El Gobernador reclamó que la Legislatura apruebe la Ley de Financiamiento Educativo en la sesión prevista para el 17 de noviembre. Defendió la incorporación de nuevos recursos para mejorar los salarios docentes, la infraestructura escolar y los materiales didácticos. Cuestionó a quienes califican la iniciativa como un “impuestazo” y sostuvo que empresas como Camuzzi y el Banco de Tierra del Fuego deben realizar un mayor aporte tributario. 

Ushuaia, lunes 9 de noviembre de 2026.- El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, volvió a reclamar públicamente que la Legislatura provincial avance con la aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, cuyo tratamiento está previsto para la sesión del próximo 17 de noviembre.

El mandatario defendió la iniciativa impulsada por el Ejecutivo provincial y sostuvo que resulta indispensable incorporar nuevos recursos económicos para atender las necesidades estructurales del sistema educativo, particularmente en materia salarial, infraestructura escolar y provisión de materiales didácticos.

“Espero que se apruebe, no por un Gobierno, sino por nuestros docentes, por nuestros pibes y nuestras pibas”, expresó Melella, al insistir en la necesidad de que los legisladores acompañen la propuesta.

 

“La resolución de muchos conflictos es dinero”

 

El Gobernador cuestionó las demoras en el tratamiento legislativo y recordó que, durante los conflictos docentes, distintos sectores políticos y sociales reclamaron al Ejecutivo una solución para mejorar las condiciones educativas.

Sin embargo, advirtió que esas demandas requieren financiamiento concreto y no pueden resolverse únicamente mediante declaraciones de buena voluntad.

“La resolución de muchos conflictos es dinero. Actualmente no hay, no es una cuestión ni de mensaje de buena voluntad, es el mejor salario docente posible, es poner fondos en la infraestructura para que las escuelas funcionen como corresponden y poner fondos en el material didáctico que nuestros pibes y pibas necesitan”, afirmó.

En ese sentido, planteó que la discusión legislativa debe concentrarse en la obtención de recursos que permitan sostener mejoras efectivas en el funcionamiento del sistema educativo provincial.

 

Cuestionamientos a las propuestas alternativas

 

Melella sostuvo que el proyecto elaborado por el Gobierno provincial junto al gremio docente es el único que contempla la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento.

También hizo referencia a una propuesta alternativa impulsada desde un sector de la Legislatura, aunque consideró que ese esquema no genera recursos adicionales, sino que plantea una redistribución de partidas existentes.

El debate se desarrolla en un escenario en el que distintos bloques parlamentarios han manifestado reparos respecto de la creación de nuevas cargas tributarias.

Entre las alternativas presentadas se encuentra la iniciativa del legislador Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, que propone constituir un fondo destinado a educación, salud y seguridad mediante la reasignación de recursos provenientes de la coparticipación federal y las regalías, sin establecer nuevos impuestos.

De esta manera, la discusión legislativa presenta dos enfoques diferentes: incorporar nuevas fuentes de ingresos para financiar el sistema educativo o redistribuir recursos que actualmente forman parte del presupuesto provincial.

 

“Camuzzi no paga Ingresos Brutos y un quiosquero sí”

 

Uno de los tramos más contundentes de las declaraciones del Gobernador estuvo dirigido a quienes califican el proyecto oficial como un “impuestazo”.

Melella rechazó esa caracterización y defendió la posibilidad de que determinadas empresas y sectores económicos comiencen a realizar aportes tributarios que actualmente no efectúan.

“Hoy la empresa Camuzzi no paga Ingresos Brutos mientras un quiosquero en nuestra provincia paga Ingresos Brutos”, manifestó.

El mandatario utilizó esa comparación para cuestionar las diferencias existentes en el tratamiento impositivo de determinadas actividades económicas y sostuvo que las empresas con capacidad contributiva deben participar del esfuerzo necesario para financiar la educación pública.

En la misma línea, consideró que el Banco de Tierra del Fuego también debería tributar, en el marco de una política destinada a ampliar los recursos disponibles para el sistema educativo.

Además, aseguró que los nuevos costos no serán trasladados a los usuarios y rechazó las advertencias sobre eventuales incrementos en las tarifas de los servicios.

Estas afirmaciones forman parte de uno de los puntos más controvertidos del proyecto, dado que sus detractores advierten sobre el posible impacto económico de las modificaciones tributarias propuestas.

 

Reclamo político y críticas a la oposición

 

Melella también cuestionó las posiciones de algunos sectores políticos que rechazan la iniciativa oficial y vinculó parte de esas objeciones con disputas partidarias.

El Gobernador consideró que la discusión sobre el financiamiento educativo debe superar las diferencias políticas y concentrarse en las necesidades de los docentes, estudiantes y establecimientos escolares.

En ese marco, pidió a los legisladores que, en caso de encontrar aspectos cuestionables en el proyecto, presenten modificaciones que permitan mejorar su contenido.

“Si hay que mejorarla porque la ley es una porquería, mejórenla, yo no tengo problema, pero no simplemente oponerse o la división o las peleas”, expresó.

Con estas declaraciones, el mandatario dejó abierta la posibilidad de introducir cambios en el texto original, aunque insistió en que el objetivo central debe ser garantizar nuevas fuentes de financiamiento.

 

Una discusión que llega después de varios meses de debate

 

El proyecto de Financiamiento Educativo ha atravesado distintas instancias de discusión parlamentaria, incluyendo reuniones de las comisiones de Educación y de Economía, Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa también estuvo alcanzada por un pedido de tratamiento de urgencia impulsado desde el Ejecutivo provincial, mecanismo que fue dejado sin efecto por la Legislatura durante la sesión especial del pasado 3 de noviembre.

El debate ha generado posiciones encontradas entre los distintos bloques políticos, particularmente por las modificaciones tributarias contempladas y sus posibles consecuencias para la actividad económica.

Mientras el oficialismo sostiene que resulta indispensable incorporar nuevos recursos para mejorar las condiciones del sistema educativo, otros sectores plantean que las soluciones deben surgir de una reorganización del gasto y una redistribución de los fondos provinciales.

 

El 17 de noviembre, una fecha clave

 

Con la sesión legislativa prevista para el próximo 17 de noviembre, el Gobierno provincial busca que la discusión avance hacia una definición parlamentaria.

Para Melella, la aprobación de la ley constituye una herramienta necesaria para mejorar las condiciones salariales de los docentes, atender los problemas de infraestructura y garantizar los materiales educativos que requieren los estudiantes.

Sin embargo, el resultado dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse entre los distintos bloques y de la posibilidad de introducir modificaciones que permitan reunir los votos necesarios.

La discusión de fondo enfrenta dos interrogantes centrales: de dónde deben surgir los recursos para financiar las mejoras educativas y qué sectores de la economía provincial deben realizar los aportes necesarios.

En ese escenario, el Gobernador volvió a colocar la responsabilidad de la definición en manos de los legisladores, insistiendo en que el objetivo debe ser garantizar mejores condiciones para la educación pública fueguina.