La presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura provincial, Natalia Gracianía, cuestionó el dictamen impulsado por FORJA y el Partido Justicialista y aseguró que los recursos previstos tendrían un impacto mínimo sobre los salarios docentes. En una entrevista con Adrián Moreno por Radio Provincia, responsabilizó al gobernador Gustavo Melella por el conflicto educativo, criticó la conducción del SUTEF y sostuvo que el debate debe realizarse junto con el Presupuesto 2027, sin aumentar la presión tributaria sobre los fueguinos.

Río Grande, 3 de noviembre de 2026.- La legisladora provincial Natalia Gracianía, presidente del bloque de La Libertad Avanza, formuló fuertes cuestionamientos al proyecto de financiamiento educativo que se debate en la Legislatura de Tierra del Fuego y advirtió que, de acuerdo con sus estimaciones, el dictamen impulsado por FORJA y el Partido Justicialista permitiría una mejora salarial de aproximadamente 7.000 pesos mensuales de bolsillo por docente.

Durante una entrevista realizada por el periodista Adrián Moreno en Radio Provincia, la parlamentaria explicó los motivos por los cuales acompañó el retiro del tratamiento de urgencia al asunto 519/2026 y consideró que la discusión requiere un análisis más profundo de los recursos disponibles y de la administración presupuestaria provincial.

Gracianía sostuvo que el principal obstáculo para alcanzar acuerdos legislativos es que las distintas propuestas de financiamiento contemplan, según su interpretación, nuevos impuestos o mayores cargas tributarias.

“Todos los proyectos que hasta ahora se han debatido tienen algún inconveniente planteado en los recursos”, afirmó.

La legisladora responsabilizó al Ejecutivo provincial por la situación financiera y educativa, y cuestionó que se pretenda resolver mediante un tratamiento acelerado un problema que, según recordó, lleva varios años de discusión.

 

“El problema es que los recursos salen de nuevos impuestos”

 

Gracianía sostuvo que las propuestas presentadas hasta el momento comparten una característica que considera perjudicial para la economía fueguina: la creación de nuevas obligaciones tributarias.

A su entender, esa alternativa trasladaría a las familias y a los sectores productivos las consecuencias de lo que calificó como una deficiente administración de los fondos públicos.

La parlamentaria cuestionó que el Gobierno provincial, durante su segundo mandato, solicite una respuesta legislativa urgente para financiar compromisos vinculados con el conflicto docente.

También recordó que, a principios de año, el Ejecutivo había presentado otra iniciativa relacionada con el financiamiento de la salud y la educación, cuyo análisis presupuestario generó diferencias.

Según Gracianía, el proyecto actualmente en discusión conserva características similares, aunque ya no incluye el componente sanitario.

En ese sentido, remarcó que el asunto 519/2026 llevaba menos de treinta días de debate en las comisiones cuando se resolvió retirar su tratamiento de urgencia.

“Veinticinco meses hace que estamos discutiendo el problema del financiamiento educativo en la Legislatura”, explicó, pero aclaró que ese período corresponde a distintas iniciativas y no exclusivamente al proyecto presentado recientemente.

 

El cálculo de Gracianía: 3.500 millones anuales y un impacto salarial limitado

 

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la recaudación que permitiría obtener el dictamen legislativo.

Gracianía explicó que el proyecto original contemplaba ingresos estimados en aproximadamente 10.000 millones de pesos, mientras que las modificaciones incorporadas reducirían, según sus cálculos, los recursos efectivamente disponibles a unos 3.500 millones de pesos anuales.

Entre las fuentes de financiamiento mencionó una alícuota del 3% de Ingresos Brutos para el Banco de Tierra del Fuego y otra del 3,4% vinculada con la distribución de gas, además de otros conceptos tributarios.

La legisladora señaló que el proyecto también contempla recursos relacionados con actividades económicas cuyo desarrollo futuro todavía presenta incertidumbres, como el hidrógeno verde y la economía del conocimiento.

Según detalló, los 3.500 millones de pesos anuales estimados se distribuirían de la siguiente manera:

• 40% para salarios docentes:400 millones de pesos.
• 40% para infraestructura escolar:400 millones de pesos.
• 20% para equipamiento educativo: 700 millones de pesos.

 

Gracianía sostuvo que, si los 1.400 millones destinados a salarios se distribuyeran entre aproximadamente 9.000 docentes, el resultado sería de 155.555 pesos anuales por trabajador.

A partir de esa estimación, calculó una incidencia mensual bruta de 11.596 pesos y una mejora de bolsillo cercana a los 7.000 pesos, una vez aplicados los descuentos correspondientes.

“Entonces, déjeme decirle, Adrián, que estos números se tienen que poner sobre la mesa, se tienen que explicitar”, reclamó.

La parlamentaria consideró que esas cifras deben ser explicadas a los docentes antes de presentar el proyecto como una solución al conflicto salarial.

Cabe señalar que se trata de una proyección expuesta por la legisladora durante la entrevista. Su resultado depende de los supuestos de recaudación, distribución y liquidación salarial utilizados, por lo que no equivale necesariamente al incremento que percibiría cada trabajador en caso de aprobarse la ley.

 

Cuestionó la respuesta del Gobierno al conflicto docente

 

Gracianía también se refirió a las prolongadas medidas de fuerza que afectaron el dictado de clases y cuestionó la actuación del Gobierno provincial durante el conflicto.

La legisladora habló de 46 jornadas sin clases y consideró que las consecuencias educativas de esa interrupción no podrán resolverse únicamente mediante una eventual extensión del calendario escolar.

Sostuvo que recuperar días no necesariamente implica recuperar los contenidos y aprendizajes que no pudieron desarrollarse.

Asimismo, cuestionó al Ministerio de Educación por lo que considera una falta de intervención efectiva para garantizar la continuidad de las actividades escolares.

En ese marco, planteó que el proyecto de financiamiento aparece como una respuesta política a un conflicto que, a su entender, no fue resuelto oportunamente mediante las herramientas de negociación disponibles.

 

Fuertes críticas a Horacio Catena y a la conducción del SUTEF

 

La presidente del bloque de La Libertad Avanza también dirigió cuestionamientos al secretario general del SUTEF, Horacio Catena.

Gracianía consideró que las medidas de fuerza prolongadas perjudicaron especialmente a los estudiantes y sus familias, y rechazó que la cantidad de jornadas de paro pueda presentarse como un logro sindical.

Al mismo tiempo, reconoció el derecho de los docentes a reclamar mejoras salariales, aunque diferenció esa demanda de las decisiones adoptadas por la conducción gremial.

La legisladora atribuyó al Gobierno provincial y a los dirigentes sindicales responsabilidades políticas por la extensión del conflicto.

También criticó la convocatoria a nuevas medidas de fuerza durante el debate parlamentario y sostuvo que la discusión legislativa debería desarrollarse sin presiones sobre los representantes electos.

Sus afirmaciones sobre la existencia de acuerdos políticos entre el Ejecutivo y la conducción sindical corresponden a su interpretación de los acontecimientos y no constituyen, por sí mismas, una acreditación de esos acuerdos.

 

Reclamó debatir el financiamiento junto con el Presupuesto 2027

 

Como alternativa al tratamiento del dictamen actual, Gracianía propuso que la discusión sobre los recursos destinados a la educación se incorpore al análisis del Presupuesto provincial 2027.

La legisladora sostuvo que no resulta conveniente establecer nuevas fuentes de financiamiento sin examinar simultáneamente cómo se distribuyen y ejecutan los fondos públicos en las distintas áreas del Estado.

“Este es un tema que debería haberse tratado siempre y en conjunto con el presupuesto 2027”, manifestó.

En su análisis, el debate no debe limitarse a la educación, sino contemplar también las necesidades de salud y de otros servicios esenciales.

Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de comprometer ingresos futuros durante varios ejercicios presupuestarios.

Según señaló, el proyecto contempla previsiones de financiamiento a largo plazo que podrían alcanzar a futuras administraciones provinciales.

Gracianía consideró necesario discutir esas disposiciones con mayor profundidad, especialmente cuando algunas de las fuentes de ingresos proyectadas dependen de actividades económicas que todavía no generan la recaudación esperada.

 

Gracianía cuestionó los incidentes durante la sesión especial

 

Otro de los temas abordados fue el clima de tensión registrado durante la sesión especial del lunes 2 de noviembre.

Gracianía sostuvo que los legisladores deben poder expresar sus posiciones sin interrupciones ni intimidaciones, independientemente de las diferencias políticas existentes.

La parlamentaria aclaró que no cuestiona la presencia de público en el recinto, pero consideró necesario que se respeten las normas de funcionamiento de la Legislatura.

En ese sentido, pidió que las discusiones se desarrollen en un marco institucional que permita escuchar los argumentos de todos los sectores.

 

Una discusión que enfrenta distintas posiciones legislativas

 

Las declaraciones de Natalia Gracianía se suman a las posiciones expresadas por otros integrantes de la Legislatura provincial respecto del financiamiento educativo.

Mientras la legisladora de FORJA Myriam Martínez cuestionó a los bloques que impulsaron el retiro del tratamiento de urgencia y reclamó respuestas para el sistema educativo, el legislador del MPF Damián “Loli” Löffler también planteó objeciones a la creación de nuevos impuestos y propuso revisar gastos del Estado.

Gracianía coincidió con la necesidad de evitar mayores cargas tributarias, pero incorporó un cuestionamiento específico sobre el impacto económico que tendría el dictamen en los salarios docentes.

Para la representante de La Libertad Avanza, el problema no se resuelve únicamente mediante la aprobación de una ley que establezca nuevos recursos, sino a través de una discusión integral sobre las prioridades presupuestarias, la administración del gasto y los resultados concretos que se esperan alcanzar.

En ese marco, la legisladora ratificó su posición contraria al tratamiento acelerado de una iniciativa que considera insuficiente para resolver los problemas salariales, edilicios y de equipamiento del sistema educativo fueguino.

La discusión continuará en el ámbito legislativo, donde los distintos bloques deberán definir si avanzan con el dictamen existente, incorporan modificaciones o profundizan su tratamiento en comisión.