En una sesión breve y marcada por un empate de siete votos a favor y siete en contra, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó el proyecto impulsado por el gobernador Gustavo Melella y acompañado por el SUTEF. La legisladora María Victoria Vuoto, quien presidió la sesión, ejerció el voto de desempate previsto por la Constitución Provincial. La Libertad Avanza cuestionó duramente la iniciativa, mientras que FORJA y el Partido Verde defendieron su aprobación. El legislador Raúl Von der Thusen estuvo ausente por razones de salud y recibió la solidaridad de sus pares.
Ushuaia, 17 de noviembre de 2026.- La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sancionó este martes la Ley de Financiamiento Educativo, luego de levantar el cuarto intermedio de la sexta sesión ordinaria, iniciado el pasado 3 de noviembre.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial y respaldada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), obtuvo siete votos afirmativos y siete negativos, por lo que resultó decisiva la intervención de la legisladora María Victoria Vuoto, quien se encontraba ejerciendo la presidencia de la Cámara.
En aplicación del artículo 100 de la Constitución Provincial, Vuoto utilizó su facultad de desempate y votó afirmativamente, permitiendo la sanción del proyecto.
La sesión comenzó a las 14 horas, con la presencia de 14 legisladores, y tuvo un desarrollo particularmente breve en lo referido al tratamiento de la iniciativa, ya que la mayoría del cuerpo decidió omitir la lectura del dictamen de las comisiones de Educación y Presupuesto y avanzar directamente con la votación nominal.
Una votación dividida y el desempate de la presidencia

La votación reflejó las diferencias políticas que habían atravesado el debate durante las últimas semanas.
Los siete votos afirmativos correspondieron a María Laura Colazo, Gisela Dos Santos, Tomás García, Federico Greve, Myriam Martínez, Juan Carlos Pino y María Victoria Vuoto.
Por la negativa votaron Natalia Gracianía, Matías Lapadula, Jorge Lechman, Damián Löffler, Luciano Selzer, Federico Sciurano y Pablo Villegas.
Con el resultado empatado, la presidente a cargo de la Legislatura ejerció la facultad constitucional de desempate, quedando sancionada la iniciativa.
El proyecto fue girado al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
La ausencia de Raúl Von der Thusen
Al comenzar la sesión, se dio lectura a una nota remitida por el legislador Raúl Von der Thusen, quien informó que no podría participar presencialmente por razones de salud y acompañamiento familiar.
En su comunicación recordó que había estado presente al iniciarse la sexta sesión ordinaria, el pasado 3 de noviembre, y que en aquella oportunidad había votado en contra del cuarto intermedio, precisamente por la posibilidad de no poder concurrir a su continuación.
Los integrantes del cuerpo legislativo expresaron su solidaridad con Von der Thusen, reconociendo la delicada situación personal que atraviesa y el esfuerzo realizado para participar de las sesiones anteriores.
Su ausencia determinó que fueran 14 los legisladores presentes al momento de la votación.
Colazo: “Es una ley de mejora, pero no resuelve toda la cuestión educativa”
Luego de la sanción, la legisladora María Laura Colazo, del Partido Verde, explicó los fundamentos de su voto afirmativo y sostuvo que su espacio decidió acompañar la iniciativa porque considera necesario avanzar con herramientas que contribuyan al sostenimiento del sistema educativo.
Sin embargo, aclaró que la norma no constituye una solución definitiva a los problemas estructurales de la educación fueguina.
“Sabemos que esta ley no es la panacea, no va a venir a cubrir todas las necesidades que tiene el sistema educativo de la provincia”, expresó.
Colazo destacó que el proyecto incorpora objetivos de planificación, mecanismos de seguimiento y un observatorio destinado a monitorear la aplicación de los recursos.
También explicó que su bloque realizó consultas durante el cuarto intermedio, particularmente sobre el impacto que podría tener la eliminación de una exención tributaria al Banco de Tierra del Fuego.
Según manifestó, recibió garantías de que los costos derivados de esa modificación no serán trasladados a los usuarios y clientes de la entidad bancaria.
La legisladora sostuvo que su espacio continuará controlando el cumplimiento de ese compromiso.
Asimismo, reconoció que otros bloques presentaron iniciativas alternativas de financiamiento educativo, entre ellas las impulsadas por Jorge Lechman y Matías Lapadula, y consideró necesario mantener abierto el debate.
Una propuesta para incorporar tecnología y equipamiento educativo
Durante su intervención, Colazo también anticipó que el Partido Verde presentará un nuevo proyecto destinado a fortalecer la conectividad, la digitalización y la incorporación de equipamiento tecnológico en establecimientos educativos.
La iniciativa buscará financiarse mediante recursos del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).
La legisladora propuso que parte del equipamiento pueda ser fabricado por empresas radicadas en Tierra del Fuego, con el objetivo de vincular las políticas educativas con la producción industrial y la economía del conocimiento.
De esta manera, planteó que la educación tecnológica también puede constituir una herramienta para acompañar la recuperación de la actividad productiva y generar nuevas oportunidades para los jóvenes fueguinos.
Gracianía: “Es una cáscara vacía que no resuelve absolutamente nada”
La legisladora Natalia Gracianía, de La Libertad Avanza, fundamentó su rechazo mediante una extensa intervención en la que cuestionó tanto las fuentes de financiamiento como el impacto económico que, a su entender, tendrá la nueva legislación.
“Es una cáscara vacía”, afirmó, al sostener que la norma no permitirá resolver los problemas salariales de los docentes ni las deficiencias de infraestructura escolar.
Según sus estimaciones, las fuentes de financiamiento actualmente identificadas permitirían recaudar aproximadamente 3.500 millones de pesos anuales, de los cuales el 40% se destinaría a salarios.
Gracianía calculó que ese monto representaría un incremento cercano a los 7.000 pesos mensuales por docente, considerando una planta aproximada de 9.000 trabajadores de la educación.
También cuestionó que algunas de las fuentes de recursos contempladas en la norma dependan de actividades económicas futuras, como el hidrógeno verde y la economía del conocimiento.
En ese sentido, sostuvo que se están comprometiendo ingresos cuya materialización todavía no se encuentra garantizada.
La legisladora también criticó que el proyecto se aprobara antes de profundizar el análisis del Presupuesto Provincial 2027.
Cuestionamientos al SUTEF y al gobernador Melella
Durante su exposición, Gracianía vinculó la sanción de la ley con lo que consideró un acuerdo político entre el gobernador Gustavo Melella y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena.
La parlamentaria sostuvo que la iniciativa ofrece una respuesta política al conflicto docente, pero no representa una solución concreta para los trabajadores de la educación.
En ese contexto, recordó las medidas de fuerza realizadas durante el año y cuestionó las consecuencias que tuvieron sobre la continuidad de las clases.
También reclamó respuestas por la situación de aproximadamente 1.100 docentes de establecimientos privados de gestión pública, a quienes, según denunció, se les adeudarían adicionales salariales por un monto superior a los 1.500 millones de pesos.
Gracianía adelantó que planteará esta situación durante el tratamiento del presupuesto del Ministerio de Educación.
Greve respondió a La Libertad Avanza y reclamó la restitución de 17 programas nacionales
Las críticas de Natalia Gracianía motivaron una respuesta del legislador Federico Greve, presidente de FORJA, quien defendió el alcance de la ley y cuestionó la política educativa del Gobierno nacional.
“La verdad, ¿sabe lo que mejoraría la educación de Tierra del Fuego? Que La Libertad Avanza devuelva los 17 programas nacionales que dieron de baja y se desinteresaron por la educación”, expresó.
Greve sostuvo que la norma sancionada no pretende resolver inmediatamente la totalidad de los problemas salariales o de infraestructura, sino establecer un marco de planificación y convergencia de la inversión educativa provincial.
En ese sentido, rechazó las críticas relacionadas con el compromiso de recursos futuros.
“Yo no hipoteco el futuro de los fueguinos cuando invierto en educación, Presidenta, todo lo contrario”, afirmó.
El legislador oficialista insistió en que la iniciativa busca establecer una prioridad presupuestaria para el sistema educativo y avanzar progresivamente hacia mayores niveles de inversión.
También cuestionó que algunos sectores opositores presentaran la ley como una solución salarial inmediata, cuando, según sostuvo, ese nunca fue el objetivo planteado por sus impulsores.
La próxima sesión será el 10 de diciembre
Antes de finalizar la jornada, los legisladores acordaron establecer el calendario de las próximas actividades parlamentarias.
A propuesta de Federico Greve, con una modificación planteada por Pablo Villegas, se resolvió convocar a la próxima sesión ordinaria para el jueves 10 de diciembre, a las 11 horas.
La reunión de labor parlamentaria quedó prevista para el miércoles 9 de diciembre, a las 14 horas.
También se aprobó extender hasta el 10 de diciembre el período para la emisión de dictámenes, mientras que la Presidencia tendrá a su cargo establecer la fecha de cierre de asuntos.
Una ley aprobada en medio de profundas diferencias políticas
La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo representa un resultado político importante para el Gobierno de Gustavo Melella y para los sectores que impulsaron la iniciativa, particularmente el SUTEF, que venía reclamando su tratamiento legislativo.
Sin embargo, la votación dividida y las intervenciones posteriores dejaron en evidencia que persisten profundas diferencias respecto de las fuentes de financiamiento, el alcance real de los recursos previstos y la capacidad de la norma para mejorar las condiciones del sistema educativo.
Mientras el oficialismo y sus aliados consideran que la legislación constituye una herramienta para establecer prioridades y avanzar progresivamente en la inversión educativa, los sectores opositores cuestionan su impacto económico y advierten que no resolverá las demandas salariales ni los problemas de infraestructura.
La aplicación de la nueva ley, una vez promulgada, y el tratamiento del Presupuesto Provincial 2027 permitirán evaluar el alcance de los mecanismos aprobados y su incidencia sobre las políticas educativas de Tierra del Fuego.




