad, Ojeda sostuvo: “No hablamos por los pueblos: generamos las condiciones institucionales para que sean escuchados, participen y decidan sobre aquello que los afecta”.
La propuesta representa una acción institucional concreta de la concejal en materia de reconocimiento y participación indígena.
El 12 de octubre y el debate sobre la memoria histórica
Días después, con motivo del 12 de octubre, Ojeda volvió a pronunciarse sobre la memoria y la identidad de los pueblos Selk’nam y Yagán.
En una publicación difundida por medios provinciales, afirmó: “No hablamos solamente de una historia que nos antecede: hablamos de pueblos vivos, de culturas que enriquecen nuestra comunidad y de derechos que merecen respeto”.
También destacó la importancia de escuchar a las comunidades y reconocer su presencia en la sociedad actual.
Estas expresiones permiten plantear una pregunta sobre el alcance de la memoria histórica reivindicada por la edil: ¿qué posición tiene respecto de la masacre de Rincón Bomba, ocurrida durante la presidencia del principal referente histórico de su partido?
La pregunta adquiere relevancia por la coincidencia entre su pertenencia al justicialismo, su condición de integrante de una comunidad originaria y su actividad institucional en defensa de los derechos indígenas.
No obstante, hasta el momento no se ha podido verificar una declaración pública específica de Ojeda sobre Rincón Bomba. Tampoco corresponde interpretar esa circunstancia, por sí sola, como una justificación de los hechos.
Por otra parte, las publicaciones consultadas sobre sus expresiones del 12 de octubre documentan su reivindicación de la diversidad cultural, pero no permiten corroborar el contenido exacto de una crítica suya al cambio de denominación de la fecha.
Casación habilitó una nueva instancia para analizar el pedido de un Juicio por la Verdad
La masacre de Rincón Bomba volvió a adquirir actualidad judicial el 24 de octubre de 2026.
Ese día se conoció que la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar a un recurso de queja presentado por la Federación Pilagá y el Ministerio Público Fiscal.
La decisión habilitó el tratamiento del recurso contra el rechazo de un Juicio por la Verdad relacionado con los acontecimientos de 1947.
Los jueces Daniel Petrone y Gustavo Hornos votaron a favor de admitir la queja, mientras que Carlos Mahiques se pronunció en contra.
La resolución no significa que el Juicio por la Verdad ya haya sido ordenado, sino que Casación deberá examinar el planteo que busca habilitar esa instancia.
La Federación Pilagá sostiene que el proceso civil y sus medidas de reparación no sustituyen la necesidad de una investigación judicial destinada a reconstruir los hechos y profundizar el esclarecimiento histórico.
Una pregunta abierta sobre la memoria y la responsabilidad política
A 79 años de la masacre de Rincón Bomba, el pueblo pilagá continúa reclamando verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos contra sus antepasados.
La reivindicación de los derechos de los pueblos originarios también plantea la necesidad de examinar los distintos períodos de la historia argentina, incluidos aquellos que involucran a gobiernos y dirigentes reivindicados por los partidos políticos actuales.
En ese marco, la posición de Vanina Ojeda Maldonado sobre Rincón Bomba constituye una pregunta legítima que permanece abierta y que podría ser respondida por la propia concejal.
La memoria histórica, la responsabilidad del Estado y el reconocimiento de las víctimas trascienden las pertenencias partidarias y forman parte de un debate que continúa vigente en la sociedad argentina.
