El intendente de Río Grande valoró la decisión del Juez Federal Mariel Borruto de declararse competente para intervenir en la demanda colectiva contra las petroleras que operan en la Cuenca Malvinas Norte. Martín Pérez consideró que la resolución constituye “un paso concreto y serio” para afirmar la soberanía argentina y defender los recursos naturales frente a la explotación sin autorización nacional. El pronunciamiento judicial reconoce además la dimensión ambiental y soberana del litigio y dio intervención a la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego.

Río Grande, 9 de septiembre de 2026.- El intendente de Río Grande, Lic. Martín Pérez, celebró públicamente la resolución del Juez Federal Mariel Borruto que declaró la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande y la jurisdicción argentina para intervenir en la demanda colectiva promovida contra Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP) por sus actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.

A través de sus redes sociales, Martín Pérez vinculó directamente la decisión judicial con la defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur.

“Este es un paso concreto y serio para afirmar la soberanía Argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes”, expresó el intendente.

El pronunciamiento se conoció este miércoles en el marco del expediente FCR 13706/2026, iniciado el pasado 1 de septiembre por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).

Un fallo que coloca a la soberanía entre sus fundamentos

La valoración realizada por Martín Pérez adquiere particular relevancia porque uno de los fundamentos centrales de la resolución de Borruto es precisamente la dimensión soberana del litigio.

Al declararse competente, el Juez Federal sostuvo que la controversia no se limita a una cuestión hidrocarburífera o ambiental, sino que involucra un interés federal directamente relacionado con la soberanía argentina.

En uno de los pasajes centrales del pronunciamiento, Borruto señaló que en la causa “subyace en ella la defensa de la soberanía nacional, bien colectivo indivisible que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.

La resolución también fundamentó la intervención de la Justicia Federal en el carácter interjurisdiccional de la eventual afectación ambiental y en la jurisdicción marítima sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental.

La demanda cuestiona las actividades vinculadas con el desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte, incluyendo pozos submarinos, ductos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga —FPSO—.

“Paso a paso, sin shows”

Martín Pérez acompañó su respaldo al fallo con una definición política que volvió a poner el eje en la manera de abordar la cuestión Malvinas.

“Paso a paso, sin shows, pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana”, manifestó.

Y cerró su publicación con una frase breve: “Este es el camino”.

Las expresiones se producen en un escenario en el que la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional y fueguina, tanto por las actividades de las compañías involucradas como por los debates políticos sobre las medidas que debe adoptar la Argentina frente a quienes operan sin autorización nacional.

La Provincia fue convocada a intervenir

Otro de los aspectos relevantes del fallo es la decisión de dar participación formal a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, Borruto dio intervención a la Fiscalía de Estado provincial por un plazo de diez días, en función de los intereses patrimoniales, ambientales y vinculados con los recursos naturales que se encuentran comprometidos.

La resolución tuvo en consideración que las Islas Malvinas y los espacios marítimos correspondientes forman parte del territorio provincial conforme a la legislación argentina, además del principio constitucional que reconoce a las provincias el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio.

De esta manera, la causa abre una instancia concreta para que el Estado fueguino determine de qué forma intervendrá judicialmente en un litigio que involucra recursos naturales, ambiente y soberanía.

Las medidas cautelares todavía están pendientes

El avance judicial celebrado por Martín Pérez constituye un paso relevante para los impulsores de la demanda, aunque todavía no existe una decisión sobre el fondo de la causa.

Tampoco fueron resueltas hasta el momento las medidas cautelares solicitadas contra Rockhopper y Navitas, entre ellas las destinadas a detener las actividades cuestionadas mientras avance el proceso.

Borruto difirió su tratamiento hasta que los demandantes cumplan, dentro de un plazo de cinco días, una serie de requisitos procesales relacionados con documentación incorporada al expediente.

Una vez cumplidos esos recaudos, el Juzgado Federal de Río Grande quedará en condiciones de analizar la procedencia de las medidas preventivas solicitadas.

La resolución conocida este miércoles establece, no obstante, una primera definición de importancia: la Justicia Federal argentina se considera competente para tramitar el planteo contra las compañías extranjeras y reconoce que en la controversia están comprometidos tanto el ambiente y los recursos naturales como la soberanía nacional.

Es precisamente sobre esa dimensión que Martín Pérez asentó su respaldo al pronunciamiento judicial: avanzar mediante acciones concretas en defensa de los intereses argentinos y fueguinos en el Atlántico Sur.