El reconocido penalista y ex juez de Instrucción de Río Grande analizó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y sostuvo que la discusión no puede agotarse en la sanción penal. Frente a las amenazas en escuelas y el nuevo escenario legal, pidió prevención, contención familiar, intervención educativa, infraestructura adecuada y políticas públicas antes de que los menores lleguen al sistema penal.

Río Grande.- La sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en la Argentina, abrió un debate profundo sobre el rol del Estado, la responsabilidad de las familias, la violencia juvenil, la influencia de las redes sociales y la capacidad real del sistema judicial y penitenciario para intervenir frente a niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.

En ese contexto, el Dr. Daniel Cesari Hernandez, reconocido abogado penalista y ex juez de Instrucción de Río Grande, brindó un extenso análisis en su columna habitual por “La Mañana de la Tecno”, programa que se emite por Radio Universidad 93.5 MHz, donde fue consultado por la reciente promulgación de la Ley 27.801 y por las declaraciones del jefe de fiscales de Tierra del Fuego, Dr. Eduardo Urquiza, quien confirmó la existencia de unas 60 denuncias por amenazas en establecimientos educativos de Ushuaia y Río Grande.

Cesari Hernandez fue claro al explicar el cambio de paradigma: “En criollo, a partir de ahora cualquier ser humano, desde los 14 años, que cometa un delito puede ser sometido a proceso penal y condenado”. Sin embargo, su análisis no se limitó al aspecto punitivo. Por el contrario, el ex magistrado puso el eje en una advertencia central: “El derecho penal llega tarde”.

Según sostuvo, cuando interviene un fiscal, un juez o una condena, el hecho ya ocurrió. Por eso, consideró necesario que el Estado provincial informe qué está haciendo para prevenir estas situaciones, especialmente en un contexto marcado por amenazas escolares, desafíos virales, violencia social y falta de contención de niños y adolescentes.

“La medida urgente no es amenazar a los chicos con que los vamos a meter presos ni advertir a los padres que tendrán consecuencias. Eso ya se sabe. Hay que trabajar para evitar esa situación”, planteó.

 

“Desde la cero hora de los 14 años, el derecho penal lo está esperando”

 

Durante la entrevista, Cesari Hernandez explicó técnicamente el alcance de la nueva normativa. Señaló que la baja de la edad de imputabilidad implica que, desde el momento exacto en que una persona cumple 14 años, puede ser alcanzada por un proceso penal.

“Desde la cero hora del día que cumple 14 años, cualquier ser humano puede ser sometido a un proceso penal, puede ser incluso detenido y eventualmente condenado”, afirmó.

El penalista aclaró que esto no significa que los adolescentes dejen de ser considerados niños desde el punto de vista jurídico. Recordó que, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, toda persona menor de 18 años mantiene esa condición legal. No obstante, explicó que el nuevo régimen habilita la persecución penal desde los 14 años para determinados delitos.

“Para la ley siguen siendo niños. Eso no cambió. Pero ese niño puede matar, puede robar, puede cometer delitos graves y, a partir de ahora, responder penalmente”, precisó.

En ese marco, remarcó que la discusión debe darse con responsabilidad, sin simplificaciones y sin caer en miradas meramente represivas. Para Cesari Hernandez, la ley ya está sancionada y el nuevo marco jurídico existe; el problema ahora es determinar si el Estado está preparado para aplicarlo correctamente.

 

Amenazas en escuelas: “No alcanza con advertir las consecuencias”

 

La consulta periodística también estuvo vinculada a las declaraciones del jefe de fiscales Eduardo Urquiza, quien advirtió que las amenazas en instituciones educativas no deben ser consideradas bromas, sino hechos delictivos que pueden generar responsabilidad penal para menores y consecuencias civiles para sus familias.

Cesari Hernandez coincidió en que las advertencias del fiscal son correctas desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, marcó una diferencia de enfoque.

“Me parece correcto que el Poder Judicial salga a hablarle a la comunidad y demuestre preocupación frente a esta situación. Pero me gustaría que, en lugar de advertir solamente cuáles son las consecuencias negativas, nos digan qué se está haciendo y qué se va a hacer de forma urgente”, sostuvo.

El ex juez insistió en que el derecho penal no previene por sí solo. Llega después del daño, después del miedo, después de la amenaza y después del hecho consumado.

“Cuando interviene un fiscal es porque el delito ya se cometió. Cuando interviene un juez es porque el delito ya se cometió. Cuando una persona está condenada, es porque el delito ya se cometió. Entonces el derecho penal, aunque es una herramienta necesaria del Estado, lamentablemente llegó tarde”, afirmó.

 

Un reclamo directo al Estado provincial

 

Uno de los tramos más fuertes de la entrevista fue el reclamo de Cesari Hernandez hacia las instituciones estatales. El penalista pidió que se informe públicamente cuáles son las medidas concretas de prevención, contención y abordaje interdisciplinario frente al fenómeno de amenazas escolares y violencia juvenil.

“Me gustaría escuchar que el Estado provincial reconoce que se ha instalado un problema grave y que las medidas que se están tomando son estas, estas y estas”, expresó.

Para el ex magistrado, la respuesta no puede reducirse a judicializar a los adolescentes una vez cometido el hecho. Debe incluir trabajo en las escuelas, con las familias, con equipos técnicos, con especialistas en niñez, adolescencia, salud mental, violencia digital y seguridad educativa.

“Acá lo que la sociedad necesita es que el Estado se ponga inmediatamente a analizar, con asesoramiento de expertos, cuáles son las razones por las cuales este fenómeno se está expandiendo”, advirtió.

Y agregó que, si la provincia no cuenta con esos especialistas, debe solicitarlos al Estado nacional.

 

Redes sociales, abandono y violencia: el nuevo escenario juvenil

 

Cesari Hernandez también vinculó el fenómeno con un contexto más amplio de violencia social, exposición digital y falta de contención familiar. Habló del rol del celular, de las redes sociales y del algoritmo como factores que pueden exponer a niños y adolescentes a contenidos violentos para los cuales no están preparados.

“Hoy el celular se transformó muchas veces en un aliado de los padres para retirarse el peso de estar atendiendo al niño. Se le da el celular para que se calle, para que juegue y para que no moleste”, sostuvo.

El penalista remarcó que no se trata solamente de chicos en situación de calle o abandono material. También hay adolescentes que viven en sus hogares, pero están solos desde el punto de vista afectivo, educativo y emocional.

“Hay mucha juventud y muchos adolescentes que están abandonados. No abandonados porque vivan en la calle, sino porque los padres no los pueden atender, no los quieren atender o no los saben atender”, afirmó.

Para Cesari Hernandez, esa realidad debe ser abordada sin hipocresías. No alcanza con pedir castigo cuando el daño ya ocurrió; es necesario trabajar antes, en el origen del problema.

 

Responsabilidad de los padres y consecuencias civiles

 

Otro punto analizado fue la responsabilidad de las familias frente a los actos cometidos por menores. Cesari Hernandez explicó que, históricamente, los padres son responsables civilmente por los daños ocasionados por sus hijos, y que el nuevo régimen refuerza esa mirada dentro del marco penal juvenil.

“Históricamente, los padres son responsables de los actos de sus hijos. Lo que hace la nueva ley es introducir expresamente en el marco del derecho penal lo que ya existía en el derecho civil”, indicó.

Esto significa que un adolescente puede enfrentar un proceso penal y, al mismo tiempo, sus padres pueden ser alcanzados por reclamos patrimoniales si hubo daños materiales o perjuicios ocasionados a terceros.

El ex juez ejemplificó con claridad que, si un menor rompe intencionalmente el vidrio de un auto, puede investigarse el delito de daño y, además, los padres podrían afrontar un reclamo económico por la reparación.

“Hay mucha gente que cuando sufre un delito no le importa tanto que el autor vaya preso, sino que las consecuencias del delito sean resarcidas”, señaló.

 

La identidad del menor sigue protegida

 

Consultado sobre el tratamiento periodístico de los casos que involucren a menores, Cesari Hernandez fue categórico: la identidad debe seguir protegida.

“El menor siempre está protegido, como víctima y también como imputado. Son el juez y el fiscal los encargados de velar por esa situación”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el nuevo régimen tiene una dimensión penal, pero también una dimensión tutelar. Es decir, no solo busca juzgar una conducta, sino también proteger, acompañar, educar o reeducar al menor, según cada caso.

“La ley tiene una naturaleza represiva, porque todo derecho penal lo es, pero también tiene una esencia tutelar, de protección”, sostuvo.

 

“No hay lugares aptos para alojar menores en Tierra del Fuego”

 

Uno de los aspectos más preocupantes del análisis fue la situación penitenciaria provincial. Cesari Hernandez sostuvo que Tierra del Fuego no cuenta actualmente con infraestructura adecuada para alojar menores en conflicto con la ley penal.

“No existen espacios físicos para alojar menores. Acá no hay un lugar apto para que un menor tenga que estar siquiera detenido una semana”, advirtió.

El penalista fue todavía más duro al referirse a la situación carcelaria general de la provincia, especialmente en Ushuaia, donde señaló que existe superpoblación y condiciones estructurales críticas.

“Ushuaia es una bomba de tiempo. No es un lugar apto para que haya gente detenida”, afirmó.

Según explicó, la superpoblación no significa necesariamente que las personas estén unas encima de otras, sino que la cantidad de internos supera la capacidad para la cual fue diseñada la unidad. Esa situación, sostuvo, genera riesgos para los detenidos, para el personal penitenciario y para la comunidad.

 

Capacitación penitenciaria y tratamiento especializado

 

Cesari Hernandez también remarcó que el servicio penitenciario deberá adecuarse al nuevo régimen, no solo en términos edilicios sino también en capacitación.

“No es lo mismo tratar con adultos que con menores. Ninguno de los funcionarios actuales ha tenido una instrucción y un entrenamiento específico para el tratamiento del menor prisionero”, sostuvo.

Para el ex juez, la implementación de la ley exige recursos, planificación, formación profesional, espacios adecuados y protocolos específicos. De lo contrario, el sistema corre el riesgo de aplicar una norma penal juvenil sin contar con las herramientas necesarias para hacerlo de manera seria, legal y humanamente aceptable.

 

“No esperemos a que un fiscal tenga que llevar a juicio a un menor”

 

El mensaje central de Cesari Hernandez fue preventivo. La nueva ley habilita el juzgamiento penal de adolescentes desde los 14 años, pero el objetivo del Estado no debería ser llegar a ese punto, sino evitarlo.

“No esperemos que el fiscal tenga que llevar a juicio a un menor. Eso es lo que digo. A la gente no le importa tanto si Pedrito escribió tal cosa en la pared. A la gente le importa evitar que Pedrito escriba eso o que vaya a un colegio a hacer determinada cosa”, expresó.

El penalista pidió actuar en la escuela, en la familia y en los espacios donde se forman los niños y adolescentes. También reclamó detectar “nichos de abandono”, situaciones de violencia, problemas emocionales, consumos digitales problemáticos y posibles procesos de imitación vinculados a hechos ocurridos en otros países o difundidos por redes sociales.

“Hay que indagar cómo se llega a despertar en la cabeza de un adolescente, de un niño o de un adulto, el interés por realizar estas cosas”, planteó.

 

Una advertencia frente a la anomia social

 

En otro tramo de la entrevista, Cesari Hernandez habló de la necesidad de reglas, límites y valores. Sostuvo que una sociedad sin normas cae en la anomia, y que una sociedad anómica queda expuesta a la autodestrucción.

“La Argentina necesita reglas firmes, razonables, efectivas y realizables”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que las reglas no pueden ser solo castigo. Deben ser comprendidas por la ciudadanía como instrumentos útiles para una convivencia mejor.

Para el ex juez, el problema de fondo no es únicamente penal. Es social, educativo, cultural y familiar. Por eso, la respuesta debe ser integral.

 

Un nuevo régimen que obliga a prepararse

 

La Ley 27.801 ya fue sancionada, promulgada y publicada. Su implementación efectiva comenzará luego del plazo de adecuación previsto por la norma. Pero para Cesari Hernandez, el tiempo de preparación debe ser aprovechado de inmediato.

La provincia deberá revisar su sistema penitenciario, sus dispositivos de niñez, sus equipos de acompañamiento escolar, sus protocolos ante amenazas, su articulación entre Justicia, Educación, Seguridad, Salud Mental y Desarrollo Social, y su capacidad para asistir a las familias antes de que el conflicto derive en delito.

El penalista no relativizó la gravedad de las amenazas ni negó la necesidad de sanción cuando corresponda. Por el contrario, fue claro al señalar que quien cometa un delito deberá responder. Pero su advertencia fue más profunda: si el Estado solo aparece después del hecho, ya fracasó en la etapa más importante.

“Cuando alguien cometa un delito, por supuesto que el Estado tiene que caer con todo el peso de la ley. Pero quiero que nos cuenten cómo se está trabajando en la etapa previa, que es la más importante: la educación, la contención y el acompañamiento”, concluyó.

La baja de la edad de imputabilidad marca un cambio histórico en el sistema penal argentino. En Tierra del Fuego, el debate llega atravesado por amenazas escolares, preocupación social y una estructura estatal que deberá demostrar si está preparada para algo más que castigar.

Porque, como advirtió Cesari Hernandez, el derecho penal llega tarde. Y frente a niños y adolescentes, llegar tarde puede ser demasiado tarde.