En medio de la fuerte disputa política en la Legislatura fueguina por la derogación de la ley que habilitó la reforma, el reconocido constitucionalista fue tajante: sostuvo que el proceso está en marcha, no puede retrotraerse y advirtió sobre el riesgo de “defraudar expectativas” del electorado.

Río Grande.- En un escenario político cada vez más tensionado en Tierra del Fuego, donde sectores legislativos avanzan con iniciativas para derogar la ley que habilitó la reforma de la Constitución provincial, una voz de peso en el ámbito jurídico nacional salió a fijar una posición contundente. Se trata del constitucionalista Daniel Sabsay, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, quien aseguró que el proceso reformista “ya no puede ser interrumpido” y que cualquier intento en ese sentido “carece de validez”.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con FM Ushuaia, en la que el jurista analizó el estado actual del proceso y las implicancias institucionales de los movimientos políticos en curso. Su diagnóstico no dejó margen a interpretaciones: “Absolutamente no, ya no se puede interrumpir el proceso de reforma de la Constitución”, afirmó de manera categórica.

Una ley de naturaleza especial

Sabsay puso especial énfasis en la singularidad jurídica de la norma que habilita la reforma constitucional, diferenciándola del resto del ordenamiento legal. Según explicó, no se trata de una ley común, sino de una herramienta institucional que activa nada menos que el ejercicio del poder constituyente.

“Es una ley especial que nada menos toma la decisión más importante, que es el ejercicio del poder constituyente”, subrayó. En esa línea, agregó un punto clave para el debate actual: “Es una ley que no puede ser vetada tampoco”, dejando en claro los límites institucionales que rodean este tipo de decisiones.

Críticas a la posible derogación

Consultado sobre los intentos de algunos sectores de avanzar con la derogación de la ley en la Legislatura provincial, el constitucionalista fue igualmente enfático. Para Sabsay, esa iniciativa no solo resulta jurídicamente improcedente, sino que además genera un impacto negativo sobre la ciudadanía.

“No, porque se está precisamente afectando la elección, defraudando expectativas y confundiendo totalmente al electorado. Ya no se puede retrotraer”, advirtió.

Sus palabras se inscriben en un contexto en el que el proceso reformista ya se encuentra en una etapa avanzada, con convocatoria electoral en marcha para elegir a los convencionales constituyentes, lo que, según su interpretación, consolida aún más la imposibilidad de volver atrás.

El rol de la Convención Constituyente

En cuanto a lo que viene, Sabsay recordó que la instancia clave del proceso no es la Legislatura, sino la Convención Constituyente, órgano soberano encargado de debatir y eventualmente modificar la Carta Magna provincial.

“La reforma la hace la Convención Constituyente, pudiendo incluso optar por no avanzar sobre determinados puntos”, explicó, destacando que el alcance final de la reforma dependerá del cuerpo que resulte electo por la ciudadanía.

Este aspecto, según el jurista, refuerza la legitimidad democrática del proceso, en tanto serán los convencionales —elegidos por el voto popular— quienes definan el contenido y los límites de cualquier modificación constitucional.

Un proceso en marcha y sin retorno

Las definiciones de Sabsay llegan en un momento clave para la política fueguina, atravesada por una puja institucional entre quienes impulsan la continuidad del proceso de reforma y aquellos que buscan frenarlo mediante herramientas legislativas.

En ese marco, la opinión del presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional adquiere especial relevancia. No solo por su trayectoria, sino porque introduce un argumento jurídico de peso: el proceso ya fue activado, se encuentra en curso y, en esta instancia, no admite interrupciones.

Así, una de las voces más autorizadas del derecho constitucional argentino deja sentada una posición clara: la reforma en Tierra del Fuego no solo es válida, sino que forma parte de un proceso institucional en marcha que debe resolverse en las urnas y en el seno de la Convención Constituyente.