La presidente del bloque de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, cuestionó duramente la ley sancionada por la Legislatura fueguina y aseguró que su aprobación responde a un acuerdo político entre el gobernador Gustavo Melella y el secretario general del SUTEF, Horacio Catena. Advirtió que los recursos previstos representarían apenas unos 7.000 pesos mensuales de bolsillo por docente y sostuvo que la iniciativa no solucionará los problemas salariales, de infraestructura ni de pérdida de días de clases. También denunció que aproximadamente 1.100 docentes de colegios privados de gestión pública acumulan una deuda salarial superior a los 1.500 millones de pesos.
Ushuaia, 17 de noviembre de 2026.- La legisladora provincial Natalia Gracianía, presidente del bloque de La Libertad Avanza, lanzó durísimas críticas contra la Ley de Financiamiento Educativo sancionada este martes por la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y sostuvo que la iniciativa representa una respuesta a un acuerdo político entre el gobernador Gustavo Melella y el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena.
La parlamentaria formuló estas acusaciones inmediatamente después de la votación que terminó empatada en siete votos afirmativos y siete negativos, resultado que fue definido mediante el voto de desempate de la legisladora María Victoria Vuoto, quien ejercía la presidencia de la Cámara.
Gracianía, que votó en contra de la iniciativa, consideró que la norma fue aprobada sin resolver los cuestionamientos planteados por distintos sectores legislativos y sin un análisis integral de los recursos destinados a la educación provincial.
En una extensa intervención, sostuvo que la ley no representa una solución concreta para los docentes ni para los estudiantes, y advirtió que las expectativas generadas alrededor de su aprobación no se corresponden con los recursos que efectivamente podrían recaudarse.
“Es una respuesta al acuerdo político entre Catena y Melella”
Uno de los momentos más contundentes de su discurso se produjo cuando Gracianía vinculó directamente la aprobación de la ley con un supuesto entendimiento político entre el mandatario provincial y la conducción del sindicato docente.
Según la legisladora, la insistencia en sancionar la iniciativa responde a la necesidad de ofrecer una salida política al prolongado conflicto educativo que atravesó Tierra del Fuego durante el presente año.
“Lo único que hace es dar una respuesta a quien dirige hoy el sindicato docente, que es Horacio Catena, y al gobernador de la provincia, que es Gustavo Melella”, afirmó.
La parlamentaria fue todavía más lejos al sostener que ambos dirigentes mantienen un acuerdo político que, a su entender, explica la decisión de avanzar con la ley.
“Darles una respuesta para poder, de alguna manera, lograr que ese acuerdo que tienen, que es evidentemente un acuerdo político, pueda dejar bien parados no solamente a quien dirige el sindicato docente, sino también al gobernador de la provincia”, manifestó.
Gracianía consideró que la sanción podría representar una solución para las necesidades políticas de ambos dirigentes, pero no para las demandas de los trabajadores de la educación.
“Esto puede ser una respuesta para ese acuerdo político que ambos tenían y puede dejar saldada la deuda. Ahora, la deuda con los docentes de buena voluntad y que con buena fe creyeron que 46 días sin clases valía la pena, esa deuda no está saldada”, cuestionó.
Sus declaraciones constituyeron una acusación política directa contra el gobernador y la conducción sindical, a quienes responsabilizó por haber generado expectativas que, según su evaluación, la nueva legislación no podrá satisfacer.
“Es una cáscara vacía que no resuelve absolutamente nada”
La presidente del bloque libertario calificó reiteradamente la norma como una legislación carente de soluciones concretas.
“Esta ley es una cáscara vacía, que lo único que hace es dar una salida elegante a los 46 días de paro, pero que no soluciona absolutamente nada y no cambia absolutamente nada en la educación pública en Tierra del Fuego”, sostuvo.
Gracianía aseguró que el proyecto fue aprobado sin incorporar modificaciones sustanciales que permitieran mejorar su impacto sobre el sistema educativo.
En ese sentido, cuestionó lo que consideró un tratamiento acelerado del dictamen y afirmó que no se tuvieron suficientemente en cuenta las observaciones realizadas durante las reuniones de comisión y los debates legislativos anteriores.
También sostuvo que la iniciativa debió analizarse conjuntamente con el Presupuesto Provincial 2027, para conocer con precisión cuánto dinero se destina actualmente a educación y cómo se ejecutan esos recursos.
“No podemos a las apuradas o forzar para encontrar la manera de dar una respuesta y sacarnos el tema de encima de la Legislatura, votar una ley que en realidad es una cáscara vacía”, expresó.
Apenas 7.000 pesos mensuales por docente, según sus cálculos
Uno de los principales argumentos de Gracianía estuvo relacionado con las fuentes de financiamiento previstas en la ley.
La legisladora sostuvo que los recursos actualmente identificables permitirían recaudar aproximadamente 3.500 millones de pesos anuales.
Según explicó, unos 3.000 millones provendrían de la aplicación de una carga del 3% al Banco de Tierra del Fuego, mientras que otros 500 millones corresponderían al revalúo del impuesto inmobiliario rural.
De acuerdo con sus estimaciones, solamente el 40% de esos recursos estaría destinado al mejoramiento salarial de los docentes.
“De esos 3.500 millones, solamente un 40% estará destinado a salarios”, indicó.
Gracianía calculó que ese porcentaje representa aproximadamente 1.400 millones de pesos anuales.
Al distribuir ese monto entre unos 9.000 docentes, sostuvo que el resultado sería un incremento cercano a los 7.000 pesos mensuales de bolsillo por trabajador, según las deducciones consideradas en su estimación.
Para la legisladora, esa cifra demuestra que la nueva ley no permitirá una recuperación significativa del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.
“El impacto que va a tener en los salarios es prácticamente inexistente”, afirmó.
La parlamentaria insistió en que estas estimaciones deberían haberse explicado claramente a los docentes antes de generar expectativas sobre los resultados de la sanción legislativa.
Cuestionó los fondos para infraestructura escolar
Gracianía también puso en duda que la ley pueda mejorar sustancialmente las condiciones edilicias de los establecimientos educativos.
Durante su intervención se refirió a los recursos que podrían obtenerse mediante el gravamen contemplado sobre la actividad de Camuzzi Gas del Sur.
Según sus estimaciones, esa fuente podría generar aproximadamente 1.400 millones de pesos destinados a infraestructura escolar.
La legisladora sostuvo que, al distribuir esos recursos entre los establecimientos educativos provinciales, el resultado representaría alrededor de 16 millones de pesos anuales por escuela.
A su entender, ese monto resulta insuficiente para afrontar las necesidades de mantenimiento, reparación y mejoramiento de los edificios escolares.
Por ese motivo, cuestionó que se presente la iniciativa como una herramienta capaz de resolver los problemas de infraestructura que afectan al sistema educativo fueguino.
Hidrógeno verde y economía del conocimiento: recursos que todavía no existen
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a las fuentes de financiamiento vinculadas con actividades económicas que todavía no se encuentran plenamente desarrolladas en Tierra del Fuego.
Gracianía señaló que la ley contempla recursos futuros relacionados con el hidrógeno verde y la economía del conocimiento.
Si bien manifestó su expectativa de que esas actividades puedan generar inversiones y oportunidades productivas, advirtió que actualmente no existe certeza sobre los montos que podrían ingresar a las arcas provinciales.
“Estamos comprometiendo fondos futuros de la provincia de Tierra del Fuego, fondos que ni siquiera existen hoy, por actividades que ni siquiera hoy todavía en la provincia se pueden llevar adelante”, expresó.
La parlamentaria consideró que esas previsiones representan expectativas de recaudación y no recursos disponibles para atender las necesidades inmediatas del sistema educativo.
También sostuvo que comprometer ingresos todavía inciertos puede condicionar las decisiones presupuestarias de futuras administraciones provinciales.
Rechazo a la creación de nuevos impuestos
La legisladora cuestionó además el mecanismo elegido para obtener recursos adicionales.
Según sostuvo, el Gobierno provincial vuelve a recurrir a nuevas cargas tributarias para financiar gastos corrientes, en lugar de revisar previamente la administración de los fondos existentes.
Gracianía relacionó esta decisión con las dificultades económicas que atraviesa la Provincia y con el estado de sus finanzas públicas.
“Estamos frente a una situación de las finanzas públicas provinciales que nadie nos tiene que contar cómo están. Están absolutamente en rojo”, manifestó.
Para la representante de La Libertad Avanza, la discusión debería incluir una evaluación integral de la eficiencia del gasto educativo y de las prioridades presupuestarias.
En ese sentido, consideró que no resulta responsable aprobar nuevas obligaciones tributarias sin analizar simultáneamente el presupuesto del próximo ejercicio.
Los 46 días de paro y las 36 horas de la última medida de fuerza
Gracianía también dirigió fuertes cuestionamientos a la conducción del SUTEF por las medidas de fuerza desarrolladas durante el año.
Recordó que, según su exposición, el conflicto educativo acumuló 46 días de paro y que la sanción de la ley estuvo precedida por una nueva medida de fuerza de 36 horas.
La legisladora sostuvo que numerosos docentes participaron de las protestas convencidos de que la aprobación de una herramienta de financiamiento permitiría mejorar sus salarios.
Sin embargo, aseguró que los resultados económicos previstos no justifican las expectativas generadas.
“Déjenme decirles que la verdad es que lo que se votó hoy no les mejora el salario a los docentes. No mejora la situación de la infraestructura de las escuelas, no mejora absolutamente nada”, afirmó.
También cuestionó las consecuencias que tuvieron las jornadas sin clases sobre los estudiantes fueguinos.
Según expresó, los días perdidos y los contenidos que no pudieron desarrollarse representan una deuda pendiente con los alumnos y sus familias.
“La deuda con los estudiantes de Tierra del Fuego tampoco está saldada”, sostuvo.
La parlamentaria afirmó que los problemas educativos no se limitan a la cuestión salarial y que también deben contemplarse la continuidad pedagógica, las condiciones de aprendizaje y el funcionamiento de los establecimientos.
“La ley no piensa en los estudiantes”
En otro tramo de su intervención, Gracianía sostuvo que los alumnos fueron los grandes ausentes del debate político.
La legisladora consideró que la discusión se concentró en las necesidades del Gobierno y de la conducción sindical, sin ofrecer respuestas concretas para recuperar los contenidos afectados por las medidas de fuerza.
“Esta ley no piensa en los estudiantes”, afirmó.
También aseguró que la norma no contempla mecanismos específicos para recuperar las jornadas de clases perdidas.
En ese contexto, cuestionó que se invoque la defensa de la educación pública sin atender integralmente las necesidades de quienes concurren diariamente a las escuelas.
Para Gracianía, la mejora educativa debe contemplar simultáneamente salarios dignos, infraestructura adecuada y continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Denunció una deuda superior a $1.500 millones con docentes de colegios privados
Hacia el final de su exposición, la legisladora introdujo otro reclamo que consideró ausente del debate sobre financiamiento educativo.
Según manifestó, aproximadamente 1.100 docentes que prestan servicios en unos 15 establecimientos privados de gestión pública no estarían percibiendo un adicional salarial reconocido mediante un acuerdo paritario de octubre de 2025.
Gracianía aseguró que la deuda acumulada por ese concepto ya superaría los 1.500 millones de pesos.
También recordó que muchos de esos trabajadores se desempeñan simultáneamente en instituciones educativas públicas y privadas.
La parlamentaria cuestionó que esta situación no hubiera recibido la misma atención que la sanción de la nueva ley.
“Les deben a estos docentes y les tienen que pagar”, reclamó.
Asimismo, manifestó su expectativa de que el SUTEF intervenga en defensa de esos trabajadores y adelantó que planteará el tema ante las autoridades del Ministerio de Educación durante el análisis del Presupuesto Provincial 2027.
Reclamó discutir los salarios de todos los empleados públicos
Gracianía aclaró que su rechazo a la ley no implica desconocer la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores de la educación.
Por el contrario, sostuvo que los docentes deben percibir salarios dignos, pero consideró que esa discusión también debe extenderse al resto de los empleados públicos provinciales.
Mencionó especialmente a los trabajadores de la salud, los integrantes de la Policía y otros agentes estatales que también enfrentan dificultades económicas.
“Tenemos que discutir cómo los docentes pueden tener salarios dignos. Sí, por supuesto que sí. Pero no solo los docentes, los policías, los trabajadores de la salud y todo empleado público de Tierra del Fuego tiene que tener un salario digno”, expresó.
En ese sentido, insistió en que la planificación presupuestaria debe contemplar de manera integral las obligaciones del Estado y las necesidades de sus trabajadores.
Una ley que, según Gracianía, beneficia políticamente a Melella y Catena
Sobre el cierre de su intervención, la presidente del bloque de La Libertad Avanza volvió a cuestionar los motivos que llevaron a la aprobación de la iniciativa.
Planteó que, si la ley no produce mejoras salariales significativas, no resuelve los problemas edilicios ni recupera los días de clases perdidos, corresponde preguntarse a quién beneficia realmente.
“¿A quién beneficia esta ley? La verdad que a los docentes no, a los estudiantes tampoco, a la educación pública fueguina menos”, sostuvo.
Y concluyó que, desde su interpretación, la sanción responde fundamentalmente a compromisos políticos entre el Ejecutivo provincial y la conducción del sindicato docente.
Las declaraciones de Gracianía reflejan una de las posiciones más críticas frente a la nueva legislación, cuya aprobación quedó definida por el voto de desempate de María Victoria Vuoto.
Mientras el Gobierno provincial y el SUTEF defienden la necesidad de incorporar nuevas herramientas de financiamiento para fortalecer el sistema educativo, la legisladora libertaria sostiene que los recursos previstos resultarán insuficientes y que la iniciativa no responde a las expectativas generadas entre los trabajadores.
La discusión continuará durante el tratamiento del Presupuesto Provincial 2027, cuando deberán analizarse las partidas destinadas a educación, las obligaciones salariales y el alcance de los nuevos mecanismos de financiamiento.
Por el momento, Gracianía dejó planteada una acusación política que seguramente continuará generando repercusiones: que la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo constituye una salida para el acuerdo entre Melella y Catena, pero no una solución para los docentes y estudiantes de Tierra del Fuego.




