Con fuerte polémica, el Concejo Deliberante de Río Grande aprobó cambios en la normativa de suelo fiscal urbano. La modificación fue aprobada por una ajustada mayoría de 5 votos contra 4 durante la cuarta sesión ordinaria. El concejal radical Maxi Ybars encabezó las críticas y denunció una “delegación indebida de facultades” hacia el Ejecutivo municipal, además de cuestionar el uso de tierras fiscales para cancelar deudas y la falta de equidad en el acceso a lotes.

Río Grande.- En el marco de la cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Río Grande, este jueves fue aprobada la modificación a la normativa de suelo fiscal urbano mediante el Dictamen Nº 37/2026, en una votación ajustada que terminó con cinco votos afirmativos y cuatro negativos.

La iniciativa contó con el acompañamiento de los bloques de Provincia Grande, Movimiento Popular Fueguino y Partido Justicialista, mientras que el rechazo fue encabezado por el concejal de la Unión Cívica Radical, Maxi Ybars, junto a representantes de FORJA y Somos Fueguinos.

Durante el debate parlamentario, Ybars cuestionó con dureza el tratamiento otorgado al proyecto y advirtió sobre lo que consideró una preocupante cesión de atribuciones propias del Concejo Deliberante hacia el Ejecutivo Municipal.

“El tratamiento fue precario y sin los consensos políticos necesarios para avanzar en una modificación de semejante importancia”, sostuvo el edil radical, quien además afirmó que la norma vulnera la institucionalidad al delegar facultades “indelegables” del cuerpo legislativo.

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la autorización para que el Municipio pueda cancelar deudas con proveedores mediante la entrega de tierras fiscales durante un plazo de dos años. Para Ybars, esa herramienta representa una decisión “irresponsable” que compromete el patrimonio público de la ciudad.

“Esta decisión excede nuestro mandato; están entregando el suelo de la ciudad para cerrar sus cuentas”, cuestionó el concejal, al tiempo que acusó al Ejecutivo de utilizar las tierras fiscales como mecanismo de financiamiento frente a la falta de recursos para ejecutar obras.

Otro de los ejes de crítica estuvo vinculado al esquema de segmentación de postulantes según su capacidad económica. El referente de la UCR consideró que la medida introduce criterios “estigmatizantes” desde el punto de vista socioeconómico y termina favoreciendo únicamente a quienes tienen mayores posibilidades de afrontar costos de construcción y urbanización.

Según expuso, la lógica de los “informes positivos” vinculados al poder adquisitivo deja en desventaja a miles de familias que permanecen inscriptas en los registros municipales aguardando acceso a un terreno.

“Quienes accedan serán los ‘menos pobres’, pero no estamos solucionando el problema real de fondo”, expresó Ybars, remarcando que actualmente existen 6.455 personas anotadas esperando una respuesta habitacional basada en criterios de equidad.

En el tramo final de su intervención, el edil también cuestionó la falta de precisiones respecto a los cambios en la zonificación y la comercialización de tierras que todavía no cuentan con urbanización básica.

En ese sentido, criticó que se pretenda exigir a los adjudicatarios construir en un plazo de 18 meses sobre terrenos que aún dependen de futuras inversiones municipales para contar con servicios esenciales e infraestructura.

“Tenemos la obligación de legislar con responsabilidad; no perdamos de vista el rol social que debe tener el municipio”, concluyó el concejal radical durante el debate que dividió al cuerpo deliberativo y volvió a poner en discusión el manejo del suelo urbano y las políticas habitacionales en Río Grande.