El Parlamento fueguino podría sesionar este viernes a partir de las 15 horas para tratar el veto del gobernador Gustavo Melella a la ley que derogó la reforma constitucional. La oposición busca insistir con la derogación y cerrar un proceso político que quedó atrapado entre la crisis económica, el desgaste social y la judicialización.

Ushuaia.- La reforma parcial de la Constitución Provincial impulsada por el gobernador Gustavo Melella podría ingresar este viernes en su capítulo decisivo. La Legislatura fueguina analiza convocar a una sesión especial en la que se pondrá en debate el veto del Ejecutivo provincial a la ley que derogó el proceso reformista iniciado con la Ley 1529.

El pedido de convocatoria ya fue presentado por legisladores provinciales y ahora resta la confirmación formal por parte de la Presidencia de la Cámara. De concretarse la sesión, el oficialismo y la oposición volverán a enfrentarse en una discusión que desde hace meses atraviesa el escenario político fueguino y que terminó escalando también al terreno judicial y electoral.

La clave estará en saber si la oposición consigue reunir nuevamente los votos necesarios para insistir con la derogación aprobada semanas atrás por la Legislatura. Si ese escenario se concreta, el proyecto de reforma constitucional quedaría políticamente sepultado y el veto firmado por Melella perdería efecto.

No se tratará de una votación más. El debate pondrá frente a frente dos visiones opuestas sobre el futuro institucional de la provincia: por un lado, el oficialismo sostiene que el proceso electoral ya se encuentra en marcha y que la ciudadanía debe tener la posibilidad de elegir convencionales constituyentes; por el otro, sectores opositores consideran que la reforma perdió legitimidad política y social en medio del deterioro económico que atraviesa Tierra del Fuego.

La tensión aumentó luego de que el Gobierno decidiera sostener la continuidad del proceso pese a la derogación votada por la Cámara. Desde el Ejecutivo argumentan que la convocatoria electoral constituye un acto institucional en curso y remarcan que existen pronunciamientos judiciales y dictámenes fiscales que avalan la continuidad del cronograma electoral.

En las últimas horas, la secretaria de Coordinación Legal y Técnica del Gobierno provincial, Mariangeles Arroyo, aseguró que el dictamen del Ministerio Público Fiscal ratificó que “la Ley 1529 se encuentra vigente y totalmente operativa” y sostuvo que “no existe ningún obstáculo” para que la Justicia Electoral avance con el cronograma para la elección de convencionales constituyentes.

Sin embargo, desde distintos bloques legislativos entienden que el escenario político cambió drásticamente desde diciembre de 2023, cuando se declaró la necesidad de la reforma. El argumento central de quienes impulsan la derogación gira alrededor del contexto económico, la caída de la actividad, el ajuste nacional y la necesidad de priorizar recursos públicos en áreas sensibles antes que en un proceso constituyente.

El debate también dejó expuestas diferencias jurídicas profundas. Mientras el Gobierno sostiene que una vez iniciado el proceso electoral la Legislatura no puede interrumpirlo, sectores opositores afirman que el Parlamento conserva facultades para revisar y derogar la ley que dio origen a la reforma.

En el medio quedó la Justicia Electoral, que debió intervenir ante múltiples presentaciones vinculadas a la constitucionalidad del proceso y a los efectos del veto y de la derogación legislativa. La controversia incluso alcanzó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante recursos y presentaciones promovidas por distintos actores políticos.

Más allá del desenlace formal, en la Legislatura muchos interpretan que la discusión del viernes tendrá un fuerte peso simbólico y político. Si prospera la insistencia legislativa, la oposición buscará mostrar que logró frenar uno de los principales objetivos institucionales del oficialismo provincial. Si, en cambio, el Gobierno consigue sostener el veto, el proceso reformista continuará abierto y el escenario volverá a trasladarse a la Justicia y al cronograma electoral.

Lo que ocurra en las próximas horas podría terminar definiendo no sólo el futuro de la reforma constitucional, sino también uno de los conflictos políticos más intensos y desgastantes de la actual gestión provincial.