El Ejecutivo provincial promulgó la Ley N° 1626, que deja sin efecto la Ley N° 1529 que había declarado la necesidad de una reforma parcial de la Constitución fueguina. Desde el Gobierno aclararon que la medida responde al cumplimiento del mecanismo constitucional tras la insistencia legislativa, pero remarcaron que continuarán las acciones judiciales destinadas a sostener la validez del proceso reformador.

Ushuaia.- El Gobierno de Tierra del Fuego promulgó la Ley Provincial N° 1626, mediante la cual quedó formalmente abrogada la Ley Provincial N° 1529 que había declarado la necesidad de avanzar en una reforma parcial de la Constitución Provincial. Sin embargo, desde el Ejecutivo remarcaron que la decisión administrativa no implica abandonar la postura política y jurídica respecto de la validez del proceso iniciado.

La publicación de la norma en el Boletín Oficial, concretada el pasado 10 de junio, representa un nuevo capítulo dentro de una extensa disputa institucional que comenzó con la sanción de la Ley 1529 en diciembre de 2023, atravesó la convocatoria electoral, planteos judiciales, el intento legislativo de derogación, el veto del Poder Ejecutivo y finalmente la insistencia parlamentaria.

La promulgación llegó luego de que la Legislatura provincial insistiera con la abrogación de la ley original tras el veto dispuesto oportunamente por el gobernador Gustavo Melella. De esta manera, el Ejecutivo dio cumplimiento al procedimiento previsto por la Constitución Provincial para la formación y sanción de las leyes cuando una norma vetada vuelve a ser ratificada por el Parlamento.

En ese sentido, el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, explicó que la decisión se enmarca dentro del respeto al funcionamiento institucional.

“La promulgación responde al cumplimiento de los mecanismos que prevé la Constitución para la formación y sanción de las leyes”, sostuvo.

El funcionario destacó además que la medida demuestra “madurez institucional” por parte del Ejecutivo provincial y respeto por la división de poderes, aun cuando persisten diferencias de interpretación respecto del alcance de la decisión adoptada por la Legislatura.

Una promulgación que no cierra el debate de fondo

Más allá de la entrada en vigencia de la Ley 1626, desde Casa de Gobierno aclararon que la discusión sobre el proceso constituyente continuará en el ámbito judicial.

“La promulgación no significa que el proceso haya terminado. El Gobierno seguirá ejerciendo todas las acciones legales que correspondan para sostener la validez del proceso de reforma constitucional”, afirmó Fossatto.

La postura del Ejecutivo se apoya en que existen planteos judiciales pendientes vinculados al recorrido institucional de la Ley 1529, entre ellos la apelación presentada luego de la resolución del Juzgado Electoral que anuló el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.

“Con la apelación presentada en el expediente del Juzgado Electoral y con las demás acciones que se encuentran en curso, se continuará defendiendo la validez del proceso iniciado por la Ley Provincial Nº 1529”, agregó.

Dos caminos institucionales en paralelo

Desde el Gobierno provincial sostienen que la promulgación de la nueva ley y la continuidad del reclamo judicial no constituyen posturas contradictorias, sino dos planos institucionales diferentes: por un lado, el cumplimiento del procedimiento legislativo luego de la insistencia parlamentaria; por otro, la defensa jurídica del proceso reformador iniciado anteriormente.

“El Gobierno cumplió con la obligación constitucional de promulgar la ley insistida por la Legislatura, pero ello no modifica la posición que viene sosteniendo respecto de la validez del proceso de reforma constitucional. Las acciones judiciales ya iniciadas continuarán su curso y se adoptarán las medidas necesarias para resguardar los intereses institucionales comprometidos”, concluyó Fossatto.

De esta manera, la promulgación de la Ley 1626 marca el cierre formal del recorrido legislativo iniciado para dejar sin efecto la reforma, aunque el capítulo judicial continúa abierto y será ahora ese ámbito el que deberá definir el alcance final de una de las discusiones institucionales más relevantes de los últimos años en Tierra del Fuego.