La presidente del bloque de La Libertad Avanza respaldó la insistencia legislativa contra el veto de Gustavo Melella y sostuvo que la provincia atraviesa una crisis económica, sanitaria, educativa y de seguridad que obliga a priorizar los recursos públicos.

Ushuaia.- La presidente del bloque de Natalia Gracianía, defendió con dureza la insistencia parlamentaria para dejar sin efecto la Ley 1529 de reforma constitucional y rechazó el veto dispuesto por el gobernador Gustavo Melella, al considerar que Tierra del Fuego atraviesa una situación económica y social que vuelve “inoportuno” avanzar en un proceso constituyente.

Durante una extensa exposición en el recinto legislativo, la parlamentaria sostuvo que, si bien toda constitución debe poder adaptarse a los cambios sociales y políticos, una reforma de semejante magnitud necesita un contexto de estabilidad que hoy la provincia no posee.

“Entendemos que toda Constitución debe ser una herramienta viva, capaz de acompañar los cambios sociales y políticos de una comunidad. Sin embargo, también creemos que toda discusión sobre una reforma constitucional tiene que darse en un contexto de estabilidad institucional, previsibilidad económica y prioridades sociales cubiertas. Y hoy claramente la provincia no atraviesa esa realidad”, afirmó.

Gracianía advirtió que avanzar con una Convención Constituyente implicaría un fuerte impacto presupuestario para las arcas provinciales, tanto por costos directos como indirectos.

“Hablar de reforma constitucional implica inevitablemente hablar de costos. Costos económicos directos vinculados al funcionamiento de convencionales constituyentes, estructura administrativa, procesos electorales, logística, personal y funcionamiento institucional, además de la correspondiente difusión”, señaló.

Pero además, remarcó que también existirían “costos indirectos”, vinculados al tiempo político, prioridades desplazadas y recursos públicos destinados a un proceso que —según sostuvo— no representa hoy la principal preocupación de la ciudadanía fueguina.

La legisladora de La Libertad Avanza centró buena parte de su discurso en describir el cuadro social y financiero de la provincia. En materia sanitaria, habló de problemas de infraestructura hospitalaria, renuncias de profesionales por bajos salarios y dificultades presupuestarias.

“Los vecinos necesitan respuestas concretas en atención médica, equipamiento e inversión sanitaria, no una discusión política costosa que no va a resolver las urgencias del sistema”, sostuvo.

También apuntó contra la situación educativa provincial, al recordar las dificultades edilicias y los conflictos que afectaron el dictado de clases.

“El año pasado fue realmente una catástrofe educativa. Este año vamos por el mismo camino, por problemas sin resolver, que tienen una fuente común: la falta de financiamiento educativo”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, Gracianía vinculó la discusión presupuestaria con los problemas de seguridad y con el reclamo de los 540 jubilados territoriales que dejaron de percibir haberes compensatorios.

“Hoy nos contaban que en el último mes perdieron dos camaradas que se fueron sin ver la resolución de esta situación”, expresó, al advertir sobre el deterioro económico y sanitario que atraviesan muchos adultos mayores afectados por la suspensión de esos pagos.

La legisladora insistió en que la ciudadanía reclama respuestas urgentes del Estado en áreas esenciales y no un debate constitucional.

“La ciudadanía hoy espera que el esfuerzo económico del Estado provincial esté orientado a resolver problemas cotidianos: educación, salud y seguridad. Son pilares fundamentales de los cuales el Estado provincial no se puede desentender”, remarcó.

Desde el plano institucional, Gracianía sostuvo que una reforma constitucional no puede quedar atravesada por coyunturas políticas ni desarrollarse sin consensos amplios.

“Una reforma constitucional no puede transformarse en un proceso improvisado ni atravesado por tensiones políticas coyunturales. Requiere consensos sociales, estabilidad económica y un contexto de previsibilidad que claramente hoy no existe”, manifestó.

Durante su discurso, también apeló a fundamentos doctrinarios y citó al reconocido constitucionalista Germán Bidart Campos para reforzar su postura.

“Bidart Campos sostenía que la estabilidad constitucional constituye un valor institucional y que las reformas constitucionales solo encuentran verdadera legitimidad cuando responden a necesidades profundas, urgentes y ampliamente consensuadas por la sociedad”, explicó.

La legisladora consideró además que “la razonabilidad institucional también implica administrar responsablemente los recursos públicos y establecer prioridades”, y cuestionó que el Estado provincial destine fondos millonarios a una Convención Constituyente mientras persisten problemas urgentes en hospitales, escuelas y seguridad.

Hacia el cierre de su intervención, Gracianía aclaró que el bloque libertario no rechaza de manera definitiva el debate constitucional, aunque insistió en que el contexto actual vuelve inviable la iniciativa.

“Creemos que hay temas que deben debatirse respecto del contenido de nuestra Constitución. Pero sí entendemos que este no es el momento”, indicó.

Finalmente, vinculó la situación financiera provincial con la dependencia de adelantos de coparticipación enviados por Nación.

“Hoy dependemos del acompañamiento de la Nación con adelantos de coparticipación para que cierren mínimamente los números de la provincia de Tierra del Fuego. Si no tuviéramos ese acompañamiento, hoy la provincia no podría afrontar sus responsabilidades”, aseguró.

Y concluyó: “Frente a las demandas crecientes en todo lo que es indelegable por parte del Estado provincial, hoy volvemos a acompañar la insistencia de la abrogación de la Ley 1529 desde el bloque de La Libertad Avanza”.