El grupo presentó una denuncia en la Comisaría de Género de Río Grande. Sostienen que la medida está vinculada con la falta de pago de haberes y aguinaldos, además de cuestionamientos por los gastos de representación que perciben los integrantes del directorio de la Caja de Previsión.
Río Grande (29 junio).- Un grupo de esposas de policías territoriales presentó una denuncia en la Comisaría de Género de Río Grande, en la que atribuyen a los integrantes del directorio de la Caja de Previsión Social Policial de Tierra del Fuego por presuntas situaciones de violencia económica, psicológica y emocional vinculadas por la demora en el pago de haberes y otros conceptos que reclaman desde hace más de un año.
La vocera del grupo, informó que la presentación fue realizada durante la jornada del día de hoy lunes 29 y explicó que la denuncia alcanza a los cinco integrantes del directorio del organismo previsional.
Según indicó, el reclamo se fundamenta en la falta de percepción de los haberes correspondientes a los policías territoriales durante los últimos trece meses, así como en el pago de tres meses de aguinaldo que —según afirmó— continúan adeudados.
“Dejamos firme una denuncia por violencia económica, psicológica y emocional de parte de los cinco directores de la Caja de Previsión. La denuncia es por estos trece meses sin cobrar el sueldo y los tres meses que nos adeudan de aguinaldo”.
Cuestionamientos por los gastos de representación
Durante sus declaraciones, la representante del grupo también cuestionó la decisión adoptada por los integrantes del directorio de la Caja de Previsión de recurrir judicialmente para mantener el cobro de los denominados gastos de representación, luego de la sanción de las Leyes Provinciales N.º 1627 y 1628.
Según explicó, esas normas incorporaron disposiciones que impiden la percepción de dichos conceptos por parte de los directores del organismo.
Sostuvo que esa situación generó un fuerte malestar entre las familias de los policías territoriales.
“Nos indignó mucho porque si ellos en dos años pudieron adquirir derechos, ¿dónde están los derechos adquiridos de treinta años de servicio de nuestros maridos?”, manifestó.
Asimismo, afirmó que cuatro de los integrantes del directorio perciben el ciento por ciento de sus haberes jubilatorios y que otro de ellos continúa, en actividad, desempeñándose como jefe de la custodia del gobernador, situación que —según expresó— se suma al cobro de los gastos de representación.
Reclamos previsionales
La vocera también sostuvo que las familias continúan reclamando la restitución de haberes que fueron reducidos a partir de resoluciones administrativas que tanto el STJ y la legislatura marcaron su ilegalidad, dado que una resolución interna no puede estar por sobre leyes nacionales y provinciales.
Además, señaló que existen pensionadas que no perciben los ingresos, que son notablemente inferiores a los gatos de representación. Y otras que aún esperan la aprobación de sus beneficios previsionales.
“Consideramos que era necesario realizar esta denuncia ante una nueva falta de respeto y una situación que sigue vulnerando los derechos de nuestras familias”.
Finalmente, se indicó que aguardarán el avance de las actuaciones para que la situación sea analizada por las autoridades competentes.
Hasta el momento de esta publicación no se conocía una respuesta oficial por parte de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego respecto de la denuncia presentada por las esposas de los policías territoriales.
La denuncia policial
Que comparezco voluntariamente a fin de radicar formal denuncia policial, en mi carácter de esposa (o viuda) y co-damnificada directa del grupo familiar del señor, quien ostenta el grado de, beneficiario del sector pasivo de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provinciales y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La presente denuncia se dirige contra quienes integran el Directorio de dicha Institución:
Presidente: Comisario General (R) Héctor Ernesto Bordón.
Vicepresidente: Comisario General (Tec.) Guillermo David Morgan.
Director por el Sector Pasivo: Comisario General (R) Carlos Rafael Debaz.
Director Vocal: Suboficial Auxiliar (R) Claudio Ramón Pérez.
Director Vocal: Suboficial Mayor (R) Miguel Ángel Moriñigo.
Todo ello en razón de las decisiones adoptadas por dicho Directorio respecto de la suspensión o postergación del pago de los haberes compensatorios y de la administración de los recursos previsionales que afectan directamente a mi familia.
- HECHOS
PRIMERO
Desde hace trece (13) meses, mi grupo familiar se encuentra sometido a una situación de extrema vulnerabilidad económica, patrimonial, psicológica, emocional e institucional como consecuencia de la suspensión total del pago de los haberes compensatorios que corresponden a mi esposo (o correspondían a mi esposo fallecido).
La privación de dichos ingresos ha alterado profundamente nuestra vida cotidiana, afectando la posibilidad de cubrir necesidades básicas de alimentación, medicamentos, vivienda, servicios esenciales y demás gastos indispensables para una vida digna
SEGUNDO
Los haberes cuya percepción fue suspendida tienen naturaleza alimentaria y encuentran sustento en el régimen previsional aplicable al personal policial proveniente del Ex Territorio Nacional y en el Convenio Nación–Provincia celebrado en el año 1994, en virtud del cual la Provincia asumió obligaciones respecto de los aportes efectuados durante décadas por dicho personal.
La suspensión total de tales ingresos ha producido, en los hechos, un efecto confiscatorio sobre derechos previsionales adquiridos.
TERCERO
Esta situación ha generado un profundo deterioro emocional y psicológico dentro de nuestro grupo familiar.
Vivimos desde hace más de un año bajo un permanente estado de incertidumbre, angustia, desesperación y desprotección institucional, circunstancias que afectan gravemente nuestra salud física y mental.
CUARTO
Entiendo que las conductas aquí denunciadas constituyen además una forma de violencia institucional, toda vez que quienes tienen el deber de administrar un sistema previsional destinado a proteger a personas retiradas y pensionadas han adoptado decisiones que las colocan en una situación de extrema vulnerabilidad.
Asimismo, respecto de mi persona, tales hechos constituyen una manifestación de violencia económica y psicológica, conforme a los principios de protección establecidos por la Ley Nacional N.º 26.485, al afectar directamente la estabilidad económica y emocional del núcleo familiar.
QUINTO
La gravedad de los hechos denunciados trasciende el aspecto exclusivamente económico.
Dentro del colectivo afectado existen numerosos adultos mayores, personas con enfermedades oncológicas, renales, cardíacas y otras patologías de alta complejidad.
Durante el tiempo que llevan suspendidos los haberes compensatorios ya se han registrado fallecimientos de integrantes del sector pasivo, circunstancia que demuestra la extrema gravedad de la situación y la necesidad de que los hechos sean investigados en toda su dimensión.
SEXTO
Por ello dejo expresamente asentado que las decisiones adoptadas han colocado a numerosas personas retiradas y pensionadas en una situación de riesgo y vulnerabilidad incompatible con la protección que debe brindar un sistema previsional.
Solicito que tales circunstancias sean puestas en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, a fin de que determine si los hechos descriptos pudieran resultar compatibles con la eventual comisión de delitos de acción pública, incluyendo aquellos que pudieran guardar relación con el abandono de personas en situación de vulnerabilidad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad u otras figuras penales que pudieran surgir de la investigación.
SÉPTIMO
Las resoluciones adoptadas por el Directorio, cuya legalidad se encuentra cuestionada en diversas actuaciones administrativas y judiciales, han consolidado un tratamiento diferenciado respecto del personal policial proveniente del Ex Territorio Nacional, profundizando la situación de vulnerabilidad de un colectivo compuesto mayoritariamente por personas adultas mayores.
OCTAVO
Solicito expresamente que la presente denuncia sea remitida al Ministerio Público Fiscal para la investigación de los hechos aquí denunciados y la eventual determinación de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que pudieran corresponder.
NOVENO
Asimismo, solicito que la presente denuncia sea puesta en conocimiento, en caso de corresponder y conforme a las facultades legales de la autoridad interviniente, de los organismos competentes en materia de protección de víctimas, personas mayores y derechos humanos, en atención a que los hechos denunciados afectan a un colectivo integrado mayoritariamente por adultos mayores, pensionadas, viudas y personas que padecen enfermedades graves o de alto riesgo.
La continuidad de esta situación durante más de trece (13) meses ha colocado a numerosas familias en un estado de extrema vulnerabilidad económica, social y sanitaria, circunstancia que exige la adopción de medidas urgentes de protección y la investigación integral de las responsabilidades que pudieran corresponder.
Solicito también, que se preserve toda la documentación relacionada con las decisiones adoptadas por las autoridades denunciadas, a fin de garantizar el adecuado esclarecimiento de los hechos y evitar cualquier alteración, pérdida u ocultamiento de elementos que pudieran resultar de interés para la investigación.
III. RESERVA
Me reservo el derecho de presentar copia certificada de la presente denuncia ante el Juzgado de Familia competente, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado, los Tribunales competentes, los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y cualquier otra autoridad que corresponda, promoviendo las acciones judiciales y administrativas necesarias para la protección de los derechos de mi familia, no solo para su conocimiento sino también para su intervención.
Asimismo, atento la trascendencia pública que ha adquirido este conflicto y las reiteradas denuncias efectuadas contra las autoridades del organismo previsional, dejo expresamente asentado mi temor de sufrir represalias, ya sean físicas, verbales, económicas o de cualquier otra naturaleza, contra mi persona, mi grupo familiar, mis bienes o mi esposo/a, motivo por el cual solicito que dicha circunstancia quede debidamente registrada.
Finalmente, solicito se me entregue copia certificada de la presente denuncia, debidamente firmada y sellada por el funcionario policial interviniente.
Previa lectura, ratifico íntegramente su contenido, firmo para constancia junto al funcionario actuante y solicito copia certificada de la presente.
“Por todo lo expuesto, solicito que la presente denuncia sea comunicada, si la autoridad interviniente lo considera procedente, a los organismos competentes en materia de protección de víctimas y adultos mayores, en atención a que los hechos denunciados involucran a personas en situación de especial vulnerabilidad y podrían requerir medidas ugentes de resguardo.”
“La presente denuncia no persigue únicamente la tutela de los derechos de mi familia, sino también prevenir que continúe agravándose una situación que ya ha tenido consecuencias irreparables para integrantes del colectivo de retirados y pensionados policiales, cuya protección constituye una obligación ineludible del Estado y de quienes administran el sistema previsional.”
Por consiguiente, solicito se tenga por formalmente radicada la presente denuncia, se labren las actuaciones correspondientes, se remitan de manera inmediata al Ministerio Público Fiscal para la investigación de los hechos denunciados y se me haga entrega de copia certificada de la presente, debidamente firmada y sellada por el funcionario actuante.
Leída íntegramente la presente, la compareciente manifiesta que se ajusta fielmente a los hechos que denuncia, la ratifica en todas sus partes y firma para constancia, previa lectura, junto al funcionario policial interviniente.
